* El último en declarar ha sido el ex asesor de Monteseirín Enrique Castaño
Sebastián Torres / María Rionegro | Sevilla
Todos los miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla que aprobaron la adjudicación de los terrenos del mercado a Sanma Desarrollos Urbanísticos -filial de Sando Inmobiliaria- han declarado ya ante la Policía Judicial. El último en hacerlo ha sido Domingo Enrique Castaño, el ex asesor del alcalde Monteseirín que era miembro de la comisión ejecutiva de Mercasevilla y que ha acabado en el organigrama de Sando. Castaño compareció el martes.
Antes que Castaño prestó declaración, hace unos días, el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo y antes que éste compareció ante la Policía Judicial el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), hace unas dos semanas.
Fuentes del caso han confirmado a elmundo.es que, además de estos tres políticos, los agentes han tomado declaración al interventor del Ayuntamiento de Sevilla, José Miguel Braojos, y al secretario municipal por aquellas fechas, febrero de 2006, Venancio Gutiérrez-Colomina, hoy secretario municipal en Málaga capital.
Además, según las mismas fuentes, el jefe de la Unidad de Policía Judicial Adscrita a los Juzgados se ha desplazado a Madrid a tomar declaración a los dos representantes de Mercasa en la comisión ejecutiva: Ángel Gil Pascual y Arturo Cortés de la Cruz.
Quién puso las cláusulas
La Policía Judicial se está centrando en desvelar quién ordenó incluir las cláusulas que favorecieron a Sanma y que, según ha admitido ante la juez José Antonio Ripollés, uno de los imputados, resultaron determinantes para que esta empresa ganase el concurso.
De las declaraciones se desprende que la reunión de la comisión ejecutiva del 15 de febrero de 2006, en la que se acordó adjudicar a Sanma la opción de compra de los suelos, se desarrolló en armonía y prácticamente sin preguntas.
Fuentes del caso han indicado también que la titular del juzgado de Instrucción 6, Mercedes Alaya, tiene previsto citar a declarar a todos los miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla que participaron en la reunión en la que se adjudicó a Sanma, filial de Sando, la opción de compra sobre los terrenos. La juez ha calificado de "ilegal" y "fraudulento" el concurso, al entender que debió haberse adjudicado el suelo al grupo Noga, de Inmobiliaria Osuna, que ofreció más dinero y, según la instructora del caso, también mejores compensaciones sociales.
La comisión ejecutiva era el órgano contratante del concurso. A aquella reunión del 15 de febrero de 2006 asistieron también el director general de Mercasevilla, Fernando Mellet; el asesor legal, Jorge Piñero, y los técnicos que redactaron el informe de adjudicación, José Antonio Ripollés y María Victoria Bustamante. Todos ellos están imputados por supuestas prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude y exacción ilegales y delito societario.
Monteseirín: 'Yo no sabía...'
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, dijo el martes que "no hay ningún tipo de responsabilidad política" en el 'caso Mercasevilla', pues en ese proceso "no se advirtió de nada ilegal".
En concreto, afirmó que "no hay ningún tipo de responsabilidad política, ni de lejos", en esas presuntas irregularidades, aunque si la Justicia "en sentencia firme dice otra cosa, tendré que actuar en consecuencia".
Respecto a la adjudicación "fraudulenta" del derecho de compra de los terrenos de Mercasevilla que favoreció a Sando, el alcalde precisó que los juristas hicieron un pliego de condiciones del concurso e "informaron en su interpretación de que cumplía la Ley".
elmundo.es
Antes que Castaño prestó declaración, hace unos días, el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo y antes que éste compareció ante la Policía Judicial el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), hace unas dos semanas.
Fuentes del caso han confirmado a elmundo.es que, además de estos tres políticos, los agentes han tomado declaración al interventor del Ayuntamiento de Sevilla, José Miguel Braojos, y al secretario municipal por aquellas fechas, febrero de 2006, Venancio Gutiérrez-Colomina, hoy secretario municipal en Málaga capital.
Además, según las mismas fuentes, el jefe de la Unidad de Policía Judicial Adscrita a los Juzgados se ha desplazado a Madrid a tomar declaración a los dos representantes de Mercasa en la comisión ejecutiva: Ángel Gil Pascual y Arturo Cortés de la Cruz.
Quién puso las cláusulas
La Policía Judicial se está centrando en desvelar quién ordenó incluir las cláusulas que favorecieron a Sanma y que, según ha admitido ante la juez José Antonio Ripollés, uno de los imputados, resultaron determinantes para que esta empresa ganase el concurso.
De las declaraciones se desprende que la reunión de la comisión ejecutiva del 15 de febrero de 2006, en la que se acordó adjudicar a Sanma la opción de compra de los suelos, se desarrolló en armonía y prácticamente sin preguntas.
Fuentes del caso han indicado también que la titular del juzgado de Instrucción 6, Mercedes Alaya, tiene previsto citar a declarar a todos los miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla que participaron en la reunión en la que se adjudicó a Sanma, filial de Sando, la opción de compra sobre los terrenos. La juez ha calificado de "ilegal" y "fraudulento" el concurso, al entender que debió haberse adjudicado el suelo al grupo Noga, de Inmobiliaria Osuna, que ofreció más dinero y, según la instructora del caso, también mejores compensaciones sociales.
La comisión ejecutiva era el órgano contratante del concurso. A aquella reunión del 15 de febrero de 2006 asistieron también el director general de Mercasevilla, Fernando Mellet; el asesor legal, Jorge Piñero, y los técnicos que redactaron el informe de adjudicación, José Antonio Ripollés y María Victoria Bustamante. Todos ellos están imputados por supuestas prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude y exacción ilegales y delito societario.
Monteseirín: 'Yo no sabía...'
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, dijo el martes que "no hay ningún tipo de responsabilidad política" en el 'caso Mercasevilla', pues en ese proceso "no se advirtió de nada ilegal".
En concreto, afirmó que "no hay ningún tipo de responsabilidad política, ni de lejos", en esas presuntas irregularidades, aunque si la Justicia "en sentencia firme dice otra cosa, tendré que actuar en consecuencia".
Respecto a la adjudicación "fraudulenta" del derecho de compra de los terrenos de Mercasevilla que favoreció a Sando, el alcalde precisó que los juristas hicieron un pliego de condiciones del concurso e "informaron en su interpretación de que cumplía la Ley".
elmundo.es
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