Málaga | Europa Press
El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga tiene previsto juzgar el próximo martes día 15 al alcalde de la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco, Antonio Vegas Morales (PSOE), acusado de un delito de prevaricación urbanística por la concesión de una licencia de obras en suelo no urbanizable.
La vista se refiere a unos hechos de 1998, informaron fuentes judiciales. Según el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado, como alcalde de dicho municipio, dictó en junio de ese año un decreto de concesión de licencia de obras para la construcción de la estructura de una vivienda en una parcela.
La acusación sostiene que lo hizo "sin que se hubiesen realizado los preceptivos informes técnicos ni jurídicos, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo que regía tales expedientes de solicitud de licencia de obras", de forma que sólo constaba un informe técnico del arquitecto a "efectos de valoración".
Además, continúa el relato del ministerio público, la construcción de la vivienda no se podía autorizar "por estar clasificado el terreno donde se edificaba como suelo no urbanizable de especial protección" y estar calificado como "complejo ribereño de protección según las normas subsidiarias de planteamiento", aprobadas en 1997.
Para el ministerio fiscal, estos hechos constituyen un delito de prevaricación urbanística, por el que pide inicialmente para el regidor, según las conclusiones provisionales, una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 2.160 euros.
elmundo.es
La vista se refiere a unos hechos de 1998, informaron fuentes judiciales. Según el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado, como alcalde de dicho municipio, dictó en junio de ese año un decreto de concesión de licencia de obras para la construcción de la estructura de una vivienda en una parcela.
La acusación sostiene que lo hizo "sin que se hubiesen realizado los preceptivos informes técnicos ni jurídicos, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo que regía tales expedientes de solicitud de licencia de obras", de forma que sólo constaba un informe técnico del arquitecto a "efectos de valoración".
Además, continúa el relato del ministerio público, la construcción de la vivienda no se podía autorizar "por estar clasificado el terreno donde se edificaba como suelo no urbanizable de especial protección" y estar calificado como "complejo ribereño de protección según las normas subsidiarias de planteamiento", aprobadas en 1997.
Para el ministerio fiscal, estos hechos constituyen un delito de prevaricación urbanística, por el que pide inicialmente para el regidor, según las conclusiones provisionales, una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 2.160 euros.
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