* La ex presidenta del Consell dijo que no querían guetos
* El juez le aclaró:'Las VPO no son para gente marginada'
Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma
En uno de los pasajes más intensos y elocuentes del interrogatorio judicial al que fue sometida Maria Antònia Munar el lunes de la semana pasada como imputada en el caso Can Domenge, el juez del Tribunal Superior de Justicia que investiga el escándalo reprochó a la presidenta del Parlament que el Consell que ella presidía ignorase la ley autonómica que regula la venta de patrimonio público y no primase la edificación de viviendas de protección oficial al poner a la venta el mejor solar público de la institución. Una parcela que se acabó vendiendo por la mitad de su valor real y cuya venta se está enjuiciando al detectar una juez indicios de malversación de 30 millones de euros públicos, prevaricación y fraude a la administración pública.
Así lo refleja la transcripción de la comparecencia de la que fuera presidenta del Consell durante 12 años. Una comparecencia que duró 1 hora y 50 minutos y cuya transcripción ella misma revisó pormernorizadamente.
Según queda reflejado en ella, el veterano magistrado Francisco Javier Muñoz no se andó con rodeos cuando, a mitad de interrogatorio, abordó el asunto de las viviendas de finalidad social. "¿Por qué no se destinó la finca a patrimonio público del suelo [una catalogación del suelo público para el que la ley impone "preferentemente" el uso social] dado que se había aprobado una Ley que obligaba a los consejos insulares y al Ayuntamiento a constituirlo?", inquirió incisivamente Muñoz. "Nadie me advirtió", replicó escuetamente la presidenta del Parlament.
Ante esa respuesta, el juez fue claro: "Le comunico que la ley es del 23 de diciembre del año anterior [a la venta de Can Domenge] y que es una ley que se debe conocer". Y de nuevo topó con una Munar autosuficiente. "En el Parlamento se aprueban muchas leyes a propuesta del gobierno, con [entonces] mayoría absoluta del Partido Popular, según creo recordar", alegó.
Además
* Opinión: La sombra de Can Domenge es alargada
elmundo.es
Así lo refleja la transcripción de la comparecencia de la que fuera presidenta del Consell durante 12 años. Una comparecencia que duró 1 hora y 50 minutos y cuya transcripción ella misma revisó pormernorizadamente.
Según queda reflejado en ella, el veterano magistrado Francisco Javier Muñoz no se andó con rodeos cuando, a mitad de interrogatorio, abordó el asunto de las viviendas de finalidad social. "¿Por qué no se destinó la finca a patrimonio público del suelo [una catalogación del suelo público para el que la ley impone "preferentemente" el uso social] dado que se había aprobado una Ley que obligaba a los consejos insulares y al Ayuntamiento a constituirlo?", inquirió incisivamente Muñoz. "Nadie me advirtió", replicó escuetamente la presidenta del Parlament.
Ante esa respuesta, el juez fue claro: "Le comunico que la ley es del 23 de diciembre del año anterior [a la venta de Can Domenge] y que es una ley que se debe conocer". Y de nuevo topó con una Munar autosuficiente. "En el Parlamento se aprueban muchas leyes a propuesta del gobierno, con [entonces] mayoría absoluta del Partido Popular, según creo recordar", alegó.
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