REPORTAJE: Operación contra la corrupción urbanística
Al igual que ocurrió en el 'caso Malaya', un estudio de la Universidad de Málaga ha alertado de comportamientos irregulares en el urbanismo rondeño
JUANA VIÚDEZ - Málaga
La historia se repite. Tal y como ocurrió con Marbella y el caso Malaya, un estudio de la Universidad de Málaga ha alertado de comportamientos sospechosos en el urbanismo de Ronda (Málaga). El informe, publicado a comienzos de año, se centra en el proyecto urbanístico de Los Merinos Norte, una polémica urbanización con casi 800 viviendas y dos campos de golf en un paraje en el entorno de la Sierra de las Nieves. Los agentes de la sección de blanqueo de capitales de la Costa del Sol también lo están estudiando en la operación Acinipo, por la que ayer fue detenido el exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara (PSOE).
El estudio, coordinado por el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés, desvela numerosas anomalías tanto en la tramitación administrativa del proyecto como en el entramado societario de sus promotores. El exalcalde rondeño ha reclamado 500.000 euros a Ripollés, director del Instituto Andaluz de Criminología, por el daño que, según él, le ha hecho el libro, publicado en la editorial Tirant Lo Blanch. El trabajo universitario apunta a que el planeamiento de Ronda se adaptó al interés privado, aunque no nombra explícitamente al alcalde.
El exregidor interpuso una demanda el pasado marzo y el 13 de junio acudió a un acto de conciliación. La defensa de Díez Ripollés no se avino a las peticiones de Marín Lara, que además reclamaba que los autores rectificaran públicamente, que le informaran de los fondos con los que se financió y las fuentes personales de información. Ripollés no aceptó sus peticiones. El plazo del que dispone el exregidor para decidir si formalizaba la demanda civil o interponía una querella por calumnias expira en diciembre.
El juzgado número 1 de Ronda ya ha archivado una denuncia por prevaricación contra Marín Lara. La interpuso IU por aprobar por decreto la urbanización de Los Merinos, pese a que existía un informe negativo de la Agencia Andaluza del Agua.
Al Instituto de Criminología le llamó la atención la "sintomática diligencia con la que la Administración municipal se ha ocupado de allanar los obstáculos" de este proyecto. El informe, en el que también han trabajado las criminólogas Alejandra Gómez Céspedes y Araceli Aguilar, pone en entredicho el funcionamiento de los controles de legalidad, tanto de la administración como de los tribunales.
El caso Acinipo investiga otro de los proyectos históricos de Ronda: la construcción de un gran centro comercial de la cadena Eroski que lleva 12 años de tramitación. Esta gran superficie se publicitó como la mayor que el grupo tiene en Andalucía, con 65.000 metros cuadrados y capacidad para crear 1.300 puestos de trabajo.
El proyecto de Eroski también fue denunciado en los juzgados por IU, aunque se archivó. Según los ecologistas, el pliego de condiciones para la enajenación de la parcela que iba a ocupar el centro comercial estaba hecho a medida de la única empresa que se presentó al concurso.
El estudio, coordinado por el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés, desvela numerosas anomalías tanto en la tramitación administrativa del proyecto como en el entramado societario de sus promotores. El exalcalde rondeño ha reclamado 500.000 euros a Ripollés, director del Instituto Andaluz de Criminología, por el daño que, según él, le ha hecho el libro, publicado en la editorial Tirant Lo Blanch. El trabajo universitario apunta a que el planeamiento de Ronda se adaptó al interés privado, aunque no nombra explícitamente al alcalde.
El exregidor interpuso una demanda el pasado marzo y el 13 de junio acudió a un acto de conciliación. La defensa de Díez Ripollés no se avino a las peticiones de Marín Lara, que además reclamaba que los autores rectificaran públicamente, que le informaran de los fondos con los que se financió y las fuentes personales de información. Ripollés no aceptó sus peticiones. El plazo del que dispone el exregidor para decidir si formalizaba la demanda civil o interponía una querella por calumnias expira en diciembre.
El juzgado número 1 de Ronda ya ha archivado una denuncia por prevaricación contra Marín Lara. La interpuso IU por aprobar por decreto la urbanización de Los Merinos, pese a que existía un informe negativo de la Agencia Andaluza del Agua.
Al Instituto de Criminología le llamó la atención la "sintomática diligencia con la que la Administración municipal se ha ocupado de allanar los obstáculos" de este proyecto. El informe, en el que también han trabajado las criminólogas Alejandra Gómez Céspedes y Araceli Aguilar, pone en entredicho el funcionamiento de los controles de legalidad, tanto de la administración como de los tribunales.
El caso Acinipo investiga otro de los proyectos históricos de Ronda: la construcción de un gran centro comercial de la cadena Eroski que lleva 12 años de tramitación. Esta gran superficie se publicitó como la mayor que el grupo tiene en Andalucía, con 65.000 metros cuadrados y capacidad para crear 1.300 puestos de trabajo.
El proyecto de Eroski también fue denunciado en los juzgados por IU, aunque se archivó. Según los ecologistas, el pliego de condiciones para la enajenación de la parcela que iba a ocupar el centro comercial estaba hecho a medida de la única empresa que se presentó al concurso.
elpaís.com
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