domingo, 26 de septiembre de 2010

QUIÉN ES QUIÉN EN "MALAYA"

TRIBUNALES | El macrojuicio
 
Marta Sánchez Esparza | Málaga

Como una bola de nieve, la investigación seguida por el juez Miguel Ángel Torres, y completada más tarde por Óscar Pérez, fue creciendo en hechos delictivos y personas imputadas. Los investigados desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella llegaron a superar el centenar. Finalmente, sólo 95 de esas personas se sentarán este lunes en el banquillo.

Juan Antonio Roca. El presunto cerebro de la trama. En prisión desde marzo de 2006, la Fiscalía le considera un gran mediador entre ediles y empresarios, cobrando sobornos de estos últimos para pagar favores urbanísticos de los primeros. Amasó una inmensa fortuna, que canalizó a través de fincas, ganaderías, yeguadas, obras de arte y artículos de lujo. La Fiscalía ha solicitado para Roca penas que suman 30 años de prisión, y multas que ascienden a 810,78 millones de euros por delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el ámbito de una organización, prevaricación administrativa y malversación, fraude y cohecho pasivo. El Ministerio Público pide para Roca además 59 años de inhabilitación.

Julián Muñoz. El ex alcalde de Marbella permaneció en prisión provisional más de dos años tras su detención en julio de 2006. La Fiscalía le acusa de prevaricación administrativa, malversación de caudales y cohecho pasivo, y pide para él 10 años de cárcel y 23 de inhabilitación.

Marisol Yagüe. Llegó a la Alcaldía de Marbella en agosto de 2003 tras la moción de censura contra Julián Muñoz. El fiscal la considera una "marioneta" de Juan Antonio Roca, y la acusa de prevaricación, malversación, fraude y cohecho. Después de pasar seis meses en la cárcel de Alhaurín de la Torre, ahora regenta un tablao flamenco. Piden para ella 20 años de cárcel, 37 años de inhabilitación y otros cinco de inhabilitación para subastas públicas, además del pago de multas por valor de casi cuatro millones de euros.

Isabel García Marcos. Antaño azote del Grupo Independiente Liberal (GIL) desde las filas del PSOE, tomó parte, junto a Marisol Yagüe y el prófugo Carlos Fernández, en agosto de 2003 de la moción de censura contra Julián Muñoz y se convirtió en primer teniente de alcalde. Tras su detención pasó seis meses en la cárcel, y al salir se incorporó a su plaza como inspectora del SAS. Se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión, 23 de inhabilitación y al pago de 700.000 euros en multas por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales, cohecho pasivo y alteración de precios en concursos públicos.

Pedro Román. Detenido en mayo de 2007, el ex primer teniente de alcalde de Jesús Gil está acusado de blanqueo de capitales y de varios delitos contra la Hacienda Pública en la operación 'Crucero Banús'. El fiscal pide para él varias penas que suman 21 años de cárcel, indemnizaciones a Hacienda de casi 6 millones de euros y multas de casi 14,4 millones de euros.

José Ávila Rojas. Este constructor granadino se enfrenta a la petición fiscal de 10 años de cárcel y 55 millones en multas por cohecho activo y blanqueo de capitales. La Fiscalía le acusa de ser socio de facto de Juan Antonio Roca y de beneficiarse de ello en convenios urbanísticos como el de Naviro Inmobiliaria 2000.

Tomás Olivo. Para el propietario de La Cañada el fiscal pide 5 años de cárcel y cuatro millones de multa por cohecho activo.

Rafael Gómez 'Sandokán'. El empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez 'Sandokán', deberá enfrentarse a una acusación de cohecho activo, por la que la Fiscalía solicita para él 18 meses de prisión y 1,2 millones en multas. Propietario de la inmobiliaria Arenal 2000, la Fiscalía lo acusa de efectuar pagos a Roca de hasta 600.500 euros a cambio de favores urbanísticos.

Salvador Gardoqui. Contable de Roca. En sus anotaciones se ha basado la Policía para la investigación.

Óscar Benavente. Testaferro de Roca. Fiscalía pide dos años de prisión por falsedad.

Monserrat Corulla. Es la cara más conocida de entre los numerosos testaferros que colaboraban con Juan Antonio Roca. La Fiscalía solicita para ella cuatro años de prisión y 100 millones de euros en multas por blanqueo de capitales en el seno de una organización. A su nombre figuraban inmuebles y numerosas propiedades del presunto cerebro de 'Malaya'.

Juan Germán Hoffman. La Fiscalía pide para este abogado 103 millones en multas y diez años de cárcel por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Francisco Soriano. Abogado de Roca y responsable del despacho de abogados 'Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor', bufete dedicado a gestionar la maraña de sociedades creada por para canalizar los ingresos de Roca. El fiscal lo acusa de blanqueo de capitales en una organización y de falsedad documental, y pide para él 7 años de prisión y multas por más de 300 millones.

Alexandra Grafin Von Bismark. La condesa está acusada de blanqueo a raíz de la venta de unos terrenos en Nagüeles. Piden para ella dos años de cárcel y multa de 400.000 euros.

José María González de Caldas. Empresario y ex presidente del Sevilla F.C., fue detenido en la tercera fase de 'Malaya'. Junto a Miguel López Benjumea está acusado de cohecho activo, y el fiscal pide para cada uno dos años de cárcel y 120.000 euros.

Leopoldo Barrantes. El ex secretario municipal está acusado de emitir certificados favorables a licencias ilegales a cambio del dinero de los constructores, pagado a través de Roca. El fiscal cree que participó en las negociaciones para apaciguar al empresario Ismael Pérez Peña por el impago del renting municipal. Solicita para él 3 años de cárcel y 50.000 euros de multa por cohecho pasivo.

Jaime Hachuel. Ex responsable de seguridad de la Casa Real, se encargaba de la seguridad de Roca. Acusado de blanqueo, se piden para él tres años de cárcel y 100 millones de multa.

Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp. Empresarios ganaderos -el primero apoderado de Fran Rivera- están acusados de blanqueo.

Jean Leopold Alfred Fournets. Galerista francés y marchante de arte de Roca, la Fiscalía pide para él cuatro años de prisión y 20 millones de multa por blanqueo.

Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Propietarios de CCF 21 Negocios Inmobiliarios, la Fiscalía los acusa de cohecho activo, blanqueo y de ser cooperadores en dos delitos de malversación.

Fidel San Román. Constructor acusado de abonar a Roca más de 4 millones por licencias. Se le acusa de cohecho y blanqueo.

Jesús Ruiz Casado. Responsable de la promotora Aifos. Acusado de cohecho activo y fraude, piden para él seis años de cárcel y 8 millones en multas.

Ismael Pérez Peña. Empresario encargado del renting municipal. Acusado de cohecho, malversación, alteración de precio de concursos y subastas y falsedad documental. Piden para él 11 años de cárcel, casi 1,5 millones en multas, 11 años de inhabilitación y 5 de inhabilitación para participar en subastas y contratar con administraciones.

Florencio San Agapito. Ex comisario de Policía. Acusado de blanqueo y delito contra la Hacienda Pública, el fiscal pide para él 9 años de cárcel, más de 4 millones en multas, y una indemnización de 351.001 euros a Hacienda.

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