La Fundación Iberemprende recibió al menos 600.000 euros de Inmigración Carlos Clemente durante un partido benéfico en Senegal.-D.B.
La relación entre Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración hasta finales de octubre de 2008, y Pablo Collado, mano derecha de Francisco Correa en Madrid, no se limita a las conversaciones cómplices incorporadas al sumario del caso Gürtel, en el que ambos figuran como imputados. Va más allá. La Fundación Iberemprende, creada en 2003 y cuyo secretario era Collado, recibió al menos dos cuantiosas subvenciones del departamento de Clemente para actividades en Colombia. Una, en 2006 por el programa Antioquia emprende, por un total de 472.132 euros y otra, en 2007 bajo el epígrafe Proyecto de formación para el autoempleo dirigido a mujeres en Colombia, por 150.000.
El socialista Contreras cree "muy llamativa la coincidencia"
La Fundación Iberemprende "apenas tiene actividad", según uno de sus portavoces, que no recuerda muy bien si han recibido otras ayudas de la Comunidad de Madrid desde 2007. Tiene una página web con varios enlaces rotos, pero en la que sigue figurando Collado como director general. A pesar de ello, la organización pactó la expulsión a Collado de su cargo cuando "saltó todo ese asunto, en febrero pasado, para que no perjudicase", explica este mismo portavoz que rehúsa dar su nombre. Iberemprende tiene su domicilio social en la Casa de Cantabria, según se anunció la fundación en Internet, pero Inmigración da la calle de Diego de León, 59, como lugar donde radica.
Fuentes muy cercanas a Carlos Clemente argumentan que desde 2005 su cargo no llevaba aparejado ni firma ni presupuesto, que las concesiones de subvenciones "no dependían ni en una coma de él" y que todos los pliegos se escrutan con mucha precisión a través de un grupo de académicos de la Universidad de Alcalá. También recuerdan que hay, nombrados por la propia consejería, unos delegados en cada país o zona de países que controlan en qué cosas se invierte el dinero. "Los euros que salen de España están muy controlados y también se trabaja de forma muy estrecha con la Agencia Española de Cooperación Internacional", insiste esta fuente.
La Consejería de Inmigración, a través de una portavoz, defiende la "absoluta legalidad de los dos proyectos". Explica que ambos se hicieron tras pasar "20.000 controles" y que en ambos casos la fundación contó con otras instituciones, como la Cámara de Comercio de Medellín o la Universidad Bolivariana para llevarlos a cabo. Sobre los programas en sí, la portavoz explica que el programa Antioquia emprende se creó para asesorar en la creación de empresas, para montar aulas de informática y escuelas de verano. En total, calculan que tuvo unos 4.000 beneficiarios. Al ser un programa que concluye en enero de 2010 sus cuentas no están fiscalizadas. Tampoco el otro proyecto las tiene revisadas, porque las mandaron hace dos semanas. Sobre éste, ponen de manifiesto que benefició a 210 mujeres y que aportó capital para la creación de 25 empresas.
El diputado socialista Francisco Contreras no comparte este análisis. "Es cuando menos llamativo que aparezca el nombre de este señor entre los favorecidos por una subvención", subraya el parlamentario regional, que duda mucho de los "mecanismos de control de la consejería". Aseguran que aparecían criterios "no muy claros" en esa y otras adjudicaciones de ayudas, que en un porcentaje muy alto se destinan a Colombia y las gestionan organizaciones muy ligadas a grupos de integristas religiosos católicos, como los Legionarios de Cristo.
Tras abandonar el cargo de viceconsejero, Clemente medió con la Consejería de Inmigración para garantizar que se siguiera contratando a las empresas de Correa, entonces representadas en Madrid por Collado, según las conversaciones incorporadas al sumario del caso Gürtel. También figura su nombre en otra charla entre Francisco Correa y Pablo Collado, en la que el principal cabecilla de la trama pregunta si Clemente ha dejado firmado todo lo que tenía que firmar antes de abandonar su puesto, el 23 de octubre de 2008.
El conocimiento mutuo entre Carlos Clemente y Pablo Collado se remonta a sus primeros tiempos posuniversitarios. Entonces, Clemente estaba en la rama juvenil popular, Nuevas Generaciones, y Collado presidía la Asociación de Jóvenes Empresarios de España. Previamente, lo fue de la de Baleares. En las islas también ocupó algunos altos cargos en la Administración de Jaume Matas. Fue director general de la empresa pública Baleares Sostenible. Su padre, también en el Gobierno popular de Matas, fue imputado en junio de 2009 por malversación cuando dirigía la Empresa Funeraria Municipal de Palma.
