* Los primos pudieron beneficiarse de una recalificación, obteniendo 24 millones
* Victor Ros permanece como imputado en otras dos causas que se siguen
* Pudo incurrir en los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias
* Ros ha asegurado que está 'muy tranquilo' porque no tiene 'nada que esconder'
* Victor Ros permanece como imputado en otras dos causas que se siguen
* Pudo incurrir en los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias
* Ros ha asegurado que está 'muy tranquilo' porque no tiene 'nada que esconder'
Efe | Barcelona
El grupo municipal SOS Llavaneres va a presentar ante la Fiscalía una nueva denuncia contra el ex alcalde Víctor Ros (PP), en este caso por favorecer a dos primos en la recalificación derivada de la creación de un nuevo sector, por la que podrían llegar a obtener 24 millones de euros en plusvalías.
Víctor Ros, que aún es concejal de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) por el PP, permanece como imputado en otras dos causas que se siguen en Mataró (Barcelona) por supuestas irregularidades urbanísticas durante su mandato, que también investiga ahora el juez Baltasar Garzón en el marco de la operación Pretoria.
En esta ocasión, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, SOS Llavaneres presentará ante la Fiscalía una nueva denuncia contra el ex alcalde, al considerar que pudo incurrir en los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, al favorecer supuestamente a dos de sus primos.
En concreto, según la denuncia, los dos primos de Víctor Ros fueron los "principales beneficiarios" de la recalificación derivada de la creación en abril de 2006 de un nuevo sector en el nuevo planeamiento urbanístico del municipio, en la zona de la Riera, hasta el punto de que podrían llegar a obtener 24 millones de euros en plusvalías gracias a su "información privilegiada".
Según la denuncia, los dos primos del ex alcalde disponían de dos fincas rústicas y una parcela que vendieron en agosto de 2005 por un fijo de 3,6 millones de euros, a los que se tendría que añadir una cantidad variable, en función de múltiples cláusulas adicionales, entre ellas multiplicar por 1.081 euros cada metro cuadrado de techo edificable.
Tan sólo ocho meses después, el 10 de abril de 2006, el ayuntamiento comandado por Víctor Ros aprobó de forma inicial el nuevo planeamiento urbanístico, que preveía la creación del sector de la zona de la Riera, lo que disparaba las plusvalías para los primos de Ros.
Además, en el último pleno del anterior mandato se aprobó "con prisas y de forma precipitada" una nueva reforma que amplió la edificabilidad de todo el proyecto de la Riera de Sant Andreu, para pasar de las 623 viviendas previstas inicialmente a 803.
Según la denuncia, los dos primos de Ros podrían llegar a obtener unos 24 millones de euros en plusvalías en función de la valoración final que se haga del exceso del 20% de vivienda pública oficial que se efectúe en la aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbanístico.
Víctor Ros ya ha sido imputado por un juez de Mataró que investiga un convenio por el que el consistorio vendió a Proinosa, una empresa presidida por el imputado en el caso Pretoria Josep Singla, unos terrenos de la antigua zona deportiva, que posteriormente fueron recalificados para la construcción de vivienda libre a un precio muy por debajo del mercado, según denunció en su día SOS Llavaneres.
Por esta presunta operación irregular, el juez de Mataró mantiene imputado, además de a Víctor Ros, a Antonio Jiménez (PSC), a quien el juez Baltasar Garzón cita en su auto de la operación Pretoria por su "estrecha relación" con el supuesto cerebro de la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña, el ex diputado socialista Luis García.
Ros también está imputado por la recalificación de unos terrenos donde se construirá una guardería.
La Fiscalía de Cataluña ya ha enviado estos supuestos "pelotazos" en Llavaneres a la Fiscalía Anticorrupción, para que investigue su supuesta relación con la trama de corrupción urbanística.
