La Audiencia Provincial
Europa Press | Palma
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma revisará este viernes, a partir de las 10.00 horas, el recurso de apelación que interpuso la ex presidenta del Consell y del Parlament contra la apertura de la pieza del caso Maquillaje en la que la Fiscalía solicita seis años de prisión contra ella y el ex vicepresidente de la Institución insular, Miquel Nadal, por desviar presuntamente 240.000 euros desde el Consell a la realización de un programa radiofónico a sabiendas de que nunca sería emitido.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que Munar, a través de su abogado Gabriel Garcías, recurrió el auto por el que fue incoado este fleco al haberle sido notificado de forma tardía, lo que le habría causado indefensión, tal y como alega en su escrito el letrado de la que fuera dirigente histórica de UM.
De hecho, el abogado ya impugnó el auto ante el juez instructor de la causa, Juan Ignacio Lope Sola, quien desestimó en primera instancia la petición de nulidad de las actuaciones. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 abrió esta pieza en el marco de un complejo procedimiento que investiga un presunto desvío de fondos públicos desde la administración supramunicipal a empresas audiovisuales afines a UM.
Una vez finalizada la instrucción de esta pieza, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau presentaron su escrito de acusación, en el que postulan que el destino final del plan urdido era beneficiar a sociedades próximas a destacados miembros de la formación nacionalista con la mediación de sus supuestos testaferros.
Así, el Ministerio Público sostiene que una vez que Munar y Nadal se hicieron con el control mayoritario de la productora Vídeo U. intervinieron de forma "arbitraria e ilegal" a fin de otorgarle fondos públicos "sin justificación ni motivo alguno". Así fue como la Institución tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones no llegó a difundirse.
En concreto, la acusación pública considera que estos hechos constituyen delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, de negociaciones prohibidas a funcionarios, de falsedad en documento oficial y de falsedad en documento mercantil. Junto a Munar y Nadal, también se encuentran acusados los presuntos testaferros de ambos en Vídeo U, Miquel Sard y Víctor García, los socios originarios de esta empresa, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullán, los administradores de Studio Media Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde, y la ex directora insular de Comunicación, Margarita Sotomayor.
Munar defendió en la declaración que prestó ante el juez instructor que si las subvenciones del programa se dieron "es porque se podían dar", ya que "otra cosa es que se haya hecho un mal uso de la subvención y nadie me advirtió de ilegalidad ni había ningún informe en contra, y si no hay informe, lo más normal es firmar". Además, negó haber adquirido el 25 por ciento de Vídeo U, una de las productoras a las que presuntamente el Consell desvío más de cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras Munar era máxima responsable de la Institución.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que Munar, a través de su abogado Gabriel Garcías, recurrió el auto por el que fue incoado este fleco al haberle sido notificado de forma tardía, lo que le habría causado indefensión, tal y como alega en su escrito el letrado de la que fuera dirigente histórica de UM.
De hecho, el abogado ya impugnó el auto ante el juez instructor de la causa, Juan Ignacio Lope Sola, quien desestimó en primera instancia la petición de nulidad de las actuaciones. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 abrió esta pieza en el marco de un complejo procedimiento que investiga un presunto desvío de fondos públicos desde la administración supramunicipal a empresas audiovisuales afines a UM.
Una vez finalizada la instrucción de esta pieza, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau presentaron su escrito de acusación, en el que postulan que el destino final del plan urdido era beneficiar a sociedades próximas a destacados miembros de la formación nacionalista con la mediación de sus supuestos testaferros.
Así, el Ministerio Público sostiene que una vez que Munar y Nadal se hicieron con el control mayoritario de la productora Vídeo U. intervinieron de forma "arbitraria e ilegal" a fin de otorgarle fondos públicos "sin justificación ni motivo alguno". Así fue como la Institución tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones no llegó a difundirse.
En concreto, la acusación pública considera que estos hechos constituyen delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, de negociaciones prohibidas a funcionarios, de falsedad en documento oficial y de falsedad en documento mercantil. Junto a Munar y Nadal, también se encuentran acusados los presuntos testaferros de ambos en Vídeo U, Miquel Sard y Víctor García, los socios originarios de esta empresa, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullán, los administradores de Studio Media Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde, y la ex directora insular de Comunicación, Margarita Sotomayor.
Munar defendió en la declaración que prestó ante el juez instructor que si las subvenciones del programa se dieron "es porque se podían dar", ya que "otra cosa es que se haya hecho un mal uso de la subvención y nadie me advirtió de ilegalidad ni había ningún informe en contra, y si no hay informe, lo más normal es firmar". Además, negó haber adquirido el 25 por ciento de Vídeo U, una de las productoras a las que presuntamente el Consell desvío más de cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras Munar era máxima responsable de la Institución.
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