ARCADIO SILVOSA - Lugo
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, volvió ayer a la carga en el caso que ha abierto por supuestas corruptelas en administraciones locales de la provincia. Una semana después de coordinar la espectacular actuación policial de Castro de Rei, ayer le tocó el turno a la Diputación de Lugo. La instructora trasladó hasta el juzgado, tras pasar previamente por la comisaría de policía, a la vicepresidenta segunda de esta institución, la socialista Lara Méndez, y a dos funcionarios, para colaborar en las diligencias abiertas por la magistrada que indaga sobre un supuesto caso de adjudicación irregular de obras. Al final todos acabaron en libertad, sin cargos y sin fianza, y con la única obligación de comparecer ante la jueza en las diligencias que se practiquen.
La dirigente socialista declaró sobre el contrato de un peón-conserje
La operación parte de las escuchas practicadas en Castro de Rei
Antes, la titular del juzgado, acompañada por agentes de la policía judicial, participó en un registro en el complejo de Santa María, una subsede que alberga varias dependencias de la Diputación Provincial. Allí se encuentra el Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes), que depende de la Diputación y cuya responsabilidad política recae sobre la propia Lara Méndez, además de los departamentos de Vías y Obras y Ganadería.
La operación en la institución provincial parte de las mismas escuchas telefónicas efectuadas al alcalde del municipio de Castro de Rei, el también socialista y diputado provincial, Juan José Díaz Valiño, y que motivaron la actuación judicial en este ayuntamiento. Fuentes próximas a la investigación confirmaron que la actuación de ayer es parte de las mismas diligencias ordenadas por la juez San José.
Hace una semana fueron detenidos el alcalde y tres concejales del equipo de gobierno de Castro de Rei para responder por un presunto caso de tráfico de influencias en la adjudicación de obras. También en este caso el regidor y los ediles quedaron en libertad y sin fianza, a la espera de que se pronuncie el ministerio fiscal.
Uno de los funcionarios detenido ayer, que está de baja, declaró por la mañana. Por la tarde fueron trasladadas en un furgón policial hasta el juzgado una técnico de empleo local y la propia vicepresidenta segunda de la Diputación, Lara Méndez, quien apenas estuvo durante 15 minutos ante la jueza. El interrogatorio tuvo como objeto la contratación de un peón-conserje de obras en la Diputación de Lugo.
Tanto la vicepresidenta como la funcionaria permanecieron aisladas en la comisaría de policía desde las 10.00 horas, hasta que concluyó el registro, momento en el que la jueza les pidió que la acompañaran, si bien matizó que no lo hacían en calidad de detenidas, sino para aclarar aspectos sobre la documentación intervenida.
Cuando la policía accedió al complejo de Santa María, sobre las 14.00 horas, ordenó al centenar de funcionarios que trabajan en estas dependencias que no salieran hasta que hubiera concluido su jornada laboral y que luego podrían hacerlo dejando los ordenadores encendidos.
Desde ese momento y hasta minutos antes de las 18.00 horas, la jueza se incautó de tres cajas de documentación vinculadas a proyectos de conservación de carreteras que parten de 2006, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta y alcanzan el ejercicio de 2008, cuando el actual bipartito gobernaba ya la institución. Fuentes próximas al juzgado aseguran que la documentación alude a la práctica totalidad de ayuntamientos de la costa y la comarca centro de la provincia.Además, la jueza también se llevó un listado completo de todos los capataces provinciales.
elpaís.com
La dirigente socialista declaró sobre el contrato de un peón-conserje
La operación parte de las escuchas practicadas en Castro de Rei
Antes, la titular del juzgado, acompañada por agentes de la policía judicial, participó en un registro en el complejo de Santa María, una subsede que alberga varias dependencias de la Diputación Provincial. Allí se encuentra el Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes), que depende de la Diputación y cuya responsabilidad política recae sobre la propia Lara Méndez, además de los departamentos de Vías y Obras y Ganadería.
La operación en la institución provincial parte de las mismas escuchas telefónicas efectuadas al alcalde del municipio de Castro de Rei, el también socialista y diputado provincial, Juan José Díaz Valiño, y que motivaron la actuación judicial en este ayuntamiento. Fuentes próximas a la investigación confirmaron que la actuación de ayer es parte de las mismas diligencias ordenadas por la juez San José.
Hace una semana fueron detenidos el alcalde y tres concejales del equipo de gobierno de Castro de Rei para responder por un presunto caso de tráfico de influencias en la adjudicación de obras. También en este caso el regidor y los ediles quedaron en libertad y sin fianza, a la espera de que se pronuncie el ministerio fiscal.
Uno de los funcionarios detenido ayer, que está de baja, declaró por la mañana. Por la tarde fueron trasladadas en un furgón policial hasta el juzgado una técnico de empleo local y la propia vicepresidenta segunda de la Diputación, Lara Méndez, quien apenas estuvo durante 15 minutos ante la jueza. El interrogatorio tuvo como objeto la contratación de un peón-conserje de obras en la Diputación de Lugo.
Tanto la vicepresidenta como la funcionaria permanecieron aisladas en la comisaría de policía desde las 10.00 horas, hasta que concluyó el registro, momento en el que la jueza les pidió que la acompañaran, si bien matizó que no lo hacían en calidad de detenidas, sino para aclarar aspectos sobre la documentación intervenida.
Cuando la policía accedió al complejo de Santa María, sobre las 14.00 horas, ordenó al centenar de funcionarios que trabajan en estas dependencias que no salieran hasta que hubiera concluido su jornada laboral y que luego podrían hacerlo dejando los ordenadores encendidos.
Desde ese momento y hasta minutos antes de las 18.00 horas, la jueza se incautó de tres cajas de documentación vinculadas a proyectos de conservación de carreteras que parten de 2006, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta y alcanzan el ejercicio de 2008, cuando el actual bipartito gobernaba ya la institución. Fuentes próximas al juzgado aseguran que la documentación alude a la práctica totalidad de ayuntamientos de la costa y la comarca centro de la provincia.Además, la jueza también se llevó un listado completo de todos los capataces provinciales.
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