La juez solicita al Ayuntamiento las obras contratadas por el grupo malagueño
JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla
Otro escalón más. La juez del caso Mercasevilla ha imputado a la cúpula de Sando, la mayor constructora andaluza, por su participación en el concurso para la venta de terrenos presuntamente fraudulento que ganó en 2006 y el derecho de superficie sobre los terrenos que adquirió un año antes. Con la imputación del presidente de la compañía, José Luis Sánchez, su hijo y vicepresidente Luis Sánchez y el ejecutivo del área inmobiliaria José Luis Miró, la causa ya acumula once imputados entre políticos, técnicos y empresarios.
El PP denuncia que Sando pagó parte del ERE de 2007 en Mercasevilla
La magistrada Mercedes Alaya tomará declaración a los tres directivos para que aclaren los detalles del concurso público para la venta de terrenos que calificó en un auto como "ilegal" y "antieconómico", puesto que Sanma, filial de Sando, lo ganó pese a no presentar la mejor oferta. Mientras que el grupo Noga ofreció 158 millones y Sando tan sólo 106, esta última se alzó con el concurso. El pasado octubre la Policía Judicial informó a la juez de los directivos que intervinieron en el contrato de derecho de superficie de 2005, de ahí su imputación en el auto dictado el pasado seis de noviembre.
Sando se hizo con el contrato de derecho de superficie tras llegar a un acuerdo con Mercasevilla y la constructora Larena98. Fernando Mellet, director de la empresa municipal por aquel entonces, impulsó el traspaso del derecho de superficie. Ahora Mellet está imputado junto al asesor jurídico Jorge Piñero y los técnicos María Victoria Bustamante y José Antonio Ripollés.
Mientras, la juez ordenó en este último auto que la Gerencia de Urbanismo informe a través del área de Vía Pública de las obras contratadas por Sando con el Ayuntamiento. La magistrada especifica que el Consistorio debe facilitar las obras contratadas sólo desde 2003, "fecha en la que Domingo Enrique Castaño [ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín], comenzó a ejercer funciones de Director de la citada área de Vía Pública". Desde el pasado verano, el Partido Popular ha señalado a Castaño como el cerebro del "concurso fraudulento" fraguado entre Mercasevilla y Sando. Tras ganar el concurso, Sando contrató a Castaño hasta que hace semanas prescindió de sus servicios.
Además, la juez pide en su auto al registrador de la propiedad de Málaga la historia registral de Sando para analizar toda la documentación que pueda resultar relevante.
Por otra parte, el PP denunció que Sando pagó parte del ERE de Mercasevilla condicionado a la posible adjudicación de la construcción del nuevo mercado en la zona de Majarabique, aún pendiente de construirse, informó Efe. El PP afirma que los acuerdos firmados entre Mercasevilla y Sando incluyen pagos de la constructora, varias cláusulas y estipulaciones de relevancia para la investigación, por lo que le ha dado traslado al juzgado. Además de un pago a cuenta de cinco millones por la opción de compra, el portavoz popular Beltrán Pérez denunció que "retorcieron" las cláusulas del acuerdo hasta recoger que Sando, si se le adjudicara la construcción del nuevo mercado, "y sin tener nada que ver" con el futuro traslado de sede, asumiría los costes de "reciclaje profesional" de la plantilla. Entre ellos el plan de prejubilaciones derivado del ERE de 2007 en Mercasevilla. "¿Qué hace una constructora pagando el ERE de una empresa pública?", interrogó Pérez.
elpaís.com
El PP denuncia que Sando pagó parte del ERE de 2007 en Mercasevilla
La magistrada Mercedes Alaya tomará declaración a los tres directivos para que aclaren los detalles del concurso público para la venta de terrenos que calificó en un auto como "ilegal" y "antieconómico", puesto que Sanma, filial de Sando, lo ganó pese a no presentar la mejor oferta. Mientras que el grupo Noga ofreció 158 millones y Sando tan sólo 106, esta última se alzó con el concurso. El pasado octubre la Policía Judicial informó a la juez de los directivos que intervinieron en el contrato de derecho de superficie de 2005, de ahí su imputación en el auto dictado el pasado seis de noviembre.
Sando se hizo con el contrato de derecho de superficie tras llegar a un acuerdo con Mercasevilla y la constructora Larena98. Fernando Mellet, director de la empresa municipal por aquel entonces, impulsó el traspaso del derecho de superficie. Ahora Mellet está imputado junto al asesor jurídico Jorge Piñero y los técnicos María Victoria Bustamante y José Antonio Ripollés.
Mientras, la juez ordenó en este último auto que la Gerencia de Urbanismo informe a través del área de Vía Pública de las obras contratadas por Sando con el Ayuntamiento. La magistrada especifica que el Consistorio debe facilitar las obras contratadas sólo desde 2003, "fecha en la que Domingo Enrique Castaño [ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín], comenzó a ejercer funciones de Director de la citada área de Vía Pública". Desde el pasado verano, el Partido Popular ha señalado a Castaño como el cerebro del "concurso fraudulento" fraguado entre Mercasevilla y Sando. Tras ganar el concurso, Sando contrató a Castaño hasta que hace semanas prescindió de sus servicios.
Además, la juez pide en su auto al registrador de la propiedad de Málaga la historia registral de Sando para analizar toda la documentación que pueda resultar relevante.
Por otra parte, el PP denunció que Sando pagó parte del ERE de Mercasevilla condicionado a la posible adjudicación de la construcción del nuevo mercado en la zona de Majarabique, aún pendiente de construirse, informó Efe. El PP afirma que los acuerdos firmados entre Mercasevilla y Sando incluyen pagos de la constructora, varias cláusulas y estipulaciones de relevancia para la investigación, por lo que le ha dado traslado al juzgado. Además de un pago a cuenta de cinco millones por la opción de compra, el portavoz popular Beltrán Pérez denunció que "retorcieron" las cláusulas del acuerdo hasta recoger que Sando, si se le adjudicara la construcción del nuevo mercado, "y sin tener nada que ver" con el futuro traslado de sede, asumiría los costes de "reciclaje profesional" de la plantilla. Entre ellos el plan de prejubilaciones derivado del ERE de 2007 en Mercasevilla. "¿Qué hace una constructora pagando el ERE de una empresa pública?", interrogó Pérez.
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