Contradicciones de Roselló en el 'caso Aguas de Calpe'
ARTURO RUIZ - Dénia
Por el momento, los dos principales imputados en el caso Aguas de Calpe, el antiguo concejal de suministro y diputado provincial del PP Juan Roselló y su cuñado, Francisco Artacho, no han logrado convencer a la juez de su inocencia en un caso por el que el Ayuntamiento de Calp habría pagado 1,1 millones de euros por obras que en parte no se hicieron.
El alcalde deberá declarar por supuestas amenazas a los socialistas
En una providencia de finales de marzo, la magistrada rechazó una petición de sobreseimiento formulada por Roselló para que le retirara los presuntos delitos que se le imputan -prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos- con el argumento de que cuando en 2004 se adjudicaron las obras él "era un simple concejal más". Así, Roselló no solo obviaba que era miembro del consejo de administración de Aguas de Calpe -y por lo tanto responsable de supervisar los proyectos- sino que los trabajos se le adjudicaron a la empresa de su cuñado, Obras Hidráulicas de Levante, que hasta ese momento se dedicaba al reparto de propaganda. Según la investigación, el sobrecoste se habría urdido precisamente cuando la firma de Artacho subcontrató a su vez a la mercantil Montubo, que fue la que realizó los trabajos.
Pese al vínculo familiar que les une, Roselló y Artacho se han empeñado en decir que no sabían nada del presunto fraude, lo que les ha llevado, sin embargo, a incurrir en algunas contradicciones, como también ha subrayado durante esta semana un informe jurídico interno del PSPV. Así, ante la declaración del propietario de Montubo, Salvador Ibarra, también imputado en el caso, de que se enteró del suculento proyecto para renovar la red durante una reunión celebrada en una feria de Zaragoza en febrero de 2004 en la que Artacho le dijo "prepárate porque mi cuñado tiene una obra importante en Calp", Roselló aduce que para esa época la ejecución de las obras "era un hecho notorio". Sin embargo, el proyecto no fue aprobado en pleno hasta un mes más tarde, en marzo.
El concejal del PP utiliza otros argumentos para su defensa: asegura que el resultado de las obras de la red es excelente (aunque un informe de la universidad asevera en cambio que un 50% de las secciones de las obras se encuentran en estado crítico o son inadecuadas) y subraya que el sobrecoste de 1,1 millones detectado por la Comisión de Precios de la Generalitat no se refería al proyecto ejecutado sino a uno anterior. Y añade que Aguas de Calpe era libre para encargar las actuaciones a la empresa que deseara, obviando que al ser una firma participada por capital público debe estar sujetada a criterios de publicidad y transparencia.
También Artacho ha optado por la estrategia de negar la mayor, aduciendo que nada sabía de las obras adjudicadas por el departamento que dirigía su cuñado ni del funcionamiento de Obras Hidráulicas de Levante.
Y el alcalde de Calp, el nacionalista Ximo Tur, será llamado a declarar ante el juez por las supuestas amenazas sufridas por el PSPV tras denunciar el presunto fraude.
ELPAÍS.COM
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Por el momento, los dos principales imputados en el caso Aguas de Calpe, el antiguo concejal de suministro y diputado provincial del PP Juan Roselló y su cuñado, Francisco Artacho, no han logrado convencer a la juez de su inocencia en un caso por el que el Ayuntamiento de Calp habría pagado 1,1 millones de euros por obras que en parte no se hicieron.
El alcalde deberá declarar por supuestas amenazas a los socialistas
En una providencia de finales de marzo, la magistrada rechazó una petición de sobreseimiento formulada por Roselló para que le retirara los presuntos delitos que se le imputan -prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos- con el argumento de que cuando en 2004 se adjudicaron las obras él "era un simple concejal más". Así, Roselló no solo obviaba que era miembro del consejo de administración de Aguas de Calpe -y por lo tanto responsable de supervisar los proyectos- sino que los trabajos se le adjudicaron a la empresa de su cuñado, Obras Hidráulicas de Levante, que hasta ese momento se dedicaba al reparto de propaganda. Según la investigación, el sobrecoste se habría urdido precisamente cuando la firma de Artacho subcontrató a su vez a la mercantil Montubo, que fue la que realizó los trabajos.
Pese al vínculo familiar que les une, Roselló y Artacho se han empeñado en decir que no sabían nada del presunto fraude, lo que les ha llevado, sin embargo, a incurrir en algunas contradicciones, como también ha subrayado durante esta semana un informe jurídico interno del PSPV. Así, ante la declaración del propietario de Montubo, Salvador Ibarra, también imputado en el caso, de que se enteró del suculento proyecto para renovar la red durante una reunión celebrada en una feria de Zaragoza en febrero de 2004 en la que Artacho le dijo "prepárate porque mi cuñado tiene una obra importante en Calp", Roselló aduce que para esa época la ejecución de las obras "era un hecho notorio". Sin embargo, el proyecto no fue aprobado en pleno hasta un mes más tarde, en marzo.
El concejal del PP utiliza otros argumentos para su defensa: asegura que el resultado de las obras de la red es excelente (aunque un informe de la universidad asevera en cambio que un 50% de las secciones de las obras se encuentran en estado crítico o son inadecuadas) y subraya que el sobrecoste de 1,1 millones detectado por la Comisión de Precios de la Generalitat no se refería al proyecto ejecutado sino a uno anterior. Y añade que Aguas de Calpe era libre para encargar las actuaciones a la empresa que deseara, obviando que al ser una firma participada por capital público debe estar sujetada a criterios de publicidad y transparencia.
También Artacho ha optado por la estrategia de negar la mayor, aduciendo que nada sabía de las obras adjudicadas por el departamento que dirigía su cuñado ni del funcionamiento de Obras Hidráulicas de Levante.
Y el alcalde de Calp, el nacionalista Ximo Tur, será llamado a declarar ante el juez por las supuestas amenazas sufridas por el PSPV tras denunciar el presunto fraude.
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