martes, 29 de mayo de 2012

ACUSAN DE COHECHO A VICENS POR GANAR 91.500 EUROS A CAMBIO DE UN PELOTAZO DE SON CASTELLÓ

CORRUPCIÓN | Próximo juicio
El fiscal ncluye en sus cargos por Son Oms 3 años de cárcel por otra 'dádiva'
El exconseller recibió un local y parkings en el polígono

Eduardo Colom | María J. García | Palma

En la batería de cargos y delitos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita ahora 19 años de prisión para el ya encarcelado Bartomeu Vicens –el único político de UM que cumple condena por el regalo de 12.000 euros públicos a su contable–, no sólo se encuentran las sumas presuntamente cobradas como «dádivas» a cambio de la recalificación del polígono de Son Oms. En el escrito de acusación que firman conjuntamente, los dos fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach también atribuyen al exconseller de Territorio de Unió Mallorquina otro presunto cohecho de 91.500 euros por el caso Vipasima, detectado en 2009 por la Agencia Tributaria.

La Fiscalía incluye y desgrana este negocio en el escrito de acusación que acaba de elevar al Juzgado que investiga desde hace tres años la trama montada en torno a Son Oms. Lo tipifica como un delito de «cohecho pasivo continuado» y pide por él tres años de prisión para el político además del «comiso de los 91.500 euros percibidos».

'Mucho más de un millón'
Anticorrupción sostiene que el negocio oculto se produjo después de que en el verano de 2004 Vicens impulsara una modificación de las normas urbanísticas en calidad de conseller insular de Territorio. Un retoque que permitía eliminar los umbrales máximos de edificabilidad en las llamadas «zonas M» de los polígonos y que «posibilitó un desmesurado incremento de las posibilidades edificatorias» en las zonas industriales. Aquel cambio afectó a Son Oms. Pero según concluye el fiscal también –al menos– a un determinado proyecto del polígono de Son Castelló. Un moderno edificio de oficinas promovido por un empresario muy próximo al partido y ya fallecido. El edificio Vipasima.

La Fiscalía relata cómo «tras la aprobación por el Consell [de los cambios en la normativa de las zonas M, ejecutados contra los técnicos y toda la normativa urbanística], la empresa Vipasima pudo construir en 2005 y 2006 un edificio de oficinas gracias a la nueva regulación». Concretamente, prosigue, el Ayuntamiento de Palma le había otorgado licencia para que construyese «6 oficinas y 72 aparcamientos con un presupuesto de 2,7 millones de euros». En virtud de la aprobación «instada por Vicens», la promotora «pudo construir un edificio con un presupuesto incrementado en más del 600%». Un complejo con «65 oficinas y 359 aparcamientos» y un presupuesto de «12,4 millones de euros». El beneficio para la compañía «se incrementó con aquella modificación en mucho más de un millón de euros», apostilla el fiscal.

Según su informe, Vipasima «decidió facilitar de manera totalmente gratuita el uso de locales y parkings» para «recompensar» al conseller que había «promovido el cambio de planeamiento urbanístico multiplicando el valor de sus activos». Una decisión que «Vicens aceptó y trató de esconder con la utilización de su empresa Metalumba». La ya famosa sociedad pantalla que administraba una testaferro.

De esta forma, agrega el Ministerio Público, «Metalumba adquirió de Vipasima un local y dos plazas de aparcamiento por un total de 298.032 euros del edificio construido merced a las funciones públicas de Vicens». En el contrato de compraventa se dijo, «faltando a la verdad», que Vipasima había recibido de Metalumba 72.848 euros». Y se libró una «factura inveraz» para simular que se había entregado ese dinero «a cuenta». Realmente, esgrime la Fiscalía, ese dinero no se entregó. El contrato tornó luego en un arrendamiento con opción de compra, haciendo figurar que la prima de la opción eran los 72.848 euros ficticiamente desembolsados. Además de esta suma que le fue «condonada» a Vicens, «Vipasima pagó gastos ocasionados por Metalumba por 18.703,88 euros».

Otro regalo según la Fiscalía. «Eso suponía que esa empresa había favorecido a Vicens con 91.551,88 euros». Agrega también que la «dádiva» fue «encubierta» por el antaño influyente político de UM mediante la emisión de 5 facturas falsas a nombre de Metalumba. Dos de ellas fechadas incluso un mismo día. Este escrito ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Palma como sostén de la acusación por la que la Fiscalía pide 19 años de cárcel a Vicens (el grueso de los cargos es el cobro que le atribuyen de más de 500.000 euros por recalificar Son Oms); 5 al abogado Jaime Montis y otro año de prisión a Miquel Nadal, exvicepresidente del Consell. Todavía no se ha hecho pública la apertura de juicio. El caso está por tanto pendiente de ser juzgado. Las defensas deben ahora contraponer sus argumentaciones.

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