El abogado de la exjefa de servicio se contenta con su liberación y frenará el recurso que pedía rebajar la fianza de 200.000 euros
RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.
Siete meses y medio lleva el 'caso Renedo' acaparando la atención de los medios de comunicación y evidenciando que en Asturias hay jueces y policías dispuestos a investigar a consejeros, directores generales, altos funcionarios y empresarios. El ejemplo está calando y «ya son varios los empleados públicos que de forma anónima o personal, con más o menos documentación, se acercan a la comisaría para denunciar presuntos ilícitos de los que vienen siendo testigos», desvela un investigador al que se ha ordenado verificar parte de estas nuevas acusaciones de corrupción.
El propio desarrollo del 'caso Renedo' ha dado pie a ello. El asunto se originó entorno a Marta Renedo, una exjefa de servicio que entre 2003 y 2010 habría presuntamente desplegado hasta cuatro métodos distintos para desviarse fondos públicos. El más lucrativo de ellos pasaría por promover adjudicaciones de contratos menores a una sociedad de la que era administradora única. Bastaba con introducir el nombre de la funcionaria en servicios de internet como Axesor o Einforma -especializados en información mercantil- para descubrir que era dueña de una empresa increíble, capaz de generar 1.008 euros al día de ingresos con apenas un trabajador reconocido. Así, el caso ha puesto de manifiesto que la Administración regional carece de sistemas de control que le adviertan de quién está detrás de las empresas con las que firma contratos.
Tras constatar este 'agujero' la primera instructora, Ana López Pandiella, optó por no limitar el caso a los manejos de Renedo. Aprovechando el auxilio judicial prestado por la Agencia Tributaria, amplió la investigación a cada uno de los 35.000 empleados públicos y sus respectivas familias. Utilizando una base de datos con la identidad de todos ellos, solicitó que los técnicos de Hacienda comprobasen cuántos tienen participaciones en empresas que se adjudican contratos públicos, subvenciones, o mantienen relaciones comerciales con suministradores del Principado.
Finalmente, y con la ayuda de la Brigada de Policía Judicial, los resultados iniciales se han ido cribando hasta centrarse en una docena larga de sociedades. El Gobierno regional ya ha entregado los expedientes de contratación que autorizaron la entrega de dinero a estas firmas, todas ellas vinculadas por lazos familiares a ex altos cargos y funcionarios de nivel dentro de la anterior administración. El levantamiento del secreto de sumario que pesa sobre esta pieza «es cuestión de días o semanas», avanzan desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo.
Florida Arena e Igrafo
La ambición investigadora, así como las nuevas denuncias, amenazan con crear un escenario que el actual instructor, Ángel Sorando Pinilla, ha tratado de combatir. «Esta no es ni puede ser una causa general contra la corrupción en Asturias, ni este es el único juzgado de instrucción del Principado», escribió en un auto del pasado junio en el cual reafirmaba su decisión de desgajar del sumario principal una docena de piezas que remitió a distintos juzgados del Principado.
La ambición investigadora, así como las nuevas denuncias, amenazan con crear un escenario que el actual instructor, Ángel Sorando Pinilla, ha tratado de combatir. «Esta no es ni puede ser una causa general contra la corrupción en Asturias, ni este es el único juzgado de instrucción del Principado», escribió en un auto del pasado junio en el cual reafirmaba su decisión de desgajar del sumario principal una docena de piezas que remitió a distintos juzgados del Principado.
La decisión acaba de ser refrendada por la Audiencia Provincial, pero su respaldo podría revelarse insuficiente. Parte de los juzgados de instrucción que por turno de reparto recibieron las piezas del 'caso Renedo' han aprovechado la potestad que tienen para rechazarlos. Es el caso, por ejemplo, de la pieza relativa al presunto trato de favor que Igrafo pudo haber tenido en el Florida Arena, cuya documentación está ya de vuelta en Instrucción 2 de Oviedo. En manos de su titular queda archivarla o asumir que, si no la investiga él, probablemente nadie lo hará.
El trabajo se le complica así a Sorando, quien, según ha podido saber EL COMERCIO, podría recibir en las próximas semanas una investigación iniciada en otro Juzgado de Instrucción sobre contrataciones realizadas desde la extinta Consejería de Medio Rural y Pesca. Los presuntos ilícitos habrían sido denunciados en este caso por un empleado del propio departamento.
A la espera de este traslado y de que sigan verificándose las nuevas denuncias, la actualidad del caso pasa por el interrogatorio al que está citada hoy, lunes, la exconsejera Ana Rosa Migoya, quien declara como testigo, sin asistencia letrada, y bajo la obligación de decir la verdad y responder a cuantas preguntas le hagan el instructor y las partes personadas en el caso. Entre ellas están los abogados del Principado, Bloque por Asturies, Agrupación de vecinos y amigos de Llanes (Avall) y el Partido Progresista de Belmonte.
Posible vuelta a Villabona
La situación procesal de su exsubordinada Marta Renedo también está sujeta a debate. Aunque salió en libertad bajo fianza de 200.000 euros el miércoles, hay dos frentes abiertos sobre esta garantía. Por un lado, una acusación particular ha recurrido solicitando a la Audiencia Provincial que eleve la cantidad hasta los 500.000 euros. En caso de que el tribunal le de la razón, la funcionaria dispondría de un periodo de entre cinco y diez días para satisfacer las nuevas garantías o regresar a Villabona.
La situación procesal de su exsubordinada Marta Renedo también está sujeta a debate. Aunque salió en libertad bajo fianza de 200.000 euros el miércoles, hay dos frentes abiertos sobre esta garantía. Por un lado, una acusación particular ha recurrido solicitando a la Audiencia Provincial que eleve la cantidad hasta los 500.000 euros. En caso de que el tribunal le de la razón, la funcionaria dispondría de un periodo de entre cinco y diez días para satisfacer las nuevas garantías o regresar a Villabona.
El otro frente se va ha encargar de cerrarlo el abogado de la imputada, Luis Tuero. En su momento, el letrado interpuso un recurso de reforma subsidiario de apelación exigiendo que la fianza quedase en 50.000 euros. Dado que la solicitud no fue estimada hasta esa cuantía, la petición será elevada a la Audiencia Provincial para que la examine. Sin embargo y con la cliente ya en la calle, «pienso desistir para dejarlo ya así», adelanta Tuero.
elcomercio.es
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