JUSTICIA | Varapalo al juez Antonio Garcías
* El TSJB exonera y archiva el caso en lo que respecta a Flaquer y Pizá
* El TSJB exonera y archiva el caso en lo que respecta a Flaquer y Pizá
Esteban Urreiztieta | Palma
El TSJB ha exonerado a Joan Flaquer de la causa referida al castillo de Sant Elm y ha archivado el caso en lo que respecta tanto al ex conseller de Turismo como a Carlos Pizá.
La decisión para Flaquer, defendido por los abogados José Zaforteza y Carlos Florit, supone un varapalo al juez Antonio Garcias del juzgado de instrucción nº7, puesto que el auto tira por tierra todas las acusaciones. El Tribunal defiende incluso que la actuación del Inestur es algo legalmente aceptado en "la práctica corriente" y que "la inversión de fondos públicos" estaba destinada a "la satisfacción de finalidades de interés general".
El caso investiga un presunto desvío de fondos públicos a raíz de la cesión de la torre de Sant Elm, en Andratx, por parte de la Fundació Illes Balears al ayuntamiento 'andritxol' a cambio de 45.000 euros semestrales, parte de cuyo destino se desconoce
La acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Andratx a través del letrado Pablo Alonso de Caso, sostenía que en este proceso Flaquer ejerció una "voluntad de defraudar" a la administración pública, al rubricar un convenio con el Consistorio para que el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) sufragase parte de los fondos destinados por el Ayuntamiento a la Fundació Illes Balears para la cesión del castillo de Sant Elm al Ayuntamiento, según informa Europa Press.
A tenor de estos hechos, la acusación subrayaba que podrían haberse producido "supuestos ilícitos penales" a raíz de una "estrategia triangular" trazada entre Hidalgo, Cañellas y Flaquer. Es más, postula que la conducta de todos ellos "podría responder a un concierto o conjunción de voluntades con la finalidad de defraudar a la administración pública, con independencia de la perfección del perjuicio patrimonial".
Sin embargo, el parlamentario negó en su declaración ante el juez haber cometido delito alguno a raíz de la firma, en marzo de 2006, del convenio por el que el Inestur acordó el pago de 30.000 euros al Consistorio, y defendió que éste iba dirigido al fomento del turismo cultural en el municipio 'andritxol'. Por su parte, Cañellas e Hidalgo, que comparecieron hace un año ante el magistrado, se acusaron mutuamente de la idea de otorgar al edificio una utilización institucional y promocional.
La decisión para Flaquer, defendido por los abogados José Zaforteza y Carlos Florit, supone un varapalo al juez Antonio Garcias del juzgado de instrucción nº7, puesto que el auto tira por tierra todas las acusaciones. El Tribunal defiende incluso que la actuación del Inestur es algo legalmente aceptado en "la práctica corriente" y que "la inversión de fondos públicos" estaba destinada a "la satisfacción de finalidades de interés general".
El caso investiga un presunto desvío de fondos públicos a raíz de la cesión de la torre de Sant Elm, en Andratx, por parte de la Fundació Illes Balears al ayuntamiento 'andritxol' a cambio de 45.000 euros semestrales, parte de cuyo destino se desconoce
La acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Andratx a través del letrado Pablo Alonso de Caso, sostenía que en este proceso Flaquer ejerció una "voluntad de defraudar" a la administración pública, al rubricar un convenio con el Consistorio para que el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) sufragase parte de los fondos destinados por el Ayuntamiento a la Fundació Illes Balears para la cesión del castillo de Sant Elm al Ayuntamiento, según informa Europa Press.
A tenor de estos hechos, la acusación subrayaba que podrían haberse producido "supuestos ilícitos penales" a raíz de una "estrategia triangular" trazada entre Hidalgo, Cañellas y Flaquer. Es más, postula que la conducta de todos ellos "podría responder a un concierto o conjunción de voluntades con la finalidad de defraudar a la administración pública, con independencia de la perfección del perjuicio patrimonial".
Sin embargo, el parlamentario negó en su declaración ante el juez haber cometido delito alguno a raíz de la firma, en marzo de 2006, del convenio por el que el Inestur acordó el pago de 30.000 euros al Consistorio, y defendió que éste iba dirigido al fomento del turismo cultural en el municipio 'andritxol'. Por su parte, Cañellas e Hidalgo, que comparecieron hace un año ante el magistrado, se acusaron mutuamente de la idea de otorgar al edificio una utilización institucional y promocional.
elmundo.es
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