Niegan al PP copias para ocultar la rúbrica de su hija
* La Junta niega copias al PP para ocultar la rúbrica de Paula Chaves aceptando el incentivo
Manuel María Becerro | Sevilla
La Junta de Andalucía se negó ayer de nuevo en redondo a entregar al PP las copias del expediente del incentivo de casi 10,1 millones de euros concedido a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), la empresa en la que está apoderada la hija del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por el miedo a que los medios de comunicación tengan acceso a las mismas y reproduzcan tanto su firma aceptando el pasado 23 de febrero la ayuda que aprobó su padre como, sobre todo, el poder notarial que la habilitaba para ello.
Según volvieron a constatar ayer los dos diputados regionales del PP que revisaron el expediente, José Luis Rodríguez y Jorge Ramos, en el mismo figura un documento de apoderamiento a favor de Paula Chaves Iborra que está fechado el pasado 14 de enero, estos es, seis días antes de que su progenitor no se inhibiera en la reunión del Consejo de Gobierno y votara a favor de conceder la subvención, contra lo que le imponía el artículo 7 de la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta.
EL MUNDO ha tenido acceso a una copia de esta escritura, firmada en Sevilla, y que no fue inscrita en el Registro Mercantil de Huelva hasta el pasado 4 de marzo. En la misma se precisan las atribuciones de la hija del ahora ministro de Cooperación Territorial, pero en el fondo no se introducen variaciones significativas respecto del apoderamiento anterior, que –como adelantó este diario– se registró el 12 de noviembre de 2008.
Entonces, ¿por qué no se remitió una simple copia de aquel primer asiento registral a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía –IDEA–, o incluso la escritura del poder primigenio a favor de Paula Chaves que la validaba también para firmar la aceptación del incentivo? No se puede perder la vista la fecha de aprobación por el Consejo Rector de IDEA de la ayuda de los más de 10 millones: 13 de enero, justo 24 horas antes de elevarse a escritura pública el segundo apoderamiento.
Conviene recordar que, según la versión ofrecida tanto por Chaves como por la Junta de Andalucía, él no fue quien «aprobó» el incentivo, sino que la decisión residía en el órgano dependiente de la Consejería de Innovación. ¿Podía haber entonces interés en que la vinculación de la hija del antiguo presidente de la Junta sólo constara en el expediente de la ayuda a partir del día después en el que ya estaría todo amarrado?
Voto de calidad
El problema de fondo es que se pretende quitar relevancia a una decisión del Consejo de Gobierno sin la que jamás se podría haber aprobado el incentivo a favor de Matsa conforme a la vigente orden. Una decisión en la que Chaves pudo inhibirse –hay que recordar que se trata de un órgano colegiado–, pero sin embargo decidió ejercer su derecho a voto cualificado, que en caso de empate habría sido el decisivo.
Su hija estaba apoderada especialmente para firmar la ayuda, según el expediente revisado ayer por el PP, desde el 14 de enero. El Gobierno andaluz alegará ahora que la comunicación del poder es posterior a esa fecha, pero es claro que los efectos se despliegan desde seis días antes de pasar por el Consejo de Gobierno.
Además, no se puede olvidar que Matsa vincula a Paula Chaves con la tramitación del incentivo, como «responsable del departamento jurídico», desde el mismo momento en que se solicitó, puesto que desde el «2 de julio de 2007» se encargaba «de la gestión y tramitación de incentivos y ayudas», y la petición a la Junta se efectúa el 11 de octubre de aquel mismo año.
Con todos estos datos, el PP exigió ayer la «dimisión» tanto de Chaves como del consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler. Nada más finalizar la visita a la Agencia IDEA, el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, comparecía en rueda de prensa para afirmar que habían «constatado», con el expediente «en mano», que la hija del ex presidente andaluz constaba como apoderada en el expediente de la concesión de la ayuda a Matsa.
Sanz consideró que, por este motivo, el ahora vicepresidente tercero se tenía que haber inhibido, ya que se ha incumplido «claramente» la Ley de Incompatibilidades. «Ya no valen más excusas por parte de Chaves para seguir escudándose en que su hija no era la apoderada de la empresa», dijo Sanz, quien aseguró que su formación está trabajando en una denuncia ante los tribunales sobre esta cuestión.
Reunión parlamentaria extraordinaria
«Pero la base de ésta hay que soportarla mediante documentos, que hoy nos niegan», subrayó Sanz, que anunció que solicitará que la Mesa del Parlamento se reúna de manera extraordinaria para que les «dé amparo» y se cumpla «estrictamente» el Reglamento de la Cámara y el Estatuto a daluz.
«Es curioso que, si un alcalde no ofrece en cinco días la información que se le requiere, puede ser condenado por los tribunales si es denunciado por un grupo municipal. Aquí llevamos cinco meses pidiendo una información que no se nos facilita», denunció.
Las reacciones políticas se suceden también a nivel nacional. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, instó al PP a que acuda a los tribunales si ve indicios de ilegalidad en el expediente. Además, subrayó que el caso de Chaves «no está siendo investigado ni por la Fiscalía ni por los tribunales, lo que sí ocurre de forma clara con el caso Gürtel».
