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| El extitular de Empleo a la entrada de los juzgados. / JOSÉ MANUEL VIDAL (EFE) |
El exconsejero contesta al interrogatorio de la letrada del PP como acusación
"¿Qué podía haber hecho yo para evitar todo esto?", asegura Antonio Fernández
Javier Martín-Arroyo Sevilla
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández por su implicación en el caso de los ERE fraudulentos. Esta petición la ha realizada en la vistilla que se ha celebrado una vez que ha concluido la declaración de Fernández como imputado en el escándalo. A esta petición se han unido el PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias. Estas tres acusaciones reclaman una fianza a Fernández por responsabilidad de 890 millones de euros. El letrado de la Junta de Andalucía solo exige como medida cautelar que Fernández acuda al juzgado cada siete días y una fianza por responsabilidad civil de 68 millones de euros.
La declaración del ex alto cargo del Gobierno autónomo empezó el pasado viernes y ha acabado hoy con las preguntas de las acusaciones particulares y de las defensas. En las próximas horas, la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, tomará una decisión sobre el futuro de Fernández, al que acusa de seis delitos: cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios (los cuatro últimos continuados).
De momento, por esta causa, que acumula más de medio centenar de imputados, están en prisión el exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, y su antiguo chófer, Juan FranciscoTrujillo. Fernández es el alto cargo andaluz más importante que hasta ahora ha declarado en la causa.
“¿Qué podría haber hecho yo para evitar esto?”. Esta pregunta fue el alegato final del exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández pronunciado esta noche ante la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya. Lo dijo momentos antes de que se decidiera su suerte en la causa. La frase que cerraba 40 intensas horas de interrogatorio fue un “reconocimiento expreso de culpabilidad” para varios letrados, un giro inesperado para todos, especialmente al porvenir del acusado que hasta ahora se ha mantenido más firme en la defensa de la legalidad del fondo para empresas en crisis. Y el primer alto cargo de la Junta que planteaba batalla a la tesis de la juez, que desde el principio ha censurado la creación del fondo como un sistema para repartir ayudas millonarias a círculos empresariales cercanos al PSOE.
A pesar de las interpretaciones ante una sorpresa de tal calibre en un momento tan decisivo como la última palabra, su propio abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, matizó el significado del lamento de su cliente: “Tiene consciencia de haber actuado conforme a la legalidad y de no haber consentido conductas ilegales. Sin embargo, a la vista de los evidentes indicios que contiene el procedimiento, él mismo se cuestiona si podría haber sido un consejero más cercano y vigilante, en vez de un consejero impulsor y tan confiado”.
Fernández vio anoche cómo los indicios aportados por la magistrada durante cuatro jornadas agotadoras (el cansancio hizo mella en el imputado y por la tarde oponía menos resistencia a las acusaciones de la magistrada) pesaban demasiado sobre la responsabilidad que mantuvo durante seis años al frente de la Consejería de Empleo (2004-2010). Y en cierto modo, claudicó.
Las caras de los abogados defensores mostraban su estupor ante lo que parecía un intento desesperado de Fernández ante la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera prisión incondicional. Anoche se estaba celebrando la vistilla en la que las acusaciones y defensas se pronunciaban sobre las medidas cautelares necesarias antes del veredicto de la juez Alaya.
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha repetido esta mañana el desconocimiento que tenía de las gestiones que realizó su subordinado el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, en prisión preventiva, y que estuvo a sus órdenes durante cuatro años (entre 2004 y 2008). “Un desconocimiento total y absoluto”, ha matizado uno de los abogados presentes en la cuarta jornada de la declaración judicial como imputado ante la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya.
Tras la extrema tensión del fin de semana, ha llegado la calma. Relativa, pero calma. El interrogatorio ha sido bastante sosegado, según han precisado los abogados presentes en la vista. Fernández ha contestado a unas 170 preguntas formuladas por la letrada del Partido Popular de un total de 212 cuestiones que tiene prevista esta acusación.
Durante el interrogatorio del PP, el exconsejero ha mostrado su convencimiento de la legalidad del fondo para empresas en crisis, creado en 2001 y dotado con 647 millones hasta 2010, y que la juez considera ilegal. La letrada le ha preguntado por empresas como Samec o los ERE (expedientes de regulación de empleo) en grandes compañías como Heineken. Además, le ha interrogado por las ayudas millonarias que no pasaron por el Consejo de Gobierno y los expedientes que no llegaron desde la Dirección General de Trabajo hasta el consejo rector de la agencia Idea (pagadora de las ayudas).
Fernández ha dejado muchas preguntas sin contestar, y ha frenado una de las cuestiones cuando la abogada ha tildado la partida 31L de “fondo de reptiles”, al puntualizar que no toleraba esa definición para un fondo aprobado por el Parlamento durante 10 años.
Otro abogado ha calificado el interrogatorio como “político”, por la cantidad de preguntas de índole política e indirectamente relacionadas con la causa penal.
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha admitido que la negociación pactada para su salida de la empresa González Byass, de la que fue trabajador, no fue la mejor de las soluciones posibles. Su inclusión en el ERE de la firma bodeguera le ha supuesto la imputación por cohecho, al tener previsto percibir 31.000 euros como indemnización por despido derivada del ERE que él mismo autorizó en 2008. Fernández ha terminado de responder a las preguntas del Partido Popular como acusación a las 15.30, y por la tarde preguntarán las defensas, a lo que seguirá la vistilla y luego las peticiones de medidas cautelares antes de que la juez decida el destino del exconsejero.
“Tal vez habría conseguido más dinero”, ha declarado el acusado sobre qué hubiera pasado de haber negociado su despido de González Byass de forma individual en vez de ser incluido en el expediente con el resto de trabajadores. Los 386.000 euros que estaban destinados para Fernández según el acuerdo entre la empresa y la Junta, siguen estando previstos como pago de la Administración a la aseguradora, ya que nunca se recalculó el abono de la Junta después de que Fernández no firmara su boletín de adhesión y por tanto renunciara al ERE.
Al ser preguntado sobre el expediente de Delphi, Fernández ha reconocido que este ERE supuso a las arcas “muchísimo dinero, no sé ni cuánto”. El exconsejero no ha sabido explicar por qué las ayudas que superaban los tres millones no fueron llevadas al Consejo de Gobierno para su posterior aprobación, tal y como estipula la ley, que la juez Mercedes Alaya le ha mostrado durante su interrogatorio.
Por último, la letrada del PP le ha preguntado por el contrato adjudicado por la empresa pública Santana como asesoría jurídica al despacho Olivencia-Ballester, que dirige Luis Olivencia, cuñado del presidente del PP Javier Arenas. Al parecer dicho contrato fue adjudicado supuestamente de manera errónea a la partida 31L pese a que fue abonado con los fondos propios de la agencia Idea. Fernández ha reconocido su firma en la adjudicación del contrato al bufete, concedido “por su experiencia en derecho comunitario”.
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