Carlos Clemente -que cuando abandonó la viceconsejería de Inmigración recibió la medalla de oro de la Comunidad de Madrid de manos de su presidenta Aguirre- está imputado, entre otras cosas, por recibir supuestamente un sobre con 6.000 euros de Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la trama. También figura su apellido en la contabilidad secreta del entramado. Allí, figura una asignación de 10.000 euros en dinero B.
elpaís.com
El socialista Contreras cree "muy llamativa la coincidencia"
La Fundación Iberemprende "apenas tiene actividad", según uno de sus portavoces, que no recuerda muy bien si han recibido otras ayudas de la Comunidad de Madrid desde 2007. Tiene una página web con varios enlaces rotos, pero en la que sigue figurando Collado como director general. A pesar de ello, la organización pactó la expulsión a Collado de su cargo cuando "saltó todo ese asunto, en febrero pasado, para que no perjudicase", explica este mismo portavoz que rehúsa dar su nombre. Iberemprende tiene su domicilio social en la Casa de Cantabria, según se anunció la fundación en Internet, pero Inmigración da la calle de Diego de León, 59, como lugar donde radica.
Fuentes muy cercanas a Carlos Clemente argumentan que desde 2005 su cargo no llevaba aparejado ni firma ni presupuesto, que las concesiones de subvenciones "no dependían ni en una coma de él" y que todos los pliegos se escrutan con mucha precisión a través de un grupo de académicos de la Universidad de Alcalá. También recuerdan que hay, nombrados por la propia consejería, unos delegados en cada país o zona de países que controlan en qué cosas se invierte el dinero. "Los euros que salen de España están muy controlados y también se trabaja de forma muy estrecha con la Agencia Española de Cooperación Internacional", insiste esta fuente.
La Consejería de Inmigración, a través de una portavoz, defiende la "absoluta legalidad de los dos proyectos". Explica que ambos se hicieron tras pasar "20.000 controles" y que en ambos casos la fundación contó con otras instituciones, como la Cámara de Comercio de Medellín o la Universidad Bolivariana para llevarlos a cabo. Sobre los programas en sí, la portavoz explica que el programa Antioquia emprende se creó para asesorar en la creación de empresas, para montar aulas de informática y escuelas de verano. En total, calculan que tuvo unos 4.000 beneficiarios. Al ser un programa que concluye en enero de 2010 sus cuentas no están fiscalizadas. Tampoco el otro proyecto las tiene revisadas, porque las mandaron hace dos semanas. Sobre éste, ponen de manifiesto que benefició a 210 mujeres y que aportó capital para la creación de 25 empresas.
El diputado socialista Francisco Contreras no comparte este análisis. "Es cuando menos llamativo que aparezca el nombre de este señor entre los favorecidos por una subvención", subraya el parlamentario regional, que duda mucho de los "mecanismos de control de la consejería". Aseguran que aparecían criterios "no muy claros" en esa y otras adjudicaciones de ayudas, que en un porcentaje muy alto se destinan a Colombia y las gestionan organizaciones muy ligadas a grupos de integristas religiosos católicos, como los Legionarios de Cristo.
Tras abandonar el cargo de viceconsejero, Clemente medió con la Consejería de Inmigración para garantizar que se siguiera contratando a las empresas de Correa, entonces representadas en Madrid por Collado, según las conversaciones incorporadas al sumario del caso Gürtel. También figura su nombre en otra charla entre Francisco Correa y Pablo Collado, en la que el principal cabecilla de la trama pregunta si Clemente ha dejado firmado todo lo que tenía que firmar antes de abandonar su puesto, el 23 de octubre de 2008.
El conocimiento mutuo entre Carlos Clemente y Pablo Collado se remonta a sus primeros tiempos posuniversitarios. Entonces, Clemente estaba en la rama juvenil popular, Nuevas Generaciones, y Collado presidía la Asociación de Jóvenes Empresarios de España. Previamente, lo fue de la de Baleares. En las islas también ocupó algunos altos cargos en la Administración de Jaume Matas. Fue director general de la empresa pública Baleares Sostenible. Su padre, también en el Gobierno popular de Matas, fue imputado en junio de 2009 por malversación cuando dirigía la Empresa Funeraria Municipal de Palma.
Carlos Clemente -que cuando abandonó la viceconsejería de Inmigración recibió la medalla de oro de la Comunidad de Madrid de manos de su presidenta Aguirre- está imputado, entre otras cosas, por recibir supuestamente un sobre con 6.000 euros de Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la trama. También figura su apellido en la contabilidad secreta del entramado. Allí, figura una asignación de 10.000 euros en dinero B.
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