* Les acusan de realizar pagos irregulares al partido, entre otros delitos
* La Fiscalía les acusa de apropiación indebida, falsificación y estafa
* Sería una trama financiera formada por una treintena de empresas
* Josep Boque, Joan Albert López y Miguel Ángel Cortes, entre los imputados
* La Fiscalía les acusa de apropiación indebida, falsificación y estafa
* Sería una trama financiera formada por una treintena de empresas
* Josep Boque, Joan Albert López y Miguel Ángel Cortes, entre los imputados
Efe | Barcelona
El juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha citado como imputados a tres ex responsables de la Fundació Catalunya i Territori, vinculada a UDC, y a otras doce personas contra las que la Fiscalía presentó en julio una querella por supuestos pagos irregulares a Unió, entre otros delitos.
Según han informado fuentes judiciales, el juez ha acordado citar a declarar para los próximos días 15, 22 y 25 de octubre a los quince querellados, a quienes la Fiscalía acusa de los delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsificación y estafa.
Para el próximo 15 de octubre están previstas, entre otras, las declaraciones de tres dirigentes de la Fundació Catalunya i Territori: el presidente Josep Boque -ex director general de Consumo en los 90-, y los ex vocales Joan Albert López Sans y Miguel Angel Cortes.
Los días 22 y 25 de octubre próximos declararán los empresarios imputados, entre ellos el administrador de Copisa José Cornado, así como el ex gerente de UDC Josep Maria Núñez.
La Fiscalía destapó en su querella una trama financiera integrada por una treintena de empresas con poca actividad que orbitaba alrededor del grupo empresarial IMS y de la Fundació Catalunya i Territori y que supuestamente se habría hecho cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a UDC.
Según la querella, mediante facturas ficticias y préstamos no documentados la Fundació Catalunya i Territori habría desviado 1,78 millones de euros hacia el grupo empresarial IMS, desde donde el dinero volvía salir en efectivo, sin que se haya podido averiguar cuál era su destino final, según el ministerio público.
El fiscal apunta en su querella que la formación democristiana podría ser "beneficiaria a título lucrativo" del entramado de empresas vinculado a IMS, dado que presuntamente pagaron algunas "obligaciones contraídas" por UDC.
La querella de la Fiscalía denuncia, además, que el grupo IMS solicitó un crédito del Institut Català de Finances (ICF) de un millón de euros, que no se destinó a los fines inicialmente declarados, y los responsables del entramado empresarial presentaron facturas falsas libradas por empresas vinculadas a ellos mismos para dar apariencia de que el destino de los fondos era correcto.
La Fundación Catalunya i Territori, según la querella, mantenía relaciones de negocio con UDC ya que cinco de sus locales -en Tàrrega (Lleida), Lleida capital y Tarragona- estaban alquilados a este partido, aunque desde el año 2005 la propietaria no percibió ninguna cantidad del partido para el pago de los alquileres.
Según han informado fuentes judiciales, el juez ha acordado citar a declarar para los próximos días 15, 22 y 25 de octubre a los quince querellados, a quienes la Fiscalía acusa de los delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsificación y estafa.
Para el próximo 15 de octubre están previstas, entre otras, las declaraciones de tres dirigentes de la Fundació Catalunya i Territori: el presidente Josep Boque -ex director general de Consumo en los 90-, y los ex vocales Joan Albert López Sans y Miguel Angel Cortes.
Los días 22 y 25 de octubre próximos declararán los empresarios imputados, entre ellos el administrador de Copisa José Cornado, así como el ex gerente de UDC Josep Maria Núñez.
La Fiscalía destapó en su querella una trama financiera integrada por una treintena de empresas con poca actividad que orbitaba alrededor del grupo empresarial IMS y de la Fundació Catalunya i Territori y que supuestamente se habría hecho cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a UDC.
Según la querella, mediante facturas ficticias y préstamos no documentados la Fundació Catalunya i Territori habría desviado 1,78 millones de euros hacia el grupo empresarial IMS, desde donde el dinero volvía salir en efectivo, sin que se haya podido averiguar cuál era su destino final, según el ministerio público.
El fiscal apunta en su querella que la formación democristiana podría ser "beneficiaria a título lucrativo" del entramado de empresas vinculado a IMS, dado que presuntamente pagaron algunas "obligaciones contraídas" por UDC.
La querella de la Fiscalía denuncia, además, que el grupo IMS solicitó un crédito del Institut Català de Finances (ICF) de un millón de euros, que no se destinó a los fines inicialmente declarados, y los responsables del entramado empresarial presentaron facturas falsas libradas por empresas vinculadas a ellos mismos para dar apariencia de que el destino de los fondos era correcto.
La Fundación Catalunya i Territori, según la querella, mantenía relaciones de negocio con UDC ya que cinco de sus locales -en Tàrrega (Lleida), Lleida capital y Tarragona- estaban alquilados a este partido, aunque desde el año 2005 la propietaria no percibió ninguna cantidad del partido para el pago de los alquileres.
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