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| El ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, abordado por los periodistas este lunes. | Efe |
Obligación de elevar los expedientes según cuantía
'No le admito que hable de fondo de reptiles. Eran fondos presupuestados'
El ex consejero de Empleo desconoce por qué se deslocalizaron empresas
Fernández se atiene a que el procedimiento seguía la legalidad
Sebastián Torres | Antonio Salvador | Sevilla
El ex consejero de Empleo Antonio Fernández no ha sabido explicar por qué las ayudas que se les concedían a las empresas en crisis no contaban con la supervisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando excedían de la cantidad facultada para su tramitación directa.
El ex titular del departamento se ha limitado a responder con un escueto 'no lo sé' cuando la juez Mercedes Alaya que instruye el caso por los ERE fraudulentos le ha hecho notar que la normativa dispone la autorización expresa del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de las ayudas tramitadas excedía de 1,2 millones si el expediente lo presentaba la agencia IDEA o 3 millones de euros si se incoaba desde la propia consejería.
Fernández ha seguido respondiendo por cuarto día consecutivo al interrogatorio judicial en calidad de imputado de seis presuntos delitos dentro de la conocida como trama de los ERE fraudulentos. Este lunes, Fernández ha contestado a 171 de las 212 preguntas que le formula la acusación particular que ejerce el PP antes de decretarse un descanso poco después de la una de la tarde.
El único momento de tensión durante toda la jornada de declaración judicial, la cuarta desde el viernes, ha llegado cuando el ex consejero Fernández ha parado en seco a la letrada del PP que ejerce como acusación en una pregunta en la que ésta aludía al 'fondo de reptiles' del que habló el ex director general de Trabajo: "No le admito que hable de 'fondo de reptiles', estamos hablando de fondos presupuestados".
Fernández se ha ratificado en todo momento en la legalidad del procedimiento seguido para la concesión de las ayudas así como en el absoluto desconocimiento de lo que venía haciendo su subordinado, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, en prisión preventiva por este caso.
De hecho, la mayoría de las veces, Antonio Fernández ha respondido con 'no sé' las cuestiones que le ha planteado la acusación particular. Entre las cuestiones sobre las que no ha podido dar explicación figuran por qué algunas de las empresas que obtuvieron ayudas de la Junta de Andalucía acabaron deslocalizando su produccción, como en los casos de Samec, trasladada a Marruecos, o Vivir el barro, que se mudó a Badajoz.
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