Javier Guerrero y Antonio Rivas
* Sus abogados se oponen al conflicto de jurisdicción planteado por la Junta
* Cuestionan la 'colaboración de la que presume la Junta' con la Justicia
* Sus abogados se oponen al conflicto de jurisdicción planteado por la Junta
* Cuestionan la 'colaboración de la que presume la Junta' con la Justicia
Europa Press | Sevilla
Los abogados del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y del que fuera delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ambos imputados en la investigación de la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas, han pedido, en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a la Junta que entregue todas las actas de los consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, como viene reclamando la juez.
El letrado de Antonio Rivas, Jon Ánder Sánchez, ha explicado a Europa Press que el escrito se ha presentado esta semana y que en él se oponen al conflicto de jurisdicción planteado por la Junta y apoyado por la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido a la juez Mercedes Alaya que "decline" su jurisdicción "en el único extremo de no reclamar la entrega de las actas", que podrían sustituirse, entiende la Fiscalía, por las certificaciones acreditativas de los acuerdos adoptados expedidas por el secretario de dicho órgano de gobierno.
En el escrito, el abogado del ex delegado provincial de Empleo, que también se encuentra imputado por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del Grupo La Raza para el desarrollo de una escuela de hostelería, pone de manifiesto que la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla "requiere una instrucción completa sin partes vedadas al conocimiento de la juez", en referencia al hecho de que la Junta se haya negado a entregar las actas de los Consejos desde el año 2001.
De este modo, el letrado de Antonio Rivas incide en su escrito en que "es necesario que se aclare el conocimiento y alcance de los hechos en todos los niveles de la Junta de Andalucía". "Partiendo de la base de que Rivas es inocente, no hay nada que ocultar", ha dicho Jon Ánder Sánchez.
El letrado de Antonio Rivas, Jon Ánder Sánchez, ha explicado a Europa Press que el escrito se ha presentado esta semana y que en él se oponen al conflicto de jurisdicción planteado por la Junta y apoyado por la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido a la juez Mercedes Alaya que "decline" su jurisdicción "en el único extremo de no reclamar la entrega de las actas", que podrían sustituirse, entiende la Fiscalía, por las certificaciones acreditativas de los acuerdos adoptados expedidas por el secretario de dicho órgano de gobierno.
En el escrito, el abogado del ex delegado provincial de Empleo, que también se encuentra imputado por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del Grupo La Raza para el desarrollo de una escuela de hostelería, pone de manifiesto que la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla "requiere una instrucción completa sin partes vedadas al conocimiento de la juez", en referencia al hecho de que la Junta se haya negado a entregar las actas de los Consejos desde el año 2001.
De este modo, el letrado de Antonio Rivas incide en su escrito en que "es necesario que se aclare el conocimiento y alcance de los hechos en todos los niveles de la Junta de Andalucía". "Partiendo de la base de que Rivas es inocente, no hay nada que ocultar", ha dicho Jon Ánder Sánchez.
La colaboración de la Junta, en entredicho
Por su parte, la abogada de Francisco Javier Guerrero también ha pedido que la juez Mercedes Alaya tenga "libre acceso" a las actas de los Consejos de Gobierno, y muestra su sorpresa y dice "no entender" el hecho de que la Junta de Andalucía, "que presume de colaborar" con la juez, no entregue las referidas actas y "ponga trabas" a este respecto.
Recientemente, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, declaró que la colaboración de la Junta de Andalucía con el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, es del "99,9%", porque "estamos en el mismo barco", discrepando únicamente en la entrega de las actas de los consejos de Gobierno.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción considera que la juez "estaría invadiendo competencias que son propias del Gobierno autonómico al reclamar las actas de los Consejos de Gobierno en su globalidad y no extractadas y referidas a los acuerdos adoptados", lo que afectaría a materias clasificadas como reservadas (los informes que queden incorporados a las actas) o secretas (deliberaciones y votaciones, en su caso).
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