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| Miguel Ángel Cámara, en unas jornadas de movilidad sostenible. | Sergio Enríquez-Nistal |
Agencias | Murcia
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha citado al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara Botía, para que preste declaración el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, como imputado en el denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
El pasado 9 de abril el alcalde de Murcia, del Partido Popular, defendió que en el Ayuntamiento de Murcia "se actúa siempre desde la legalidad, con la legalidad y por el interés general".
Cámara hizo estas declaraciones ante la información aparecida en el diario 'La Opinión', que apuntaba que el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia tenía previsto imputarle en el denominado caso 'Umbra', tal como finalmente ha ocurrido.
Esta operación comenzó en octubre de 2010, e investiga diversos convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia, como el desarrollo del complejo Nueva Condomina, el Casino del municipio y otros promovidos por distintas empresas de construcción en la citada zona norte.
El PP murciano ha salido en defensa de Cámara, expresando en una nota su "plena confianza" en su gestión. "Como siempre, el PP expresa su respeto a la Justicia y muestra su plena transparencia y colaboración con todas las instancias judiciales y los principios consagrados por la Constitución Española", concluye la nota.
La concejal portavoz del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, también ha querido apoyar a su alcalde y ha defendido la legalidad de los convenios urbanísticos investigados en esta operación, añadiendo que, en lo referente a la legalidad de los convenios de la zona norte de la ciudad, "fue investigada y avalada en su día por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el análisis riguroso del Tribunal de Cuentas
Operación Umbra
La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.
En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.
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