CORRUPCIÓN | Causa por asociación ilícita y financiación ilegal
M. Fuentálamo | Europa Press | Palma
La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha pedido "prudencia" a la hora de investigar a los ex responsables de Unió Mallorquina (UM) para evitar que "pueda criminalizarse a una opción política con 30 años de historia, 48 alcaldes, 800 concejales, más de 10.000 afiliados y 700.000 sufragios".
Así lo ha puesto de manifiesto ante el juez, lo que ha quedado plasmado en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, tras prestar declaración como imputada en el marco de la causa que investiga la financiación presuntamente ilegal de la extinta formación, y en la que ha asegurado desconocer que en el partido se manejase dinero negro.
"Rogaría respeto y rigor a la hora de acusar", ha espetado Munar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, aseverando que "una cosa es investigar a responsables de esta opción política y otra tratar a miles de personas como una banda de criminales".
En su declaración ha asegurado ante el juez y el fiscal que la investiga junto a sus lugartenientes por financiación ilegal que era "Flaquer el que se ocupaba de la administración del partido". "No me consta que en el partido hubiera dinero b" señala al tiempo que afirma que "no sabe nada de los ingresos de dinero", en el extinto partido regionalista.
En relación a este caso, el cuarto de presunta corrupción en el que la histórica ex líder 'uemita' se encuentra imputada, Munar ha insistido en que no conoce a Álvaro Llompart y niega que, como la acusó éste, haya tenido bajo su custodia una caja fuerte con dinero B.
Munar, citada a partir de las 11.00 horas por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, ha acudido para dar explicaciones en torno a las comisiones que, puestos de común acuerdo, supuestamente exigían los encausados, más en concreto de entre el 3 y el 10% del importe de los contratos adjudicados a las distintas empresas que contrataban con la Administración pública.
Ante la documentación aportada por el ex contable del partido, Munar asegura "no haberlos visto nunca" y a añade que "Rosario Martin Piris era secretaria del grupo parlamentario de UM y nunca le comentó nada de los ingresos reflejados en los documentos exhibidos ni hablaron de contabilidad alguna".
Munar también ha señalado que "ni Vicens ni Damià Nicolau tenían funciones en la administración económica del partido" y que no cree "que Vicens fuera responsable de ninguna campaña electoral". Asimismo ha vuelto a recordar que "le consta que Flaquer era el responsable general de la administración económica de las campañas".
En cuanto a la supuesta contratación de empleados por mediación del partido ha apuntado que puede asegurar que mientras fue presidenta del partido "nadie acudió a ofrecer o buscar trabajo al menos con su conocimiento".
Hoy también declara Damià Nicolau
Junto a la expresidenta de UM, defendida por el abogado Gabriel Garcías, también están citados este martes el exsecretario general de la formación 'uemita' Damià Nicolau así como los también imputados Pedro Iturbide, Manuel Patiño y Concepció Montaner.
Todo ello después de que hayan sido interrogados entre ésta y la pasada semana otros exaltos cargos como la exconsellera insular de Promoción Sociocultural Dolça Mulet, el de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y la de Medio Ambiente Catalina Julve, así como el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, quienes han negado haber realizado aportaciones en negro al partido o haber cobrado comisiones por los contratos.
En concreto, sobre Munar pesan cinco años y medio de cárcel por el desvío de 240.000 euros a la productora que controlaba, junto al exvicepresidente insular Miquel Nadal, a través de testaferros. Mientras tanto, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión por el caso Can Domenge -por la venta supuestamente irregular de estos terrenos por parte del Consell- al tiempo que también está siendo investigada en el caso Voltor.
Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio a este nuevo procedimiento, a la que tuvo acceso Europa Press, las empresas investigadas se veían obligadas al pago de comisiones a cambio de las cuales obtenían garantías de que iban a ser ellas las adjudicatarias de las contrataciones. Así, los querellados, por sí mismos o "con la influencia que tenían en las administraciones por su pertenencia a UM", lograban favorecer a estas mercantiles con contrataciones.
Parte del dinero de las comisiones acababa en manos de UM
Es más, según el escrito del Ministerio Público, también conseguían que la Administración abonase un precio superior al de mercado para que el pago de comisiones no perjudicase a los contratistas, al tiempo que idearon la gestión de los fondos que procedían de las dádivas o contraprestaciones ilegales, destinando parte de los mismos a UM.
Tal y como postulan los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, estos fondos eran ocultados tanto a Hacienda como a las autoridades competentes, mientras que impulsaron fórmulas para que el dinero aflorara y se integrase en la contabilidad "oficial" del partido mediante la simulación de aportaciones voluntarias o venta de lotería.
En concreto, sobre los imputados pesan los supuestos delitos de cohecho, malversación, fraude a la administración, prevaricación, blanqueo de capitales, delito electoral y asociación ilícita.
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