jueves, 17 de marzo de 2011

"CASO CAN DOMENGE"; NÚÑEZ Y NAVARRO ACUSAN A LOS CARGOS DE UM DE QUERER "PERJUDICAR AL ERARIO PÚBLICO"

El escrito de la acusación particular

* Afirma que Munar 'daba las directrices precisas' para su consecución
* Reclama diez años de prisión para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer

Europa Press | Palma

La mercantil Núñez y Navarro, acusación particular y querellante en el caso Can Domenge, acusa a la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antónia Munar, al ex vicepresidente insular Miquel Nadal, y a los ex consellers Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer, de concertarse entre si para que la empresa Sacresa resultase adjudicataria de los solares palmesanos a mitad de precio, posibilitando su "enriquecimiento ilícito" y "con ciencia y voluntad de perjudicar al erario y al interés público".

En el escrito de calificación provisional que ha presentado contra los cuatro ex altos cargos de UM y otros dos acusados, el grupo empresarial con cuya querella fue incoado esta causa asevera que la voluntad de emprender y ejecutar "tan torcida adjudicación" la trataron en las distintas reuniones del Consell Executiu del que formaban parte, convocadas por Munar, quien "daba las directrices precisas para la consecución de tan fraudulento plan adjudicatorio que habían ideado y decidido ejecutar de común acuerdo".

En concreto, Núñez y Navarro, personado como acusación particular en este proceso junto al Consell, reclama diez años de prisión para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer y les acusa de los delitos de malversación de caudales públicos -que la Fiscalía no incluye en su escrito-, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos. Mientras tanto, solicita un año y medio de cárcel para el abogado asesor de Sacresa, Santiago Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para el principal accionista de esta empresa, Román Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Según relata la empresa querellante en su escrito, para llevar a cabo este procedimiento presuntamente irregular "era preciso" que la mercantil "previamente escogida contara con ventaja en el proceso de adjudicación respecto al resto de licitadores", y que llevase a cabo las correspondientes maniobras dirigidas a "vestir administrativamente el expediente de enajenación, a fin de que el precio finalmente resultante fuera muy inferior al del mercado", tal y como finalmente sucedió con la venta del inmueble por treinta millones de euros -pese a estar tasado en sesenta-.

Objetivo que se logró, según el grupo propiedad de José Luis Núñez, trasladando a Sacresa, "con escandalosa antelación" a la publicación del concurso, un borrador de las bases del concurso que iba a ser publicado "muchos meses después".

Apunta a unas 'flagrantes infracciones administrativas'
La acusación postula que a fin de llevar a cabo esta "fraudulenta" concesión, los miembros del Consell tuvieron que cometer "flagrantes infracciones administrativas en su tramitación, con voluntad y conocimiento de las mismas, pervirtiendo y alejándose del interés público que debe informar la contratación pública".

Al margen de las peticiones de privación de libertad, solicita en su escrito que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente con un total de 23.899 euros a Anova y a Josel, empresas a través de las cuales se querelló Núñez y Navarro, al tiempo que reclama una fianza de responsabilidad civil para cada uno de los imputados por importe de 31.867 euros.


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