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| La diputada Ana Rosa Migoya acudió, ayer por la mañana, a declarar en el juzgado de instrucción número 2 de Oviedo. En la foto, en el momento de entrar. PABLO LORENZANA |
La diputada declara que tuvo conocimiento de las actividades irregulares «en febrero de 2010»
Pilar CAMPO OVIEDO
La diputada y ex portavoz del Gobierno socialista, Ana Rosa Migoya, se desvinculó ayer de cualquier relación con la presunta trama en la adjudicación de contratos en la administración del Principado que investiga el juzgado de instrucción 2 de Oviedo. Ante su titular, el magistrado-juez Ángel Sorando, reiteró que ni conocía a la funcionaria Marta Renedo, ni supo de las presuntas actividades irregulares que estaba realizando desde su jefatura de servicio en la Dirección General de Modernización, hasta “principios de febrero de 2010”. En esa fecha, el ex director general de este departamento, Alberto Pérez Cueto, le comunicó sus sospechas tras comprobar la falsificación de su firma para validar la adjudicación de un contrato para una empresa ficticia que gestionaba la funcionaria. Su reacción fue cesarla inmediatamente y presentar una denuncia ante la Fiscalía.
La ex consejera ratificaba así en sede judicial la misma línea argumental que ha venido sosteniendo desde que estalló el escándalo por el que están imputados el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero, la ex funcionaria Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín).
Ana Rosa Migoya comparecía como testigo ante el magistrado-juez. Aunque algunas acusaciones populares habían solicitado que acudiera en calidad de imputada, el magistrado-juez rechazó esta posibilidad. Sin embargo, paradójicamente, según resaltaron las acusaciones al término de la declaración, Sorando le advirtió expresamente que podía acogerse a su derecho a no contestar; una posibilidad que jamás se concede a los testigos que son los que tienen la obligación de decir la verdad.
Esta recomendación judicial fue interpretada, en medios jurídicos, como “una forma de preservar la continuidad de la causa en el juzgado porque si apreciaba algún indicio habría que parar inmediatamente la declaración para su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dada su condición de aforada”. Fuentes jurídicas consultadas admitieron que esta advertencía es algo “muy poco habitual”.
La Fiscalía y algunas defensas no formularon preguntas. A su salida del juzgado, Migoya recalcó que había acudido a “comparecer en calidad de testigo en el ánimo de colaborar con la Justicia”. Indicó que había contestado a todas las preguntas que le habían formulado relativas a las actuaciones de las que tenía conocimiento por su responsabilidad, si bien eludió especificar sus respuestas ya que iban dirigidas “a las partes personadas y no romperé ese criterio”, corroboró.
Fuentes jurídicas afirmaron que, durante su declaración, la ex consejera admitió que había firmado la validación de algunas facturas, como la de la empresa fantasma Oxiplans, al dar por buena la autorización previa del departamento correspondiente.
La ex consejera ratificaba así en sede judicial la misma línea argumental que ha venido sosteniendo desde que estalló el escándalo por el que están imputados el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero, la ex funcionaria Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín).
Ana Rosa Migoya comparecía como testigo ante el magistrado-juez. Aunque algunas acusaciones populares habían solicitado que acudiera en calidad de imputada, el magistrado-juez rechazó esta posibilidad. Sin embargo, paradójicamente, según resaltaron las acusaciones al término de la declaración, Sorando le advirtió expresamente que podía acogerse a su derecho a no contestar; una posibilidad que jamás se concede a los testigos que son los que tienen la obligación de decir la verdad.
Esta recomendación judicial fue interpretada, en medios jurídicos, como “una forma de preservar la continuidad de la causa en el juzgado porque si apreciaba algún indicio habría que parar inmediatamente la declaración para su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dada su condición de aforada”. Fuentes jurídicas consultadas admitieron que esta advertencía es algo “muy poco habitual”.
La Fiscalía y algunas defensas no formularon preguntas. A su salida del juzgado, Migoya recalcó que había acudido a “comparecer en calidad de testigo en el ánimo de colaborar con la Justicia”. Indicó que había contestado a todas las preguntas que le habían formulado relativas a las actuaciones de las que tenía conocimiento por su responsabilidad, si bien eludió especificar sus respuestas ya que iban dirigidas “a las partes personadas y no romperé ese criterio”, corroboró.
Fuentes jurídicas afirmaron que, durante su declaración, la ex consejera admitió que había firmado la validación de algunas facturas, como la de la empresa fantasma Oxiplans, al dar por buena la autorización previa del departamento correspondiente.
lavozdeasturias.es
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