La formación popular afirma que hay una «persecución» judicial por parte de la Fiscalía
Rosa Estarás, presidenta del Partido Popular en BalearesJOSEP MARÍA AGUILÓ | PALMA DE MALLORCA
El portavoz del PP balear, Carlos Simarro, dio a conocer ayer que la formación popular presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia ante «las continuas filtraciones a los medios de comunicación» de documentos relativos al llamado «caso Scala», que investiga un presunto caso de corrupción que se habría producido en la pasada legislatura en el seno del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), órgano que dependía del consejero de Comercio, Josep Juan Cardona, que se halla imputado por este caso.
Según la anterior responsable del CDEIB, Antònia Ordinas, parte del dinero cobrado por la adjudicación irregular de contratos se habría destinado a la edición de publicidad electoral del PP en Ibiza, extremo que Simarro volvió a desmentir.
Arropado por la dirección regional del partido, con su presidenta Rosa Estaràs al frente, Simarro dijo que ahora habría «una persecución» judicial contra el PP.
Las citadas «filtraciones» estarían provocando «juicios paralelos» y una situación de «indefensión», al llegar a la prensa acusaciones que desconocen los propios imputados. Simarro defendió la «honorabilidad» de Cardona, y señaló que el objetivo de la Fiscalía sería «lesionar a la gente y a los partidos contrarios».
Preguntado por la posibilidad de que la Fiscalía pueda estar actuando de forma inversa en otros casos, en velada alusión a la actual presidenta del Parlamento balear, Maria Antònia Munar, y al «caso Son Oms», Simarro dijo que lo que contra el PP sería «persecución» en UM estaría siendo «salvaguarda».
Asimismo, afirmó que el PP ha actuado de forma «contundente» cuando ha habido presuntos casos de corrupción en su partido, y añadió que si desde el Gobierno balear se pide la dimisión de Cardona, debería pedirse también la del presidente del Consejo de Ibiza, el socialista Xicu Tarrés, y la de diversos cargos de UM
ABC.ES
El portavoz del PP balear, Carlos Simarro, dio a conocer ayer que la formación popular presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia ante «las continuas filtraciones a los medios de comunicación» de documentos relativos al llamado «caso Scala», que investiga un presunto caso de corrupción que se habría producido en la pasada legislatura en el seno del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), órgano que dependía del consejero de Comercio, Josep Juan Cardona, que se halla imputado por este caso.
Según la anterior responsable del CDEIB, Antònia Ordinas, parte del dinero cobrado por la adjudicación irregular de contratos se habría destinado a la edición de publicidad electoral del PP en Ibiza, extremo que Simarro volvió a desmentir.
Arropado por la dirección regional del partido, con su presidenta Rosa Estaràs al frente, Simarro dijo que ahora habría «una persecución» judicial contra el PP.
Las citadas «filtraciones» estarían provocando «juicios paralelos» y una situación de «indefensión», al llegar a la prensa acusaciones que desconocen los propios imputados. Simarro defendió la «honorabilidad» de Cardona, y señaló que el objetivo de la Fiscalía sería «lesionar a la gente y a los partidos contrarios».
Preguntado por la posibilidad de que la Fiscalía pueda estar actuando de forma inversa en otros casos, en velada alusión a la actual presidenta del Parlamento balear, Maria Antònia Munar, y al «caso Son Oms», Simarro dijo que lo que contra el PP sería «persecución» en UM estaría siendo «salvaguarda».
Asimismo, afirmó que el PP ha actuado de forma «contundente» cuando ha habido presuntos casos de corrupción en su partido, y añadió que si desde el Gobierno balear se pide la dimisión de Cardona, debería pedirse también la del presidente del Consejo de Ibiza, el socialista Xicu Tarrés, y la de diversos cargos de UM
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