En declaraciones a Efe, el ex alcalde Víctor Ros ha asegurado que está "muy tranquilo" porque no tiene "nada que esconder", ya que todo lo que ha hecho como alcalde lo ha hecho "con arreglo a la ley" y con informes positivos de instancias superiores, como la Generalitat.
Asimismo, Ros ha explicado que no ha recibido ninguna citación ni imputación por parte del juez Baltasar Garzón sobre los supuestos "pelotazos" cometidos durante su mandato y que ahora están en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
elmundo.es
Víctor Ros, que aún es concejal de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) por el PP, permanece como imputado en otras dos causas que se siguen en Mataró (Barcelona) por supuestas irregularidades urbanísticas durante su mandato, que también investiga ahora el juez Baltasar Garzón en el marco de la operación Pretoria.
En esta ocasión, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, SOS Llavaneres presentará ante la Fiscalía una nueva denuncia contra el ex alcalde, al considerar que pudo incurrir en los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, al favorecer supuestamente a dos de sus primos.
En concreto, según la denuncia, los dos primos de Víctor Ros fueron los "principales beneficiarios" de la recalificación derivada de la creación en abril de 2006 de un nuevo sector en el nuevo planeamiento urbanístico del municipio, en la zona de la Riera, hasta el punto de que podrían llegar a obtener 24 millones de euros en plusvalías gracias a su "información privilegiada".
Según la denuncia, los dos primos del ex alcalde disponían de dos fincas rústicas y una parcela que vendieron en agosto de 2005 por un fijo de 3,6 millones de euros, a los que se tendría que añadir una cantidad variable, en función de múltiples cláusulas adicionales, entre ellas multiplicar por 1.081 euros cada metro cuadrado de techo edificable.
Tan sólo ocho meses después, el 10 de abril de 2006, el ayuntamiento comandado por Víctor Ros aprobó de forma inicial el nuevo planeamiento urbanístico, que preveía la creación del sector de la zona de la Riera, lo que disparaba las plusvalías para los primos de Ros.
Además, en el último pleno del anterior mandato se aprobó "con prisas y de forma precipitada" una nueva reforma que amplió la edificabilidad de todo el proyecto de la Riera de Sant Andreu, para pasar de las 623 viviendas previstas inicialmente a 803.
Según la denuncia, los dos primos de Ros podrían llegar a obtener unos 24 millones de euros en plusvalías en función de la valoración final que se haga del exceso del 20% de vivienda pública oficial que se efectúe en la aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbanístico.
Víctor Ros ya ha sido imputado por un juez de Mataró que investiga un convenio por el que el consistorio vendió a Proinosa, una empresa presidida por el imputado en el caso Pretoria Josep Singla, unos terrenos de la antigua zona deportiva, que posteriormente fueron recalificados para la construcción de vivienda libre a un precio muy por debajo del mercado, según denunció en su día SOS Llavaneres.
Por esta presunta operación irregular, el juez de Mataró mantiene imputado, además de a Víctor Ros, a Antonio Jiménez (PSC), a quien el juez Baltasar Garzón cita en su auto de la operación Pretoria por su "estrecha relación" con el supuesto cerebro de la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña, el ex diputado socialista Luis García.
Ros también está imputado por la recalificación de unos terrenos donde se construirá una guardería.
La Fiscalía de Cataluña ya ha enviado estos supuestos "pelotazos" en Llavaneres a la Fiscalía Anticorrupción, para que investigue su supuesta relación con la trama de corrupción urbanística.
En declaraciones a Efe, el ex alcalde Víctor Ros ha asegurado que está "muy tranquilo" porque no tiene "nada que esconder", ya que todo lo que ha hecho como alcalde lo ha hecho "con arreglo a la ley" y con informes positivos de instancias superiores, como la Generalitat.
Asimismo, Ros ha explicado que no ha recibido ninguna citación ni imputación por parte del juez Baltasar Garzón sobre los supuestos "pelotazos" cometidos durante su mandato y que ahora están en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
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