Mandos policiales
* Un inspector ha citado a EL MUNDO como fuente de información
* Un inspector ha citado a EL MUNDO como fuente de información
José Carlos Villanueva | Málaga
Las hemerotecas fueron pieza clave para los investigadores policiales del llamado caso 'Malaya' cuando en noviembre de 2005 el entonces juez titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, incoó las diligencias previas 4796/2005 y les encomendó investigar a la organización liderada por el principal acusado, Juan Antonio Roca.
A preguntas del fiscal Juan Carlos López Caballero, adscrito a Anticorrupción, el inspector Marcos Romarís, antaño miembro de la Udyco Costa del Sol, sección Blanqueo de Capitales, ha declarado este lunes que tanto él como su compañero y jefe de grupo, José Manuel Rando, emplearon "informaciones periodísticas" para documentarse sobre dos testaferros de Roca. Se trataba de Oscar Benavente, mano derecha del ex asesor urbanístico municipal, así como del contable y abogado Salvador Gardoqui.
El inspector Romarís ha mencionado expresamente a EL MUNDO como fuente de información, concretando fechas de distintas informaciones de 2003 y 2005. Lo ha hecho a preguntas del abogado defensor de Oscar Benavente, José Antonio Choclán. Dicho letrado se ha reservado el derecho de citar, en calidad de testigo, al juez Torres tras asegurar el mando policial que el instructor les facilitó datos de hemerotecas, sin hacerlo constar por escrito en la causa, denuncia el jurista.
"Nos apuntaron la posibilidad de que ambos pudieran estar actuando como testaferros de Roca", ha señalado el responsable policial. En el caso concreto de Benavente, Romarís ha aludido a que "aparecían anotaciones de él a nivel nacional en medios de comunicación de prestigio".
"¿Le consta que en esos medios se aludía ya a esos señores [Benavente y Gardoqui] como presuntos testaferros de Roca?", ha preguntado el fiscal. La respuesta del inspector ha sido clara y contundente: "Sí, no sólo se les nombraba, sino que se aportaban todo tipo de datos que fueron utilizados en la investigación policial".
De hecho, tal y como ha reconocido Marcos Romarís, el propio juez instructor les aportó información sobre los procedimientos penales en los que estaba inmerso Salvador Gardoqui.
EL MUNDO dio a conocer el 21 de abril de 2003 el nombre y la fotografía de Salvador Gardoqui como testaferro y contable de Roca, a través de la empresa Maras Asesores S.L.. En la sede de dicha mercantil se incautó, tres años después, la llamada 'caja B' del ex asesor urbanístico.
En la contabilidad de Maras aparecieron reflejados los presuntos sobornos que recibía Roca de empresarios y promotores, hoy acusados y en el banquillo, así como los supuestos pagos a terceros, entre ellos la entonces alcaldesa Yagüe y concejales. Todo en el marco de la agilización de operaciones urbanísticas.
A preguntas del fiscal Juan Carlos López Caballero, adscrito a Anticorrupción, el inspector Marcos Romarís, antaño miembro de la Udyco Costa del Sol, sección Blanqueo de Capitales, ha declarado este lunes que tanto él como su compañero y jefe de grupo, José Manuel Rando, emplearon "informaciones periodísticas" para documentarse sobre dos testaferros de Roca. Se trataba de Oscar Benavente, mano derecha del ex asesor urbanístico municipal, así como del contable y abogado Salvador Gardoqui.
El inspector Romarís ha mencionado expresamente a EL MUNDO como fuente de información, concretando fechas de distintas informaciones de 2003 y 2005. Lo ha hecho a preguntas del abogado defensor de Oscar Benavente, José Antonio Choclán. Dicho letrado se ha reservado el derecho de citar, en calidad de testigo, al juez Torres tras asegurar el mando policial que el instructor les facilitó datos de hemerotecas, sin hacerlo constar por escrito en la causa, denuncia el jurista.
"Nos apuntaron la posibilidad de que ambos pudieran estar actuando como testaferros de Roca", ha señalado el responsable policial. En el caso concreto de Benavente, Romarís ha aludido a que "aparecían anotaciones de él a nivel nacional en medios de comunicación de prestigio".
"¿Le consta que en esos medios se aludía ya a esos señores [Benavente y Gardoqui] como presuntos testaferros de Roca?", ha preguntado el fiscal. La respuesta del inspector ha sido clara y contundente: "Sí, no sólo se les nombraba, sino que se aportaban todo tipo de datos que fueron utilizados en la investigación policial".
De hecho, tal y como ha reconocido Marcos Romarís, el propio juez instructor les aportó información sobre los procedimientos penales en los que estaba inmerso Salvador Gardoqui.
EL MUNDO dio a conocer el 21 de abril de 2003 el nombre y la fotografía de Salvador Gardoqui como testaferro y contable de Roca, a través de la empresa Maras Asesores S.L.. En la sede de dicha mercantil se incautó, tres años después, la llamada 'caja B' del ex asesor urbanístico.
En la contabilidad de Maras aparecieron reflejados los presuntos sobornos que recibía Roca de empresarios y promotores, hoy acusados y en el banquillo, así como los supuestos pagos a terceros, entre ellos la entonces alcaldesa Yagüe y concejales. Todo en el marco de la agilización de operaciones urbanísticas.
Caso 'helipuerto'
Este periódico también destapó en aquellas fechas la adjudicación irregular, por parte del ex alcalde Julián Muñoz, a la empresa Helioponto Marbella S.L. de una concesión para la instalación de un helipuerto. Dicha mercantil estaba administrada por Gardoqui.
Gardoqui, al igual que Muñoz y otros ediles del GIL resultó imputado en el llamado 'caso helipuerto', que recayó en el juez Torres tras interponer una denuncia la entonces portavoz del PSOE Isabel García Marcos, quien basó su escrito en lo publicado por este diario.
En el marco de aquella investigación periodística, utilizada en sus pesquisas por la Udyco, así como por la Udef, también se desveló el papel que desempeñaba el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, a la hora de constituir sociedades que ocultaran el inmenso patrimonio amasado por Juan Antonio Roca.
El letrado municipal también ha preguntado al inspector Romarís si Roca se protegió con "mandos policiales" para conocer datos de las investigaciones, a raíz de hallarse nombres de varios comisarios entre sus anotaciones. El declarante ha sido parco en palabras: "Yo de eso no le puedo decir, todo se remitió al juez instructor", ha zanjado.
No obstante, Romarís, al igual que su compañero Rando, inspector jefe de Udyco, acabó abandonando el caso 'Malaya', tras recibir presiones de sus superiores para que les informara de las pesquisas. El juez Torres les había ordenado que sólo le dieran cuenta a él.
La dimisión de los dos inspectores, que acabaron destinados en la comisaría del distrito malagueño de El Palo, coincidió con la aparición de determinados nombres e iniciales de supuestos mandos policiales, como las del famoso J.A.G.. Dicho acrónimo apareció junto a la anotación de 200.000 euros que presuntamente recibió de Roca. Las diligencias judiciales para averiguar su identidad se archivaron finalmente.
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