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El magistrado instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 37.000 euros al ex viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso penal.
Así se expone en una providencia, en la que el instructor da por interpuesto un recurso de apelación presentado por la defensa de Clemente contra el auto que rechazó la impugnación contra la imposición de la citada fianza.
En los próximos días, la Sala de lo Civil y Penal deberá resolver si mantiene la fianza impuesta al ex viceconsejero de la Comunidad de Madrid.
El pasado mes de enero, las fiscales adscritas al caso aseguraron en un auto que "concurren bastantes indicios de la percepción de dádivas por parte de Carlos Clemente Aguado durante el tiempo que ocupó los cargos de director general de Inmigración y de viceconsejero en este área de la Comunidad de Madrid". De este modo, Anticorrupción argumentó que "la fuente principal de tales indicios", que se corroboran con la declaración de la imputada Isabel Jordán, son "los archivos informáticos intervenidos en una memoria externa que recoge fundamentalmente los ingresos y gastos opacos del grupo de sociedades y personas investigadas en este procedimiento". Así, en los apuntes de la contabilidad B de la trama corrupta figuran dos pagos a Clemente, con fecha 17 de mayo de 2006 y 11 de julio de 2006, de 10.000 euros y 3.600 euros respectivamente. Por ello, concluyen que "la percepción de dádivas se vería confirmada por dichos apuntes", lo que implicaría la comisión de un delito de cohecho tipificado en el artículo 422 del Código Penal.
Asimismo, agrega que constan numerosos contratos celebrados entre la Consejería de Inmigración y las sociedades del entorno de Francisco Correa adolecían de irregularidades, según consta en diversos informes que obran en la causa.
"En particular, se fraccionaban los contratos con el fin de evitar procedimientos de concurso o negociado", apuntan las fiscales, que indican que ello deriva en la comisión de un delito de cohecho del artículo 429 del Código Penal.
Así se expone en una providencia, en la que el instructor da por interpuesto un recurso de apelación presentado por la defensa de Clemente contra el auto que rechazó la impugnación contra la imposición de la citada fianza.
En los próximos días, la Sala de lo Civil y Penal deberá resolver si mantiene la fianza impuesta al ex viceconsejero de la Comunidad de Madrid.
El pasado mes de enero, las fiscales adscritas al caso aseguraron en un auto que "concurren bastantes indicios de la percepción de dádivas por parte de Carlos Clemente Aguado durante el tiempo que ocupó los cargos de director general de Inmigración y de viceconsejero en este área de la Comunidad de Madrid". De este modo, Anticorrupción argumentó que "la fuente principal de tales indicios", que se corroboran con la declaración de la imputada Isabel Jordán, son "los archivos informáticos intervenidos en una memoria externa que recoge fundamentalmente los ingresos y gastos opacos del grupo de sociedades y personas investigadas en este procedimiento". Así, en los apuntes de la contabilidad B de la trama corrupta figuran dos pagos a Clemente, con fecha 17 de mayo de 2006 y 11 de julio de 2006, de 10.000 euros y 3.600 euros respectivamente. Por ello, concluyen que "la percepción de dádivas se vería confirmada por dichos apuntes", lo que implicaría la comisión de un delito de cohecho tipificado en el artículo 422 del Código Penal.
Asimismo, agrega que constan numerosos contratos celebrados entre la Consejería de Inmigración y las sociedades del entorno de Francisco Correa adolecían de irregularidades, según consta en diversos informes que obran en la causa.
"En particular, se fraccionaban los contratos con el fin de evitar procedimientos de concurso o negociado", apuntan las fiscales, que indican que ello deriva en la comisión de un delito de cohecho del artículo 429 del Código Penal.
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