miércoles, 7 de noviembre de 2012

"CASO COOPERACIÓN"; EL TSJ IMPUTA A OTRAS TRES PERSONAS POR EL DESVÍO DE FONDOS DE COOPERACIÓN



Están acusadas de cobros por trabajos no realizados o facturados por encima de su valor

EFE Valencia

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Caso ayudas cooperación
Corrupción política

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que investiga el supuesto desvío de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación internacional ha imputado a otras tres personas, lo que eleva a 31 el número de supuestos implicados.

Según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, la juez ha citado para declarar como imputadas el próximo día 29 a María Josefa Cervera y Adela Rodríguez por el cobro de facturas a cargo de subvenciones concedidas a la Fundación Cyes que podrían corresponder a trabajos no realizados o facturados por encima de su valor real.

La tercera, Rosa María Castelo, ha sido citada como imputada para el próximo 3 de diciembre, también por el cobro de facturas a cargo de subvenciones, en esta ocasión emitidas por las empresas Beconsa y APB arquitectura.

Ese mismo día también ha sido llamado a declarar Rafael Joaquín Blasco Segura, que ya estaba imputado por el cobro de facturas a través de la empresa farmacéutica Desfa.

Con las tres nuevas citaciones, el número total de imputados en esta causa, conocida como caso Cooperación, asciende a 31, uno de los cuales se encuentra en prisión, Augusto César Tauroni.

Por otra parte la instructora ha citado a 11 personas para declarar como testigos, que comparecerán en diferentes sesiones programadas entre el 4 y el 13 de diciembre.

La investigación de este supuesto fraude fue asumida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el pasado 5 de septiembre al afectar a un aforado, el exconsejero de Solidaridad y diputado autonómico del PP, Rafael Blasco.

La acción judicial se centra en el supuesto desvío de las cantidades concedidas a determinadas ONG mediante facturas hinchadas para justificar el dinero recibido.

Entre los afectados por la supuesta malversación se encuentran diferentes proyectos en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, El Salvador, Haití y Nicaragua.

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