Luis Bárcenas (i) y Gerardo Galeote (Efe).
ESPAÑA
Luis Bárcenas, Gerardo Galeote, PP
@Carlota Guindal.
La Fiscalía no quiere llevar el 'caso Gürtel' al Tribunal Supremo. De los cuatro informes que ha realizado a lo largo de la investigación todos apuntan lo mismo. No hay suficientes indicios para imputar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote y, por tanto, la investigación debe quedarse en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.
En contra de la propia postura del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y del TSJ de Madrid, que ambos defendían la opción de enviar la causa al Supremo, el Ministerio Público acaba de enviar su último informe a los TSJ de Madrid y Valencia, sobre la competencia para que se queden con el caso, y recoge que es "más oportuno procesalmente" esperar al avance de la investigación para imputar a Bárcenas y Galeote.
La Fiscalía Anticorrupción dice que no es suficiente con las siglas L.B., o "Luis el cabrón", y G.G. para imputarles. De Bárcenas afirma que "en el estado actual no cabe sino reiterar lo expuesto sin perjuicio de que, a lo largo de la instrucción, aún en estado inicial, aparezcan datos que permitan identificar la persona que aparece tras la iniciales L, LB así como el origen de los cobros".
En el auto dictado por Garzón el pasado 31 de marzo, en el que abandonaba la investigación, recogía que el tesorero 'popular' pudo recibir de la organización liderada por Francisco Correa hasta 1.353.000 euros. El magistrado recoge que hay otros indicios, además de las siglas, para presuponer que L.B. es Luis Bárcenas como unas grabaciones de Correa, entregadas por el también imputado Alvaro Peña, en las que reconocía que hizo entregas de dinero a Bárcenas en la sede principal de partido en la calle Génova (Madrid) y en su casa, en efectivo, de obras u adjudicaciones, y que el dinero lo sacaron a un paraíso fiscal.
Garzón también acredita su identidad por declaraciones judiciales de varios imputados que reconocieron que "Luis el cabrón", aparecida en varia documentación, hace referencia a Bárcenas. Esa expresión era pronunciada por los miembros de la organización en las reuniones a las que se hace referencia en la causa, y ello porque no les daba trabajo y les había cortado el que tenían.
En lo que se refiere a Gerardo Galeote, que podría haber cobrado 628.310 euros de la trama, la Fiscalía Anticorrupción señala que "no concurren indicios bastantes de criminalidad" contra él para enviar la causa al Supremo. Dice que para acusarle de un delito es imprescindible "una más profunda instrucción que se extienda, entre otras cuestiones, el motivo de los pagos eventualmente percibidos por los aforados".
Contra el criterio de Garzón
Para el Ministerio Público no es suficiente el informe de la Policía Judicial que hace un análisis de las cuentas donde consta las entregas efectuadas, donde figura la anotación "G.Galeote", ni por la relación "directa" con Correa, así como de éste con personas vinculadas familiarmente a Gerardo Galeote, como su padre, al que uno de los imputados reconoce que ha llevado sobres tanto a su domicilio como al trabajo por orden del cabecilla de la trama. Tampoco tiene en cuenta que las empresas de Correa han organizado eventos para el PP Europeo en julio de 1999 y la campaña del Parlamento Europeo de ese mismo año.
Y por último, la Fiscalía no tiene en cuenta la afirmación de Garzón sobre que "la conducta presunta, pero concreta, de los dos aforados se habría desarrollado en el seno de la organización liderada por Francisco Correa en la que aquéllos estarían integrados y prestarían los servicios requeridos por éste, en función de su posición cualificada o estratégica en el partido político al que pertenecen, favorecedora de los intereses económicos de aquél y de las empresas que controla, por lo que habrían recibido, en un período temporal concreto, diversas cantidades de dinero".
Mientras no se obtengan los suficientes datos para inculparles, la Fiscalía considera que el TSJ de Madrid debe investigar la parte de los hechos ocurridos en la Comunidad y el TSJ de Valencia investigue a Francisco Camps y Ricardo Costa. Entre los diputados regionales del PP en Madrid imputados se encuentran Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco por los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.
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