Efe | Málaga
El caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín investiga una operación de compraventa de una finca que sufrió un importante incremento de valor al pasar de 180.303 euros en septiembre de 1999 a 6.774.588 euros en marzo de 2004.
Según consta en el sumario de las actuaciones, al que ha tenido acceso Efe, se indaga la presunta operación especulativa de la finca 'Cortijo Salto', debido al aumento de valor que sufrió en cinco años pese a estar clasificada como terreno rústico y dedicada únicamente al cultivo y explotación del olivo.
De las investigaciones practicadas "solamente se desprende como hipótesis lógica para justificar tan cuantioso incremento de valor", el hecho de que existiesen unas "fundadas expectativas" de poder ver modificada su condición de rústico a urbanizable, señala.
Esta reclasificación, que estaba prevista en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se presentó a los compradores y ahora propietarios, los cuales se dedican principalmente a negocios inmobiliarios.
En un informe de la Guardia Civil figura que la mencionada operación de compraventa era "conocida" por el entonces alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, quien adjudicó la elaboración del avance del PGOU a unos arquitectos de Huelva, que también fueron los adjudicatarios de la redacción del documento, proyecto que abandonaron a petición del regidor.
Los investigadores mantienen que tras la venta de la finca se "ocultaban solamente intereses especulativos" que "debían ser conocidos" por el alcalde, quien "con su complacencia, posiblemente, alentaba las expectativas de los ahora propietarios", en el sentido de que un día podrían desarrollar en ella un importante proyecto urbanístico que rentabilizara su inversión.
En el sumario consta otra operación en la que "ha debido de tener una participación relevante" Martín Alba, relativa a la compraventa de un suelo rústico que, merced a un certificado con su visto bueno, pasa a inscribirse como urbano y autoriza la posterior construcción de 36 viviendas, "todo ello sin atender a la legal clasificación del suelo".
Deducen los investigadores que el ex alcalde podría haber sido "el verdadero comprador de la finca, de ahí el contrato a nombre de sus hijas", que éste posteriormente vendió a una promotora con un importante incremento, al pasar de 120.000 a 330.000 euros.
Por otro lado, las conversaciones telefónicas intervenidas en el procedimiento ponen de manifiesto, según los investigadores, la "connivencia" existente entre Martín Alba, el ex jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, y un gestor inmobiliario.
Estos tres han "consentido" y participado en la construcción de viviendas de nueva planta las cuales se "justifican y legalizan" en base a que en los lugares de construcción existían unas ruinas, indica.
Antecedentes
La trama caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín, que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía, y con una veintena de imputados, llevó a prisión a dos de ellos: el ex alcalde del municipio y el jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña.
Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.
Además
* Martín Alba otorgaba licencias con documentos falsos
* Un promotor devolvió a Martín Alba lo que pagó por una finca
* Abren diligencias para esclarecer el retraso del sumario
elmundo.es
Según consta en el sumario de las actuaciones, al que ha tenido acceso Efe, se indaga la presunta operación especulativa de la finca 'Cortijo Salto', debido al aumento de valor que sufrió en cinco años pese a estar clasificada como terreno rústico y dedicada únicamente al cultivo y explotación del olivo.
De las investigaciones practicadas "solamente se desprende como hipótesis lógica para justificar tan cuantioso incremento de valor", el hecho de que existiesen unas "fundadas expectativas" de poder ver modificada su condición de rústico a urbanizable, señala.
Esta reclasificación, que estaba prevista en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se presentó a los compradores y ahora propietarios, los cuales se dedican principalmente a negocios inmobiliarios.
En un informe de la Guardia Civil figura que la mencionada operación de compraventa era "conocida" por el entonces alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, quien adjudicó la elaboración del avance del PGOU a unos arquitectos de Huelva, que también fueron los adjudicatarios de la redacción del documento, proyecto que abandonaron a petición del regidor.
Los investigadores mantienen que tras la venta de la finca se "ocultaban solamente intereses especulativos" que "debían ser conocidos" por el alcalde, quien "con su complacencia, posiblemente, alentaba las expectativas de los ahora propietarios", en el sentido de que un día podrían desarrollar en ella un importante proyecto urbanístico que rentabilizara su inversión.
En el sumario consta otra operación en la que "ha debido de tener una participación relevante" Martín Alba, relativa a la compraventa de un suelo rústico que, merced a un certificado con su visto bueno, pasa a inscribirse como urbano y autoriza la posterior construcción de 36 viviendas, "todo ello sin atender a la legal clasificación del suelo".
Deducen los investigadores que el ex alcalde podría haber sido "el verdadero comprador de la finca, de ahí el contrato a nombre de sus hijas", que éste posteriormente vendió a una promotora con un importante incremento, al pasar de 120.000 a 330.000 euros.
Por otro lado, las conversaciones telefónicas intervenidas en el procedimiento ponen de manifiesto, según los investigadores, la "connivencia" existente entre Martín Alba, el ex jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, y un gestor inmobiliario.
Estos tres han "consentido" y participado en la construcción de viviendas de nueva planta las cuales se "justifican y legalizan" en base a que en los lugares de construcción existían unas ruinas, indica.
Antecedentes
La trama caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín, que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía, y con una veintena de imputados, llevó a prisión a dos de ellos: el ex alcalde del municipio y el jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña.
Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.
Además
* Martín Alba otorgaba licencias con documentos falsos
* Un promotor devolvió a Martín Alba lo que pagó por una finca
* Abren diligencias para esclarecer el retraso del sumario
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