TRIBUNALESFabra, en su primera vez que acudió a los Juzgados, en 2006. ELMUNDO.es
* La acusación popular la ejerce la Unión de Consumidores
* Pide 13 años para la esposa de Fabra, María Amparo Fernández
* Pide 13 años para la esposa de Fabra, María Amparo Fernández
Este martes se cumple el plazo para que todas las partes interesadas en el caso Fabra, que afecta al presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en dicha provincia, aporten sus escritos de calificación de los hechos al Juzgado de Instrucción 1 de Nules. La acusación popular que ejerce la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ha solicitado un total de 20 años de prisión por la confluencia de presuntos delitos que imputan a Fabra, tipificados en el Código Penal como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de dinero y varios delitos fiscales.
Según han confirmado fuentes de la acusación popular, este lunes presentaron su escrito en el que solicitan para Carlos Fabra tres años y tres meses de prisión por un presunto delito continuado de cohecho y otros tres años y tres meses por presunto blanqueo de dinero. A la vez, pide para el presidente de la Diputación de Castellón dos años y medio por cada uno de los cinco presuntos delitos fiscales por drefraudar presuntamente a Hacienda cerca de un millón de euros, y un año de cárcel por presunto tráfico de influencias. Todo ello suma 20 años de prisión, a la par que se pide la inhabilitación de seis años para seguir ocupando cargo público y una multa de 22 millones de euros.
Las mismas fuentes han confirmado que para la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, la acusación popular pide 13 años y tres meses por presuntos delitos fiscales y blanqueo de dinero; y para el empresario que denunció el caso Vicente Vilar y su ex esposa, Montserrat Vives, le imputan cochecho impropio.
Desde la acusación popular añaden que han solicitado también la petición de un año de pena para funcionarios públicos, por tráfico de influencias, además de multa e inhabilitación, así como para los directores de banco que imputaban desde esta parte, para lo que piden un delito de blanqueo de dinero. Se da la circunstancia de que el juez del 1 de Nules, Jacobo Pin, rechazó todos los recursos presentados tanto por Fabra como por la acusación popular sobre la decisión de iniciar procedimiento con jurado. A la UCE le desestimó la acusación de los funcionarios y diretores de banco de los que recelaba, pero la desestimación está recurrida ante el propio juez y ante la Audiencia Provincial, por lo que la acusación popular debe mantener en su escito de acusación las penas que se solicitan para ellos.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción todavía no ha mostrado el acuse de recibo del auto judicial trasladado por el juzgado, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El caso Fabra comenzó en diciembre de 2003 y en los últimos meses, desde que asumió la titularidad del Juzgado de Instrucción 1 de Nules Jacobo Pin, ha avanzado más que en seis años. Las partes están a la espera de que el magistrado fije una fecha para el juicio.
Además
* Siete años del caso Fabra
* Fiscalía recibe documentación que faltaba para pedir la pena
elmundo.es
Según han confirmado fuentes de la acusación popular, este lunes presentaron su escrito en el que solicitan para Carlos Fabra tres años y tres meses de prisión por un presunto delito continuado de cohecho y otros tres años y tres meses por presunto blanqueo de dinero. A la vez, pide para el presidente de la Diputación de Castellón dos años y medio por cada uno de los cinco presuntos delitos fiscales por drefraudar presuntamente a Hacienda cerca de un millón de euros, y un año de cárcel por presunto tráfico de influencias. Todo ello suma 20 años de prisión, a la par que se pide la inhabilitación de seis años para seguir ocupando cargo público y una multa de 22 millones de euros.
Las mismas fuentes han confirmado que para la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, la acusación popular pide 13 años y tres meses por presuntos delitos fiscales y blanqueo de dinero; y para el empresario que denunció el caso Vicente Vilar y su ex esposa, Montserrat Vives, le imputan cochecho impropio.
Desde la acusación popular añaden que han solicitado también la petición de un año de pena para funcionarios públicos, por tráfico de influencias, además de multa e inhabilitación, así como para los directores de banco que imputaban desde esta parte, para lo que piden un delito de blanqueo de dinero. Se da la circunstancia de que el juez del 1 de Nules, Jacobo Pin, rechazó todos los recursos presentados tanto por Fabra como por la acusación popular sobre la decisión de iniciar procedimiento con jurado. A la UCE le desestimó la acusación de los funcionarios y diretores de banco de los que recelaba, pero la desestimación está recurrida ante el propio juez y ante la Audiencia Provincial, por lo que la acusación popular debe mantener en su escito de acusación las penas que se solicitan para ellos.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción todavía no ha mostrado el acuse de recibo del auto judicial trasladado por el juzgado, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El caso Fabra comenzó en diciembre de 2003 y en los últimos meses, desde que asumió la titularidad del Juzgado de Instrucción 1 de Nules Jacobo Pin, ha avanzado más que en seis años. Las partes están a la espera de que el magistrado fije una fecha para el juicio.
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* Fiscalía recibe documentación que faltaba para pedir la pena
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