María Rionegro | Sevilla
La jueza del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, sigue mirando con lupa cada documento relacionado con la venta «ilegal» y «fraudulenta» de los suelos del mercado de mayoristas. El último paso judicial se centra en investigar si el pliego de condiciones del concurso que se aprobó en el pleno municipal del 15 de diciembre de 2005 por todos los grupos políticos fue falsificado o manipulado, ya que presenta importantes diferencias de contenido con respecto al que se aprobó por la Junta de Accionistas de Mercasevilla justo quince días antes, el 30 de noviembre.
Por ello, la magistrada ha solicitado al ex secretario de la comisión ejecutiva empresa pública e imputado, Jorge Piñero, que explique estas «discrepancias» entre ambas actas de aprobación del pliego de condiciones. Una de ellas radica, precisamente, en una de las cláusulas que la juez investiga por considerarla definitiva para que la constructora Sando se hiciera con la adjudicación de los terrenos pese a no presentar la oferta más ventajosa para Mercasevilla. Se trata del derecho de titularidad previa.
La magistrada tendrá que determinar de quién es la firma que avaló el documento del pleno
En el acta aprobado el 30 de noviembre por la Junta de Accionistas de la empresa pública se establecía este derecho preferente de compra pero se negaba que hubiera alguna empresa que se pudiera acoger a él. En el documento que pasó por pleno sí se establece qué este aspecto concreto debe especificarse: «Hay que relacionar las cargas reales existentes, incluyendo los derechos de superficie aunque no estén aún escritos». Un extremo que, a todas luces, beneficiaba a Sando, ya que era la única entidad de las ocho ofertantes que tenía derechos sobre esos suelos de Mercasevilla.
La otra gran diferencia entre ambos pliegos de condiciones es la rúbrica del presidente de Mercasevilla. La firma que avaló ante el pleno municipal del 15 de diciembre de 2005 el documento para la venta de los suelos es radicalmente distinta a la del entonces verdadero presidente de la sociedad pública, Gonzalo Crespo, quien sí rubricó su aprobación definitiva en el consejo de administración de Mercasevilla del 30 de noviembre de 2005.
La última página de ambos pliegos recoge la firma tanto del presidente de Mercasevilla como del secretario, Jorge Piñero. Mientras que la firma de éste último es la misma en los dos documentos, la que se refiere al presidente no se corresponde en uno y otro. Además, en el pliego que se aprueba en la Junta de Accionistas se hace referencia el cargo y al nombre del presidente, Gonzalo Crespo, mientras que en el que se votó en pleno –y que defendió el propio Crespo con el respaldo de todos los grupos políticos– tan sólo se refiere al cargo.
Ambas «discrepancias» entre actas ya fue denunciada por el PP durante el pasado pleno municipal del 16 de noviembre. Ante la manifestación de estas irregularidades, el gobierno municipal envió al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el expediente 114/05 relativo a la concesión de autorización a Mercasevilla para la convocatoria del concurso público que pasó por pleno para su investigación.
Además
* El gasto de personal creció 900.000 € tras aplicar dos ERE
* Testigo insinúa que el concurso estaba dado de antemano
elmundo.es
Por ello, la magistrada ha solicitado al ex secretario de la comisión ejecutiva empresa pública e imputado, Jorge Piñero, que explique estas «discrepancias» entre ambas actas de aprobación del pliego de condiciones. Una de ellas radica, precisamente, en una de las cláusulas que la juez investiga por considerarla definitiva para que la constructora Sando se hiciera con la adjudicación de los terrenos pese a no presentar la oferta más ventajosa para Mercasevilla. Se trata del derecho de titularidad previa.
La magistrada tendrá que determinar de quién es la firma que avaló el documento del pleno
En el acta aprobado el 30 de noviembre por la Junta de Accionistas de la empresa pública se establecía este derecho preferente de compra pero se negaba que hubiera alguna empresa que se pudiera acoger a él. En el documento que pasó por pleno sí se establece qué este aspecto concreto debe especificarse: «Hay que relacionar las cargas reales existentes, incluyendo los derechos de superficie aunque no estén aún escritos». Un extremo que, a todas luces, beneficiaba a Sando, ya que era la única entidad de las ocho ofertantes que tenía derechos sobre esos suelos de Mercasevilla.
La otra gran diferencia entre ambos pliegos de condiciones es la rúbrica del presidente de Mercasevilla. La firma que avaló ante el pleno municipal del 15 de diciembre de 2005 el documento para la venta de los suelos es radicalmente distinta a la del entonces verdadero presidente de la sociedad pública, Gonzalo Crespo, quien sí rubricó su aprobación definitiva en el consejo de administración de Mercasevilla del 30 de noviembre de 2005.
La última página de ambos pliegos recoge la firma tanto del presidente de Mercasevilla como del secretario, Jorge Piñero. Mientras que la firma de éste último es la misma en los dos documentos, la que se refiere al presidente no se corresponde en uno y otro. Además, en el pliego que se aprueba en la Junta de Accionistas se hace referencia el cargo y al nombre del presidente, Gonzalo Crespo, mientras que en el que se votó en pleno –y que defendió el propio Crespo con el respaldo de todos los grupos políticos– tan sólo se refiere al cargo.
Ambas «discrepancias» entre actas ya fue denunciada por el PP durante el pasado pleno municipal del 16 de noviembre. Ante la manifestación de estas irregularidades, el gobierno municipal envió al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el expediente 114/05 relativo a la concesión de autorización a Mercasevilla para la convocatoria del concurso público que pasó por pleno para su investigación.
Además
* El gasto de personal creció 900.000 € tras aplicar dos ERE
* Testigo insinúa que el concurso estaba dado de antemano
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