* Subraya que el desfase no se acordó por 'el órgano colegiado'
* 'Se despreció olímpicamente el proceso legal'
Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma
El juez del caso Palma Arena considera que el incremento del presupuesto del velódromo público en al menos «50 millones de euros» fue ordenado «unipersonalmente» por el ex president del Govern balear Jaume Matas. El juez José Castro se pronuncia así por primera vez sobre la intervención del ex líder del PP de Baleares en el millonario desfase del recinto deportivo, que pasó de 45 a 110 millones de euros en apenas dos años al explicar por qué decidió incorporar la investigación del patrimonio de Matas que había abortado el fiscal general del Estado al caso Palma Arena sin mediar una conexión directa. «Las decisiones que han generado ese exceso de coste, por valor grosso modo, nunca mejor dicho, de unos 50 millones de euros, no se han tomado por el órgano colegiado que tenía competencia para ello y con el control intrínseco a esa colegiación, sino unipersonalmente».
La conexión
Castro aborda en detalle el papel de Matas en el proceso de construcción del polémico pabellón en un contundente auto que dictó ayer y al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares. En él justifica su decisión de conectar ambas investigaciones bajo el argumento de que investigar los bienes de Matas en este caso «no constituye conexidad sino la propia esencia de la inicial investigación». Esta conexión ha sido recurrida por el letrado de uno de los proveedores del palacete, adhiriéndose a ella la defensa del propio Matas, que bajo la dirección de Rafael Perera no lo había hecho hasta entonces.
Este recurso, en palabras del juez Castro, no persigue otra finalidad que la de «que se entierre la investigación lo más profundo posible para que nunca vuelva a aflorar a la superficie». Recurriéndose para ello «al extemporáneo planteamiento de un incidente de nulidad que carece de todo sustento lógico y jurídico».
En cuanto al fondo de la cuestión, arguye el instructor que «la sospecha va ganando terreno cuando esas decisiones», en referencia al desfase del presupuesto de la obra del velódromo, «no se toman abiertamente como tales sino que se disfrazan como colegiadas falseando los numerosos documentos oficiales que le dan aparente cobertura legal». Añade el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma que «progresa la sospecha cuando esas decisiones unipersonales se toman despreciando, en unos casos olímpicamente, los procedimientos administrativos legalmente establecidos para controlar el gasto público y la pureza de las adjudicaciones; y en otros, fraccionando su importe para eludir o suavizar su rigor».
elmundo.es
La conexión
Castro aborda en detalle el papel de Matas en el proceso de construcción del polémico pabellón en un contundente auto que dictó ayer y al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares. En él justifica su decisión de conectar ambas investigaciones bajo el argumento de que investigar los bienes de Matas en este caso «no constituye conexidad sino la propia esencia de la inicial investigación». Esta conexión ha sido recurrida por el letrado de uno de los proveedores del palacete, adhiriéndose a ella la defensa del propio Matas, que bajo la dirección de Rafael Perera no lo había hecho hasta entonces.
Este recurso, en palabras del juez Castro, no persigue otra finalidad que la de «que se entierre la investigación lo más profundo posible para que nunca vuelva a aflorar a la superficie». Recurriéndose para ello «al extemporáneo planteamiento de un incidente de nulidad que carece de todo sustento lógico y jurídico».
En cuanto al fondo de la cuestión, arguye el instructor que «la sospecha va ganando terreno cuando esas decisiones», en referencia al desfase del presupuesto de la obra del velódromo, «no se toman abiertamente como tales sino que se disfrazan como colegiadas falseando los numerosos documentos oficiales que le dan aparente cobertura legal». Añade el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma que «progresa la sospecha cuando esas decisiones unipersonales se toman despreciando, en unos casos olímpicamente, los procedimientos administrativos legalmente establecidos para controlar el gasto público y la pureza de las adjudicaciones; y en otros, fraccionando su importe para eludir o suavizar su rigor».
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