Sigue la investigaciónLa presidenta del Parlament tras la rueda de prensa de UM para valorar el caso Son Oms.
* Denuncia al juez que delinquió para pagar a los testaferros de UM
* Son las conclusiones del último informe de Agencia Tributaria y Policía
Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma
"Maria Antònia Munar dictó resoluciones contrarias a derecho al no respetar las normas esenciales del procedimiento administrativo, contraviniendo la legislación vigente de forma injusta, con ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, en contradicción con los mínimos esenciales del funcionamiento de la Administración y a sabiendas, no pudiéndose considerar tales actuaciones como meras negligencias o realizadas por un mero desconocimiento".
Así comienzan las conclusiones del último informe conjunto elaborado por la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en el caso Son Oms, desvelado por EL MUNDO/El Día de Baleares y en el que investiga la recalificación por parte de la actual presidenta del Parlament balear y líder de Unió Mallorquina (UM) del polígono industrial situado junto al aeropuerto de Palma a cambio de comisiones del 15% en suelo. En una pieza separada de este procedimiento judicial que ha recibido la denominación de Operación Maquillaje se investiga por orden del titular del Juzgado de Instrucción número dos de Palma cómo Munar gratificó con contratos públicos irregulares a los testaferros que cobraron durante la pasada legislatura las comisiones de este pelotazo en nombre de los líderes de UM. La suma que rastrea la Policía supera los 7 millones de euros públicos repartidos a dedo.
Entre esos pagos, la socia de gobierno del presidente socialista Francesc Antich adjudicó la radio pública del Consell de Mallorca que ella gobernaba al matrimonio que empleó como pantalla el ex conseller de Territorio Bartomeu Vicens para percibir su parte de las comisiones del 15%, que recuperó con facturas falsas.
Tras analizar esta adjudicación a petición del Juzgado de Instrucción número dos de Palma, la Policía y Hacienda atribuyen directamente a la actual presidenta del Parlament balear la comisión de un delito de "prevaricación" por amañar el concurso para adjudicar en total 3,2 millones de euros públicos a Alfredo Conde y a su mujer Elisabeth Diéguez.
"Munar infringe la ley de una manera consciente en la aplicación torcida del derecho que perjudica o beneficia a alguien, realizando un ejercicio arbitrario del poder, convirtiendo una voluntad particular en fuente de ley", destacan mientras relatan que se proclamó ganadora de la licitación a una empresa, Studio Media Comunicació, S.L., que fue creada en pleno concurso y que carecía de experiencia alguna.
Asimismo se ha encontrado documentación en los registros practicados durante los últimos meses en la que los testaferros ya dejaban constancia antes de la licitación de que iban a ser los ganadores. En este sentido concluyen policía y Hacienda que sus propietarios tenían "información privilegiada que sólo puede tener origen en la parte que ya conocía esta información: el Consell de Mallorca". Por lo que apuntan a una clara "connivencia" entre políticos, funcionarios compinchados (se han interceptado correos donde los técnicos les indican cómo amañar las cuentas para obtener la subvención) y personas de su entorno con el fin de saquear las arcas públicas.
Además
* Editorial: La inexcusable hora de Antich
* La prima de Munar compró a Vicens uno de sus pisos ocultos
* Es 'posible' que algún conseller dimita
* Nadal desvió 4,3 millones públicos a su productora
* Kyril pagó 370.000€ a Nadal en la compra de una finca
elmundo.es
Así comienzan las conclusiones del último informe conjunto elaborado por la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en el caso Son Oms, desvelado por EL MUNDO/El Día de Baleares y en el que investiga la recalificación por parte de la actual presidenta del Parlament balear y líder de Unió Mallorquina (UM) del polígono industrial situado junto al aeropuerto de Palma a cambio de comisiones del 15% en suelo. En una pieza separada de este procedimiento judicial que ha recibido la denominación de Operación Maquillaje se investiga por orden del titular del Juzgado de Instrucción número dos de Palma cómo Munar gratificó con contratos públicos irregulares a los testaferros que cobraron durante la pasada legislatura las comisiones de este pelotazo en nombre de los líderes de UM. La suma que rastrea la Policía supera los 7 millones de euros públicos repartidos a dedo.
Entre esos pagos, la socia de gobierno del presidente socialista Francesc Antich adjudicó la radio pública del Consell de Mallorca que ella gobernaba al matrimonio que empleó como pantalla el ex conseller de Territorio Bartomeu Vicens para percibir su parte de las comisiones del 15%, que recuperó con facturas falsas.
Tras analizar esta adjudicación a petición del Juzgado de Instrucción número dos de Palma, la Policía y Hacienda atribuyen directamente a la actual presidenta del Parlament balear la comisión de un delito de "prevaricación" por amañar el concurso para adjudicar en total 3,2 millones de euros públicos a Alfredo Conde y a su mujer Elisabeth Diéguez.
"Munar infringe la ley de una manera consciente en la aplicación torcida del derecho que perjudica o beneficia a alguien, realizando un ejercicio arbitrario del poder, convirtiendo una voluntad particular en fuente de ley", destacan mientras relatan que se proclamó ganadora de la licitación a una empresa, Studio Media Comunicació, S.L., que fue creada en pleno concurso y que carecía de experiencia alguna.
Asimismo se ha encontrado documentación en los registros practicados durante los últimos meses en la que los testaferros ya dejaban constancia antes de la licitación de que iban a ser los ganadores. En este sentido concluyen policía y Hacienda que sus propietarios tenían "información privilegiada que sólo puede tener origen en la parte que ya conocía esta información: el Consell de Mallorca". Por lo que apuntan a una clara "connivencia" entre políticos, funcionarios compinchados (se han interceptado correos donde los técnicos les indican cómo amañar las cuentas para obtener la subvención) y personas de su entorno con el fin de saquear las arcas públicas.
Además
* Editorial: La inexcusable hora de Antich
* La prima de Munar compró a Vicens uno de sus pisos ocultos
* Es 'posible' que algún conseller dimita
* Nadal desvió 4,3 millones públicos a su productora
* Kyril pagó 370.000€ a Nadal en la compra de una finca
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