El sumario de la causa iniciada por Garzón implica al presidente de la Generalitat
ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha asumido la competencia sobre la causa que investiga la red de corrupción dirigida por Francisco Correa y que implica a altos cargos del PP en la Comunidad Autónoma como el presidente Francisco Camps, su número dos, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.
* El fiscal ve indicios claros contra el 'número dos' del PP valenciano
* La trama corrupta gastó 200.000 euros en ropa para regalar a cargos del PP
* "Los trajes para Camps y Costa fueron abonados por Orange Market"
En este mismo auto se ha acordado la apertura de diligencias previas por posible delito de cohecho para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en ellos de las personas mencionadas, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La sala ha adoptado esta decisión una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un auto al TSJCV que tomara declaración a Camps y a Costa, aunque especificaba en el escrito que en el estado actual de la causa.
El sumario de la trama ha ido avanzando en estos últimos días aportando nuevos indicios contra los implicados. Los tomos del sumario del caso Gürtel que hacen referencia a supuestas conductas delictivas en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incorporan numerosas evidencias que, según la Fiscalía Anticorrupción, acreditarían la responsabilidad del secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, y la existencia de facturas que implicarían al presidente del Ejecutivo valenciano, el popular Francisco Camps, informa Joaquín Ferrandis.
El pasado 31 de marzo, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel' que afectaba a aforados autonómicos del PP madrileño.
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El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha asumido la competencia sobre la causa que investiga la red de corrupción dirigida por Francisco Correa y que implica a altos cargos del PP en la Comunidad Autónoma como el presidente Francisco Camps, su número dos, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.
* El fiscal ve indicios claros contra el 'número dos' del PP valenciano
* La trama corrupta gastó 200.000 euros en ropa para regalar a cargos del PP
* "Los trajes para Camps y Costa fueron abonados por Orange Market"
En este mismo auto se ha acordado la apertura de diligencias previas por posible delito de cohecho para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en ellos de las personas mencionadas, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La sala ha adoptado esta decisión una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un auto al TSJCV que tomara declaración a Camps y a Costa, aunque especificaba en el escrito que en el estado actual de la causa.
El sumario de la trama ha ido avanzando en estos últimos días aportando nuevos indicios contra los implicados. Los tomos del sumario del caso Gürtel que hacen referencia a supuestas conductas delictivas en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incorporan numerosas evidencias que, según la Fiscalía Anticorrupción, acreditarían la responsabilidad del secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, y la existencia de facturas que implicarían al presidente del Ejecutivo valenciano, el popular Francisco Camps, informa Joaquín Ferrandis.
El pasado 31 de marzo, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel' que afectaba a aforados autonómicos del PP madrileño.
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