Se reanuda en Málaga el juicio contra el presidente del Sevilla
F. J. P. - Málaga
El interventor municipal de Marbella, Juan Antonio Castro, declaró ayer que "nunca jamás" pudo fiscalizar ni controlar el contenido de las minutas que el letrado y presidente del Sevilla, José María del Nido, pasó al cobro al Ayuntamiento entre los años 2001 y 2003.
En el juicio del llamado caso Minutas, que se ha reanudado esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Málaga, el funcionario ha asegurado que no conoció el contrato celebrado en 2001 y que supuestamente ligaba a Del Nido con la sociedad municipal Control de Servicios Sociales SL hasta cinco años más tarde, en 2006, cuando el Ayuntamiento de Marbella fue disuelto y el gobierno de la ciudad recayó en una comisión gestora.
Castro, que acudió como testigo propuesto por la Fiscalía, señaló sólo tuvo conocimiento de las minutas cuando fueron presentadas al cobro, momento en que puso reparos a su abono. También declaró que en ningún momento conoció el contenido de las minutas ni de los escritos que justificaban encargar a Del Nido representar a las sociedades municipales en el proceso de fiscalización que estaba llevando a cabo el Tribunal de Cuentas.
Según el fiscal anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo, en virtud del contrato, Del Nido cobró 155.130 euros por unas labores de fiscalización de las empresas municipales marbellíes que no entraban dentro de su competencia. Del Nido. En ese contrato de arrendamiento de servicios, redactado con normas de derecho privado cuando vinculaba a una sociedad pública, se fijaba, además, una remuneración mensual por sus servicios de 48.080 euros. Esta cantidad, según el fiscal, es "claramente abusiva e injustificada".
Antes de celebrarse ese contrato, el fiscal señala que Del Nido percibió entre 1999 y 2001 un total de 2,16 millones de euros del erario público marbellí.
En el juicio del llamado caso Minutas, que se ha reanudado esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Málaga, el funcionario ha asegurado que no conoció el contrato celebrado en 2001 y que supuestamente ligaba a Del Nido con la sociedad municipal Control de Servicios Sociales SL hasta cinco años más tarde, en 2006, cuando el Ayuntamiento de Marbella fue disuelto y el gobierno de la ciudad recayó en una comisión gestora.
Castro, que acudió como testigo propuesto por la Fiscalía, señaló sólo tuvo conocimiento de las minutas cuando fueron presentadas al cobro, momento en que puso reparos a su abono. También declaró que en ningún momento conoció el contenido de las minutas ni de los escritos que justificaban encargar a Del Nido representar a las sociedades municipales en el proceso de fiscalización que estaba llevando a cabo el Tribunal de Cuentas.
Según el fiscal anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo, en virtud del contrato, Del Nido cobró 155.130 euros por unas labores de fiscalización de las empresas municipales marbellíes que no entraban dentro de su competencia. Del Nido. En ese contrato de arrendamiento de servicios, redactado con normas de derecho privado cuando vinculaba a una sociedad pública, se fijaba, además, una remuneración mensual por sus servicios de 48.080 euros. Esta cantidad, según el fiscal, es "claramente abusiva e injustificada".
Antes de celebrarse ese contrato, el fiscal señala que Del Nido percibió entre 1999 y 2001 un total de 2,16 millones de euros del erario público marbellí.
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