Declarará el 14 de julio
Efe | Madrid
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El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 14 de julio al empresario José Luis Ulibarri, a quien imputa un delito contra la Hacienda Pública por eludir el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial.
De esta forma, Pedreira atiende en un auto, fechado el lunes, la petición de la Fiscalía y amplía la imputación a Ulibarri, que ya estaba imputado en la causa por cohecho y blanqueo de capitales.
El auto aporta los datos de un informe de la Agencia Tributaria del pasado 25 de mayo sobre la venta en 2006 de una finca en El Escorial por parte de Proyedicon S.L, sociedad de la que eran gestores los presuntos cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa y Pablo Crespo-, a la empresa UFC de Ulibarri, que refleja posibles incumplimientos tributarios en el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales.
"Queda reflejado que se origina un perjuicio económico a la Hacienda Autonómica de Madrid a la que se debió haber ingresado 595.000 euros" por ese impuesto, señala el juez, que considera que este hecho puede ser constitutivo de un delito fiscal al superarse el importe de 120.000 euros establecido en el Código Penal.
Asimismo, Antonio Pedreira apunta que se ha eludido el pago del tributo "de una forma intencionada" ya que la empresa que vendió la finca ocultó en el acta de devolución de IVA que realmente era una sociedad sin actividad, "cuya única intención era la de especular con la venta de las fincas rústicas adquiridas y no realizar una actividad de promoción inmobiliaria".
UFC, según el auto, conocía que se trataba de una finca rústica sobre la que Proyedicon S.A no había ejercido ninguna actividad sujeta a IVA y, por tanto, que no era sujeto pasivo de dicho impuesto que pudiera repercutir cuota alguna.
No obstante, la empresa de Ulibarri consideró la operación sujeta a IVA y no al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, con lo que eludió el pago de ese tributo, ascendiendo el perjuicio económico a 595.000 euros.
El juez considera que deben responder de ese delito Ulibarri, como administrador de UFC en el momento en que se realizó la operación, así como Correa y Crespo, como gestores de la empresa que vendió la finca.
De esta forma, Pedreira atiende en un auto, fechado el lunes, la petición de la Fiscalía y amplía la imputación a Ulibarri, que ya estaba imputado en la causa por cohecho y blanqueo de capitales.
El auto aporta los datos de un informe de la Agencia Tributaria del pasado 25 de mayo sobre la venta en 2006 de una finca en El Escorial por parte de Proyedicon S.L, sociedad de la que eran gestores los presuntos cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa y Pablo Crespo-, a la empresa UFC de Ulibarri, que refleja posibles incumplimientos tributarios en el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales.
"Queda reflejado que se origina un perjuicio económico a la Hacienda Autonómica de Madrid a la que se debió haber ingresado 595.000 euros" por ese impuesto, señala el juez, que considera que este hecho puede ser constitutivo de un delito fiscal al superarse el importe de 120.000 euros establecido en el Código Penal.
Asimismo, Antonio Pedreira apunta que se ha eludido el pago del tributo "de una forma intencionada" ya que la empresa que vendió la finca ocultó en el acta de devolución de IVA que realmente era una sociedad sin actividad, "cuya única intención era la de especular con la venta de las fincas rústicas adquiridas y no realizar una actividad de promoción inmobiliaria".
UFC, según el auto, conocía que se trataba de una finca rústica sobre la que Proyedicon S.A no había ejercido ninguna actividad sujeta a IVA y, por tanto, que no era sujeto pasivo de dicho impuesto que pudiera repercutir cuota alguna.
No obstante, la empresa de Ulibarri consideró la operación sujeta a IVA y no al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, con lo que eludió el pago de ese tributo, ascendiendo el perjuicio económico a 595.000 euros.
El juez considera que deben responder de ese delito Ulibarri, como administrador de UFC en el momento en que se realizó la operación, así como Correa y Crespo, como gestores de la empresa que vendió la finca.
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