María Rionegro | Sevilla
El Partido Socialista quiere pasar página cuanto antes respecto al 'caso Mercasevilla', y lo piensa poner fácil. De ahí que en el escrito de acusación que en los próximos días deberá remitir a la juez instructora de la causa, Mercedes Alaya, el PSOE rebaje el escándalo del presunto intento de extorsión a dos empresarios hosteleros por parte de los ex directivos del mercado central de mayoristas, Fernando Mellet y Daniel Ponce, a un mero intento de estafa, y exime de toda culpa al delegado provincial de Empleo y dirigente del PSOE de Sevilla, Antonio Rivas.
Según han confirmado a EL MUNDO.es de Andalucía fuentes del caso, la acusación popular del PSOE elevará al Juzgado de Instrucción número 6 antes del día 23 de diciembre, fecha en que la juez ha citado a las partes para concretar las imputaciones y comenzar a tramitar el caso conforme a la ley del jurado, un escrito en el que acusará a Mellet y a Ponce sólo de un supuesto delito de estafa en grado de tentativa, ya que «la comisión solicitada nunca llegó a cobrarse», sin referirse en ningún momento a la comisión de un posible delito de cohecho.
Una acusación, en principio, 'cómoda' para los principales acusados por sus limitadas consecuencias. Con esta decisión, el PSOE ‘salva’ a estos dos ex directivos de Mercasevilla de la presunta comisión de un segundo delito: cohecho. Y es que, la representación jurídica de los socialistas no le conceden ni a Fernando Mellet ni a Daniel Ponce la condición de autoridad o funcionario público. De esta forma, también intentan alejar la posibilidad de que, finalmente, sea un jurado popular quien enjuicie el caso.
Una probabilidad que toma fuerza si la juez, finalmente, imputa al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, por un presunto delito de cohecho. Esto supondría, con toda seguridad, que, si la causa investigada llegara a juicio, éste tendría que celebrarse ante un jurado popular. Una circunstancia que no les conviene a ninguno de los imputados, ya que, con la grabación de la petición de las presuntas comisiones ilegales como principal prueba, un jurado popular es, muy probablemente, sinónimo de condena.
Además
* Quién es quién en el 'caso Mercasevilla'
elmundo.es
Según han confirmado a EL MUNDO.es de Andalucía fuentes del caso, la acusación popular del PSOE elevará al Juzgado de Instrucción número 6 antes del día 23 de diciembre, fecha en que la juez ha citado a las partes para concretar las imputaciones y comenzar a tramitar el caso conforme a la ley del jurado, un escrito en el que acusará a Mellet y a Ponce sólo de un supuesto delito de estafa en grado de tentativa, ya que «la comisión solicitada nunca llegó a cobrarse», sin referirse en ningún momento a la comisión de un posible delito de cohecho.
Una acusación, en principio, 'cómoda' para los principales acusados por sus limitadas consecuencias. Con esta decisión, el PSOE ‘salva’ a estos dos ex directivos de Mercasevilla de la presunta comisión de un segundo delito: cohecho. Y es que, la representación jurídica de los socialistas no le conceden ni a Fernando Mellet ni a Daniel Ponce la condición de autoridad o funcionario público. De esta forma, también intentan alejar la posibilidad de que, finalmente, sea un jurado popular quien enjuicie el caso.
Una probabilidad que toma fuerza si la juez, finalmente, imputa al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, por un presunto delito de cohecho. Esto supondría, con toda seguridad, que, si la causa investigada llegara a juicio, éste tendría que celebrarse ante un jurado popular. Una circunstancia que no les conviene a ninguno de los imputados, ya que, con la grabación de la petición de las presuntas comisiones ilegales como principal prueba, un jurado popular es, muy probablemente, sinónimo de condena.
Además
* Quién es quién en el 'caso Mercasevilla'
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