PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN GETAFE
No está siendo el mejor año de Pedro Castro. Tras la polémica como presidente de la FEMP por llamar "tontos de los cojones" a los votantes del PP, ahora se enfrenta a una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias en la adjudicación de plazas de aparcamiento en Getafe.
Pedro Castro.
* Documentos: Asamblea de la cooperativa Gabriel y Galán
Contrato del aparcamiento de la calle Jilguero
Anexo al contrato de ejecución de obras
Firmas del concejal de Hacienda y del padre y el marido de la concejala de Obras
Intento de concesión del aval del ayuntamiento
Ingresos y gastos de la cooperativa Gabriel y Galán
Caso Getafe: la edil adjudicó el parking a la empresa de su marido, su padre y su madre
Una concejal de Getafe otorgó la construcción de un parking de 461 plazas a su marido
El Partido Popular de Getafe ha exigido la dimisión del alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, como “máximo responsable de la presunta trama de corrupción” en la adjudicación de 1.423 plazas de aparcamiento en el municipio, “que se realizó presuntamente con su connivencia y su complicidad”.
Esta petición llega tras aportar este martes nuevos datos que demuestran que “existe una vinculación, desde el inicio hasta el final, entre los adjudicatarios de los aparcamientos, la gestora responsable de los mismos y miembros del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Getafe, como el concejal de Hacienda, David Castro y la concejala de Obras y Servicios, Cristina González, así como el marido, el padre y la madre de esta última”, ha explicado Carlos González, portavoz del PP de Getafe.
El propio concejal de Hacienda fue el encargado de firmar el contrato de una de las adjudicatarias, Sociedad Cooperativa Jilguero 2005, en el que también aparecen las rúbricas del marido y del padre de la concejala de Obras y Servicios, Cristina González, tal y como se puede comprobar en el escrito desvelado por el Partido Popular.
Anexo al contrato
Entre los documentos difundidos públicos también se encuentra un “anexo al contrato privado para la ejecución de obras” para la construcción de los aparcamientos, que, dentro de su acuerdo segundo dice textualmente:
* “Por otro lado, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, en cuanto que se compromete a asumir las plazas que, a día 1 de enero de 2010, hubiera pendientes de vender y apoyar la continuidad de las obras”.
Igualmente, en actas de las asambleas generales de estas sociedades cooperativas se apunta también en esta dirección:
* “Quien toma la palabra es la gestora Roblepark, S.L, explicando el acuerdo adoptado con el Ayuntamiento de Getafe y que consiste en que, en enero del año 2010, será el propio Ayuntamiento el que asuma las plazas que quedasen por vender en dicha fecha”.
El portavoz popular se pregunta, “¿quién ha adoptado este acuerdo?, ¿por qué se llegó a este compromiso?, ¿qué saben estas empresas adjudicatarias y estas gestoras para que el Ayuntamiento se vea forzado a adquirir plazas de aparcamiento a entidades privadas?”.
“Desde que Roblepark S.L, en 2005, hizo los estudios de demanda de plazas de aparcamiento en el municipio, ¿qué sabía para finalmente convertirse en la gestora adjudicataria de 1.423 plazas de aparcamiento?, ¿qué sabían para que incluso afirmen que han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para que éste se quede con las plazas no vendidas en enero de 2010?, ¿qué sabían para que el Ayuntamiento quisiera a toda costa avalar a estas empresas con el dinero de todos los vecinos, aunque esto último finalmente fuera retirado de la Junta de Gobierno local, ante la posibilidad de incurrir en nuevos presuntos delitos de prevaricación?”, ha explicado Carlos González.
Además, el PP ha informado, basándose en el estado de cuentas de las cooperativas, que la gestora Roblepark S.L ha facturado más de 200.000 euros en concepto de gestión por cada uno de estos aparcamientos, en total unos 800.000 euros.
Expedientes mutilados
Asimismo, el Partido Popular ha denunciado que los documentos solicitados en el día de ayer en el marco de la comisión de investigación que se está llevando a cabo para esclarecer los hechos, “están mutilados e incompletos”.
Entre las irregularidades detectadas, los representantes del PP en la comisión han comprobado cómo “no han puesto a nuestra disposición el expediente de uno de los aparcamientos que afectan directamente al concejal David Castro, el de la calle Valdemorillo”.
En cuanto a los expedientes de los restantes cuatro aparcamientos “han sido mutilados. Les faltan las plicas originales de las empresas que se presentaron al concurso, y documentos acreditativos de la incompatibilidad y de la capacidad financiera y solvencia técnica de las empresas adjudicatarias”, señala Carlos González.
Tras estudiar los expedientes, “hemos constatado que gran parte de los socios gestores de estas cooperativas no están domiciliados en el área de influencia de los aparcamientos, una de las condiciones para optar a una plaza, según el pliego de condiciones”, ha adelantado el portavoz popular.
Asimismo, “hemos comprobado que todas las cooperativas adjudicatarias de estos aparcamientos presentaron la misma oferta en cada aparcamiento, con una diferencia de 900 euros entre la mayor y la menor, siendo para la avenida de Aragón de 15.982,01 euros; Gabriel y Galán, 15.660,74 euros; Jilguero, 15.014,60 euros y Plus Ultra, 15.708,66 euros. Lo que presuntamente demuestra es que todas ellas tenían una información privilegiada para llevarse la máxima puntuación en la oferta económica”.
