Un juez condena a Esteban Bethencourt a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación
EFE - Las Palmas de Gran Canaria
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al ex alcalde de Valle de Gran Rey (La Gomera) y diputado regional de Coalición Canaria Esteban Bethencourt Gómez a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito de malversación de caudales públicos. Además, el ex alcalde deberá indemnizar al Ayuntamiento y asumir las costas procesales de todas las partes.
Bethencourt, que fue considerado culpable del delito de malversación de caudales públicos por un tribunal jurado, cobró del Ayuntamiento entre octubre de 1998 y noviembre de 1999 la cantidad de 8.383.000 pesetas (unos 50.382 euros) sin que en "ningún caso" justificase la razón, necesidad o utilidad de los desplazamientos efectuados, según los hechos probados. Asimismo, el condenado percibió el valor total de las dietas, incluso cuando no pernoctaba fuera de su domicilio.
El tribunal considera que la cantidad que el ex alcalde restituyó después de que se presentara la querella contra él (24.244 euros) no hace desaparecer el delito y sólo afecta a la responsabilidad civil y la individualizada de la pena.
Se trata del primer aforado de Canarias que ha sido considerado culpable por un tribunal jurado. La sentencia recoge que el delito de malversación lo comete aquella persona que teniendo la responsabilidad de la gestión de fondos públicos no ofrece a la entidad en cuestión la justificación de su destino.
CC
(Coalición Canaria)
A FONDO
Sede:
Santa Cruz de Tenerife (España)
Directivo:
Paulino Rivero Baute (Presidente)
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elpaís.com
Bethencourt, que fue considerado culpable del delito de malversación de caudales públicos por un tribunal jurado, cobró del Ayuntamiento entre octubre de 1998 y noviembre de 1999 la cantidad de 8.383.000 pesetas (unos 50.382 euros) sin que en "ningún caso" justificase la razón, necesidad o utilidad de los desplazamientos efectuados, según los hechos probados. Asimismo, el condenado percibió el valor total de las dietas, incluso cuando no pernoctaba fuera de su domicilio.
El tribunal considera que la cantidad que el ex alcalde restituyó después de que se presentara la querella contra él (24.244 euros) no hace desaparecer el delito y sólo afecta a la responsabilidad civil y la individualizada de la pena.
Se trata del primer aforado de Canarias que ha sido considerado culpable por un tribunal jurado. La sentencia recoge que el delito de malversación lo comete aquella persona que teniendo la responsabilidad de la gestión de fondos públicos no ofrece a la entidad en cuestión la justificación de su destino.
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