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, advirtió ante la junta directiva nacional de su partido que seguirán pidiendo explicaciones tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso de los Diputados. «Y es obligado por parte del presidente del Gobierno darlas y se las vamos a exigir», proclamó entre aplausos.
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* 'Es imposible que no supiera que su hija apoderaba a Matsa'
* Un Chaves engañó a la Junta al recibir ayudas de otro Chaves
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ELMUNDO.ES
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Según volvieron a constatar ayer los dos diputados regionales del PP que revisaron el expediente, José Luis Rodríguez y Jorge Ramos, en el mismo figura un documento de apoderamiento a favor de Paula Chaves Iborra que está fechado el pasado 14 de enero, estos es, seis días antes de que su progenitor no se inhibiera en la reunión del Consejo de Gobierno y votara a favor de conceder la subvención, contra lo que le imponía el artículo 7 de la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta.
EL MUNDO ha tenido acceso a una copia de esta escritura, firmada en Sevilla, y que no fue inscrita en el Registro Mercantil de Huelva hasta el pasado 4 de marzo. En la misma se precisan las atribuciones de la hija del ahora ministro de Cooperación Territorial, pero en el fondo no se introducen variaciones significativas respecto del apoderamiento anterior, que –como adelantó este diario– se registró el 12 de noviembre de 2008.
Entonces, ¿por qué no se remitió una simple copia de aquel primer asiento registral a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía –IDEA–, o incluso la escritura del poder primigenio a favor de Paula Chaves que la validaba también para firmar la aceptación del incentivo? No se puede perder la vista la fecha de aprobación por el Consejo Rector de IDEA de la ayuda de los más de 10 millones: 13 de enero, justo 24 horas antes de elevarse a escritura pública el segundo apoderamiento.
Conviene recordar que, según la versión ofrecida tanto por Chaves como por la Junta de Andalucía, él no fue quien «aprobó» el incentivo, sino que la decisión residía en el órgano dependiente de la Consejería de Innovación. ¿Podía haber entonces interés en que la vinculación de la hija del antiguo presidente de la Junta sólo constara en el expediente de la ayuda a partir del día después en el que ya estaría todo amarrado?
Voto de calidad
El problema de fondo es que se pretende quitar relevancia a una decisión del Consejo de Gobierno sin la que jamás se podría haber aprobado el incentivo a favor de Matsa conforme a la vigente orden. Una decisión en la que Chaves pudo inhibirse –hay que recordar que se trata de un órgano colegiado–, pero sin embargo decidió ejercer su derecho a voto cualificado, que en caso de empate habría sido el decisivo.
Su hija estaba apoderada especialmente para firmar la ayuda, según el expediente revisado ayer por el PP, desde el 14 de enero. El Gobierno andaluz alegará ahora que la comunicación del poder es posterior a esa fecha, pero es claro que los efectos se despliegan desde seis días antes de pasar por el Consejo de Gobierno.
Además, no se puede olvidar que Matsa vincula a Paula Chaves con la tramitación del incentivo, como «responsable del departamento jurídico», desde el mismo momento en que se solicitó, puesto que desde el «2 de julio de 2007» se encargaba «de la gestión y tramitación de incentivos y ayudas», y la petición a la Junta se efectúa el 11 de octubre de aquel mismo año.
Con todos estos datos, el PP exigió ayer la «dimisión» tanto de Chaves como del consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler. Nada más finalizar la visita a la Agencia IDEA, el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, comparecía en rueda de prensa para afirmar que habían «constatado», con el expediente «en mano», que la hija del ex presidente andaluz constaba como apoderada en el expediente de la concesión de la ayuda a Matsa.
Sanz consideró que, por este motivo, el ahora vicepresidente tercero se tenía que haber inhibido, ya que se ha incumplido «claramente» la Ley de Incompatibilidades. «Ya no valen más excusas por parte de Chaves para seguir escudándose en que su hija no era la apoderada de la empresa», dijo Sanz, quien aseguró que su formación está trabajando en una denuncia ante los tribunales sobre esta cuestión.
Reunión parlamentaria extraordinaria
«Pero la base de ésta hay que soportarla mediante documentos, que hoy nos niegan», subrayó Sanz, que anunció que solicitará que la Mesa del Parlamento se reúna de manera extraordinaria para que les «dé amparo» y se cumpla «estrictamente» el Reglamento de la Cámara y el Estatuto a daluz.
«Es curioso que, si un alcalde no ofrece en cinco días la información que se le requiere, puede ser condenado por los tribunales si es denunciado por un grupo municipal. Aquí llevamos cinco meses pidiendo una información que no se nos facilita», denunció.
Las reacciones políticas se suceden también a nivel nacional. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, instó al PP a que acuda a los tribunales si ve indicios de ilegalidad en el expediente. Además, subrayó que el caso de Chaves «no está siendo investigado ni por la Fiscalía ni por los tribunales, lo que sí ocurre de forma clara con el caso Gürtel».
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, advirtió ante la junta directiva nacional de su partido que seguirán pidiendo explicaciones tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso de los Diputados. «Y es obligado por parte del presidente del Gobierno darlas y se las vamos a exigir», proclamó entre aplausos.
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