LIBERTADDIGITAL.COM
* Documentos: Asamblea de la cooperativa Gabriel y Galán
Contrato del aparcamiento de la calle Jilguero
Anexo al contrato de ejecución de obras
Firmas del concejal de Hacienda y del padre y el marido de la concejala de Obras
Intento de concesión del aval del ayuntamiento
Ingresos y gastos de la cooperativa Gabriel y Galán
Caso Getafe: la edil adjudicó el parking a la empresa de su marido, su padre y su madre
Una concejal de Getafe otorgó la construcción de un parking de 461 plazas a su marido
El Partido Popular de Getafe ha exigido la dimisión del alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, como “máximo responsable de la presunta trama de corrupción” en la adjudicación de 1.423 plazas de aparcamiento en el municipio, “que se realizó presuntamente con su connivencia y su complicidad”.
Esta petición llega tras aportar este martes nuevos datos que demuestran que “existe una vinculación, desde el inicio hasta el final, entre los adjudicatarios de los aparcamientos, la gestora responsable de los mismos y miembros del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Getafe, como el concejal de Hacienda, David Castro y la concejala de Obras y Servicios, Cristina González, así como el marido, el padre y la madre de esta última”, ha explicado Carlos González, portavoz del PP de Getafe.
El propio concejal de Hacienda fue el encargado de firmar el contrato de una de las adjudicatarias, Sociedad Cooperativa Jilguero 2005, en el que también aparecen las rúbricas del marido y del padre de la concejala de Obras y Servicios, Cristina González, tal y como se puede comprobar en el escrito desvelado por el Partido Popular.
Anexo al contrato
Entre los documentos difundidos públicos también se encuentra un “anexo al contrato privado para la ejecución de obras” para la construcción de los aparcamientos, que, dentro de su acuerdo segundo dice textualmente:
* “Por otro lado, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, en cuanto que se compromete a asumir las plazas que, a día 1 de enero de 2010, hubiera pendientes de vender y apoyar la continuidad de las obras”.
Igualmente, en actas de las asambleas generales de estas sociedades cooperativas se apunta también en esta dirección:
* “Quien toma la palabra es la gestora Roblepark, S.L, explicando el acuerdo adoptado con el Ayuntamiento de Getafe y que consiste en que, en enero del año 2010, será el propio Ayuntamiento el que asuma las plazas que quedasen por vender en dicha fecha”.
El portavoz popular se pregunta, “¿quién ha adoptado este acuerdo?, ¿por qué se llegó a este compromiso?, ¿qué saben estas empresas adjudicatarias y estas gestoras para que el Ayuntamiento se vea forzado a adquirir plazas de aparcamiento a entidades privadas?”.
“Desde que Roblepark S.L, en 2005, hizo los estudios de demanda de plazas de aparcamiento en el municipio, ¿qué sabía para finalmente convertirse en la gestora adjudicataria de 1.423 plazas de aparcamiento?, ¿qué sabían para que incluso afirmen que han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para que éste se quede con las plazas no vendidas en enero de 2010?, ¿qué sabían para que el Ayuntamiento quisiera a toda costa avalar a estas empresas con el dinero de todos los vecinos, aunque esto último finalmente fuera retirado de la Junta de Gobierno local, ante la posibilidad de incurrir en nuevos presuntos delitos de prevaricación?”, ha explicado Carlos González.
Además, el PP ha informado, basándose en el estado de cuentas de las cooperativas, que la gestora Roblepark S.L ha facturado más de 200.000 euros en concepto de gestión por cada uno de estos aparcamientos, en total unos 800.000 euros.
Expedientes mutilados
Asimismo, el Partido Popular ha denunciado que los documentos solicitados en el día de ayer en el marco de la comisión de investigación que se está llevando a cabo para esclarecer los hechos, “están mutilados e incompletos”.
Entre las irregularidades detectadas, los representantes del PP en la comisión han comprobado cómo “no han puesto a nuestra disposición el expediente de uno de los aparcamientos que afectan directamente al concejal David Castro, el de la calle Valdemorillo”.
En cuanto a los expedientes de los restantes cuatro aparcamientos “han sido mutilados. Les faltan las plicas originales de las empresas que se presentaron al concurso, y documentos acreditativos de la incompatibilidad y de la capacidad financiera y solvencia técnica de las empresas adjudicatarias”, señala Carlos González.
Tras estudiar los expedientes, “hemos constatado que gran parte de los socios gestores de estas cooperativas no están domiciliados en el área de influencia de los aparcamientos, una de las condiciones para optar a una plaza, según el pliego de condiciones”, ha adelantado el portavoz popular.
Asimismo, “hemos comprobado que todas las cooperativas adjudicatarias de estos aparcamientos presentaron la misma oferta en cada aparcamiento, con una diferencia de 900 euros entre la mayor y la menor, siendo para la avenida de Aragón de 15.982,01 euros; Gabriel y Galán, 15.660,74 euros; Jilguero, 15.014,60 euros y Plus Ultra, 15.708,66 euros. Lo que presuntamente demuestra es que todas ellas tenían una información privilegiada para llevarse la máxima puntuación en la oferta económica”.
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