Blanqueo de capital, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias son los delitos de los que se acusa a buena parte de los imputados
De izquierda a derecha, Alvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market; Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, y María del Carmen Rodríguez Quijano, tres de los imputados por la 'operación Gürtel'. / Archivo
REDACCIÓN |MADRID
El 'caso Gürtel' (correa en alemán) saltó a la luz el 6 de febrero pasado, justo una semana antes de que arrancase la campaña de las autonómicas en Galicia y el País Vasco. Los titulares de ese día hablaban de que, por orden de Garzón, se habían producido detenciones de empresarios vinculados al PP. El caso lo instruía Garzón y justo el fin de semana en el que se puso en marcha el operativo policial, el juez de la Audiencia compartió cacería con el entonces ministro de Justicia. Al final terminó por costarle el puesto a Mariano Fernández Bermejo.
A partir de entonces, y pese al secreto de sumario, comenzó un goteo de nombres que podrían estar implicados en la trama. Algunos dirigentes del PSOE apreciaron en lo que iba saliendo un caso de financiación ilegal del PP. Los 'populares' se aplicaron para explicar que no estábamos ante otro 'Filesa'; también para que el juez Garzón se apartara del caso. Al final -aunque tardó- lo hizo porque había indicios contra aforados del PP. Los afectados eran parlamentarios autonómicos en Madrid y en Valencia. Por eso el caso ha terminado en el TSJM y en el TSJCV.
En la vertiente madrileña los imputados 'más políticos' son tres diputados de la Asamblea: Alberto López Viejo, un hombre de Esperanza Aguirre que dimitió nada más saltar a la luz su nombre; Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto en la Asamblea que también dimitió como presidente de la comisión de investigación del espionaje a cargos de la Comunidad; y Alfonso Bosh. Se les atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
El caso también se ha llevado por delante a varios alcaldes de la región: el de Arganda: Ginés López; el de Pozuelo de Alarcón y ex marido de la dirigente del PP nacional Ana Mato, Jesús Sepúlveda; y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. También está implicado el ex regidor de Majadahona, Guillermo Ortega.
En la vertiente valenciana, y después de varios meses en la cuerda floja, está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su número dos y secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El juez les atribuye un presunto delito de cohecho.
El supuesto cabecilla de la trama es Francisco Correa, al frente de un conglomerado de empresas que organizaba actos para el PP. Las primeras imágenes que salieron de él habían sido captadas en la boda de la hija del ex presidente Aznar y Alejandro Agag, a la que asistió como invitado y testigo en la ceremonia. Del más de medio centenar de imputados (60), es uno de los tres que está en prisión. También está entre rejas su primo, Antoine Sánchez, y Pablo Crespo, que fue secretario de organización del PP gallego hasta 1999. En general, blanqueo de capital, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias son los delitos de los que se acusa a buena parte de los imputados.
ABC.ES
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El 'caso Gürtel' (correa en alemán) saltó a la luz el 6 de febrero pasado, justo una semana antes de que arrancase la campaña de las autonómicas en Galicia y el País Vasco. Los titulares de ese día hablaban de que, por orden de Garzón, se habían producido detenciones de empresarios vinculados al PP. El caso lo instruía Garzón y justo el fin de semana en el que se puso en marcha el operativo policial, el juez de la Audiencia compartió cacería con el entonces ministro de Justicia. Al final terminó por costarle el puesto a Mariano Fernández Bermejo.
A partir de entonces, y pese al secreto de sumario, comenzó un goteo de nombres que podrían estar implicados en la trama. Algunos dirigentes del PSOE apreciaron en lo que iba saliendo un caso de financiación ilegal del PP. Los 'populares' se aplicaron para explicar que no estábamos ante otro 'Filesa'; también para que el juez Garzón se apartara del caso. Al final -aunque tardó- lo hizo porque había indicios contra aforados del PP. Los afectados eran parlamentarios autonómicos en Madrid y en Valencia. Por eso el caso ha terminado en el TSJM y en el TSJCV.
En la vertiente madrileña los imputados 'más políticos' son tres diputados de la Asamblea: Alberto López Viejo, un hombre de Esperanza Aguirre que dimitió nada más saltar a la luz su nombre; Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto en la Asamblea que también dimitió como presidente de la comisión de investigación del espionaje a cargos de la Comunidad; y Alfonso Bosh. Se les atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
El caso también se ha llevado por delante a varios alcaldes de la región: el de Arganda: Ginés López; el de Pozuelo de Alarcón y ex marido de la dirigente del PP nacional Ana Mato, Jesús Sepúlveda; y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. También está implicado el ex regidor de Majadahona, Guillermo Ortega.
En la vertiente valenciana, y después de varios meses en la cuerda floja, está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su número dos y secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El juez les atribuye un presunto delito de cohecho.
El supuesto cabecilla de la trama es Francisco Correa, al frente de un conglomerado de empresas que organizaba actos para el PP. Las primeras imágenes que salieron de él habían sido captadas en la boda de la hija del ex presidente Aznar y Alejandro Agag, a la que asistió como invitado y testigo en la ceremonia. Del más de medio centenar de imputados (60), es uno de los tres que está en prisión. También está entre rejas su primo, Antoine Sánchez, y Pablo Crespo, que fue secretario de organización del PP gallego hasta 1999. En general, blanqueo de capital, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias son los delitos de los que se acusa a buena parte de los imputados.
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