Los acusados del 'caso Nevada'. | Jesús García Hinchado
Efe | Granada
El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha condenado a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo de Armilla por un delito de prevaricación urbanística relacionado con la tramitación irregular del centro comercial Nevada, han informado a Efe fuentes judiciales.
La sentencia, cuyo contenido no ha trascendido al no haber sido aún notificada a las partes, condena también a Tomás Olivo, promotor del centro comercial, a siete meses de cárcel, siete años de inhabilitación y multa por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción, en zona verde, de la zona del centro comercial conocida como el laboratorio.
El resto de los acusados -los cuatro concejales miembros de la junta de gobierno local que otorgaron, con su voto a favor, la licencia de obras, dos arquitectos técnicos y dos abogados- han sido absueltos.
La sentencia, que acuerda también derribar la parte del centro comercial que invadía zona verde, absuelve al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, de los otros dos delitos que les atribuía la Fiscalía: infidelidad en la custodia de documento público y un segundo delito de prevaricación urbanística por la aprobación del plan parcial.
elmundo.es
La sentencia, cuyo contenido no ha trascendido al no haber sido aún notificada a las partes, condena también a Tomás Olivo, promotor del centro comercial, a siete meses de cárcel, siete años de inhabilitación y multa por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción, en zona verde, de la zona del centro comercial conocida como el laboratorio.
El resto de los acusados -los cuatro concejales miembros de la junta de gobierno local que otorgaron, con su voto a favor, la licencia de obras, dos arquitectos técnicos y dos abogados- han sido absueltos.
La sentencia, que acuerda también derribar la parte del centro comercial que invadía zona verde, absuelve al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, de los otros dos delitos que les atribuía la Fiscalía: infidelidad en la custodia de documento público y un segundo delito de prevaricación urbanística por la aprobación del plan parcial.
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