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| Tomás (a la derecha), en los juzgados de Palma, en una foto de archivo. / TOLO RAMÓN |
El alto tribunal dicta dos años de prisión para el aliado del regidor, un expolicía nacional
A.M. Palma de Mallorca
El exalcalde del PP en Llucmajor (Mallorca), Lluc Tomás, ha sido absuelto por el Tribunal Supremo en el caso de corrupción en el que fue condenado inicialmente a tres años de prisión, en 2008, por la Audiencia de Palma. El alto tribunal dicta dos años de cárcel para el exsocio político del PP y de Tomás, el edil populista y expolicía nacional Joaquín Rabasco. Este concejal, promotor de la formación personalista bisagra ASI (Acción Social Independiente), fue clave durante años en la gestión de Llucmajor. Rabasco había sido sentenciado en Palma a seis años de reclusión.
Los hechos juzgados se refieren al mandato de Tomás entre 1999 y 2003; la Audiencia de Palma dictó una primera condena, el Supremo la anuló y reclamó que se motivara de nuevo. El tribunal de Mallorca volvió a sentenciar y ahora el Supremo absuelve al exregidor, que en 2008 dimitió y se dio de baja del PP, que durante años le defendió y ayer clamó "contra el calvario personal”. La fiscalía había reclamado al Supremo que se elevase de tres a más de cinco años de prisión la condena para el exalcalde de Llucmajor, por los delitos de malversación continuada de caudales públicos, fraude y prevaricación. Tomás se presentó a las elecciones de 2007, estando imputado, apoyado por Jaume Matas. Su esposa fue nombrada consejera de la televisión pública.
El Supremo, con una sentencia de la que ha sido ponente Luciano Valera, y por tres votos a favor y dos magistrados favorables a la condena, considera que la Audiencia vulneró la presunción de inocencia del exalcalde en una sentencia mal motivada.
El exconcejal Rabasco benefició a su entorno político y personal en la organización de las fiestas municipales. El desvío de fondos denunciado fue de un millón de euros. El expolicía ahora ve rebajada la pena inicialmente impuesta, al considerarse probados los delitos de fraude a la Administración por un funcionario y negociaciones prohibidas.
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