lunes, 27 de junio de 2011

LA FISCALÍA INVESTIGA EL DESVÍO DE 3,6 MILLONES EN LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE CÁDIZ

11 imputados y 18 empresas implicadas

* El dinero se destinaba a reformas en los colegios que nunca se acometieron
* El PP pide la comparecencia de Álvarez de la Chica en el Parlamento
* El principal denunciado es el ex gerente del ente público ISE
* En el fraude, investigado por la Agencia Tributaria, ha8 18 empresas implicadas

Ana María Fopiani | Cádiz

La Fiscalía de Cádiz ha denunciado a 11 personas, entre ellas un alto funcionario, por un presunto delito de malversación de fondos públicos, que deberían de haberse dedicado a obras de reforma en colegios de la provincia gaditana y que nunca llegaron a ejecutarse.

Una investigación de la Agencia Tributaria ha destapado la presunta trama en la que el principal implicado es el ex gerente del ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) Fernando Ameyugo Catalán, que podría ser responsable de la malversación de más de 3,6 millones de euros de las arcas públicas.

La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha confirmado a ELMUNDO.es que "esta misma semana y la siguiente" comenzarán a prestar declaración los denunciados, además de atribuir todo el mérito a los efectivos de la Agencia Tributaria. Durante una inspección fiscal de distintas empresas de construcción, hasta 18 hay implicadas, los funcionarios comprobaron que las facturaciones no cuadraban y que, además, muchas de estas sociedades no contaban con la infraestructura necesaria para realizar los trabajos.

La propia Ayuso ha declarado que "era un poco insólito que algunas de estas empresas recibieran adjudicaciones para unas obras que no podían realizar, porque no tenían ni personal". Efectivamente, las obras, de reforma y reparación, nunca llegaron a realizarse en los centros educativos, aunque sí fueron abonadas por parte del ISE.

La denuncia de la Fiscalía recoge que todas las adjudicaciones fueron realizadas por el principal sospechoso entre los años 2006 y 2008, sin concurso previo, por lo que fueron otorgadas a dedo. La Agencia Tributaria reconoce que desde el propio ISE se justificó estas adjudicaciones por el carácter urgente de los trabajos en los centros educativos y la necesidad de realizarlos en un corto espacio de tiempo, antes del comienzo del curso escolar.

Sin embargo, los expertos fiscales consideran que la intención era saltarse los controles y contratar por debajo del presupuesto máximo que la Ley exige para sacar a concurso público estas contrataciones. El ex gerente dejó su cargo, tras ser destituido a mediados de 2010, fecha en la que ya estaba siendo investigado.

Junto a Fernando Ameyugo Catalán, ha sido también denunciado un matrimonio de la localidad gaditana de Rota, titulares de la empresa Contratas y Mantenimientos Pacheco SL. A esta firma, el ISE le habría adjudicado reparaciones de hasta 24 centros escolares de la provincia de Cádiz, pese a que sus responsables reconocen que no tienen personal para ejecutar estos trabajos, por lo que habrían tenido que subcontratar, lo que está prohibido por Ley en este tipo de contratos. Con esta irregularidad, la sociedad investigada habría eludido el pago de 969.590 por el Impuesto de Sociedades y 610.650 euros por cuotas del IVA.

La Fiscalía incluye en su denuncia a 18 empresas, que no han podido justificar los pagos que les fueron reembolsados, además de no haber realizado, en la mayoría de los casos, las obras por las que fueron contratadas. La Agencia Tributaria también recoge en su investigación que, "en muchos casos, se realizaron contrataciones de material excesivas para los trabajos a realizar".

En su informe, los efectivos fiscales recogen la valoración de una arquitecta de la Agencia Tributaria que inspeccionó los colegios en los que deberían de haberse realizado las reformas que fueron contratadas y pagadas. La técnica constató que en los años en los que se realizaron las adjudicaciones no se había llegado a ejecutar ni el 20 por ciento de los trabajos abonados.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz instruye el caso, investigado por el fiscal de delitos económico, Juan Peña. En total son 11 los denunciados y 18 las sociedades bajo sospecha, la mayoría con sede social en las localidades de Rota y Sanlúcar de Barrameda. La investigación deberá aclarar dónde han ido a parar los 3.647.161,17 euros que salieron de los fondos públicos de la Consejería de Educación.
 
Reacciones
El presidente del Partido Popular (PP) de Cádiz, José Loaiza, ha calificado de "nuevo escándalo en la gestión socialista" la denuncia de la Fiscalía por una posible malversación de fondos públicos. Por ello, ha exigido a la Delegación Provincial de Educación "mayor transparencia y colaboración con la Fiscalía, así como una investigación interna, para aclarar este asunto".

Loaiza ha recordado que el PP ya ha pedido la comparecencia del consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, en el Parlamento andaluz para que informe del alcance de la investigación.

El también parlamentario andaluz ha incidido en las carencias que en materia educativa existen en la provincia y en "los numerosos compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía en la mejora de los colegios gaditanos, pero que acumulan años de retrasos".


elmundo.es

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