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| El exalcalde de Ronda Martín Lara (en el centro) sale de su domicilio tras un registro.- JULIÁN ROJAS |
La investigación implica a dos directivos de Eroski en el escándalo urbanístico
F. J. PÉREZ / J. VIÚDEZ - Ronda / Málaga
La policía detuvo ayer al anterior alcalde de Ronda (Málaga, 37.000 habitantes), Antonio María Marín Lara, del PSOE, y a otros tres concejales del equipo que gobernó la ciudad desde septiembre de 2004 hasta las pasadas elecciones del 22 de mayo por un nuevo caso de corrupción urbanística. En la operación, bautizada Acinipo en referencia a un yacimiento arqueológico local, también fueron arrestados un abogado de la localidad malagueña y dos directivos del grupo empresarial Eroski.
Las irregularidades han sido detectadas en dos proyectos de construcción
Las pesquisas arrancaron hace dos años tras la denuncia de un particular
Las pesquisas abordan irregularidades urbanísticas en dos proyectos con más de una década de antigüedad, como la construcción de un centro comercial que iba a suponer la inversión de 102 millones de euros, o Los Merinos Norte, una urbanización que proyectaba 800 chalés de lujo, campos de golf, centro hípico y hoteles, además de otros convenios. Los implicados están acusados de cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La investigación arrancó hace dos años y medio por la denuncia de un particular ante la Fiscalía Anticorrupción. El dinero y el urbanismo son fundamentales en este caso. Además del pago por parte de empresarios para conseguir resoluciones favorables, como licencias o permisos urbanísticos, se está investigando el origen de los fondos que se iban a invertir en la ciudad por sospechas de que provengan de tráfico de drogas o la prostitución.
Una de las formas de soborno investigadas consiste en la contratación de publicidad en un periódico local vinculado al exregidor. Fuentes cercanas al caso aseguran que las tarifas supuestamente abonadas por empresarios con intereses en la ciudad eran "completamente desproporcionadas".
La operación saltó a la luz a las 9.00 de ayer, cuando una decena de agentes comenzó el registro del Ayuntamiento rondeño, ahora gobernado por el PP.
La alcaldesa, Mari Paz Fernández, insistió en que no había nada que requisar en la Alcaldía porque cuando ella tomó posesión "no había ni ordenador", e informó de que, al estar en la oposición, los ediles implicados tampoco tienen despacho en el inmueble. El registro se prolongó hasta las 18.00. Los agentes, que contaron con el apoyo de la unidad especializada en delitos tecnológicos, sacaron ocho cajas de documentación.
Además del exalcalde, Antonio María Marín Lara, fueron detenidos los ediles Francisco Cañestro, secretario general del PSOE en Ronda, diputado provincial y exprimer teniente de alcalde; María José Martín de Haro, delegada de Obras y Urbanismo, y Rafael Lara, primo del exregidor y encargado del área de Contratación y Seguridad Ciudadana. El PSOE andaluz ha suspendido de militancia de modo cautelar a los cuatro.
Los dos directivos de Eroski fueron detenidos en Madrid y Valencia, y se practicó otro registro en la sede de este grupo empresarial en Elorrio (Bizkaia). Los agentes de la sección de blanqueo de capitales de la Costa del Sol registraron, además, varios domicilios en Ronda y Marbella, y la sede del PSOE de Ronda.
El Ayuntamiento de Ronda tenía previsto llevar a pleno el próximo jueves la aprobación del uso comercial de los terrenos en los que se va a construir el centro comercial Eroski, que cuenta con un informe favorable de la Junta de Andalucía. Fuentes municipales consideraron "muy probable" que el pleno se desconvoque por la posible ausencia de los investigados.
Durante su gobierno, Marín Lara aprobó la cuarta modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para autorizar la construcción de la gran superficie en los terrenos del antiguo recinto ferial y del campo de fútbol del municipio.
Tal y como ocurrió con Marbella y el caso Malaya, en el caso de Ronda también se ha publicado una investigación universitaria que alertaba de enorme capacidad de influencia de los promotores del complejo.
Las irregularidades han sido detectadas en dos proyectos de construcción
Las pesquisas arrancaron hace dos años tras la denuncia de un particular
Las pesquisas abordan irregularidades urbanísticas en dos proyectos con más de una década de antigüedad, como la construcción de un centro comercial que iba a suponer la inversión de 102 millones de euros, o Los Merinos Norte, una urbanización que proyectaba 800 chalés de lujo, campos de golf, centro hípico y hoteles, además de otros convenios. Los implicados están acusados de cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La investigación arrancó hace dos años y medio por la denuncia de un particular ante la Fiscalía Anticorrupción. El dinero y el urbanismo son fundamentales en este caso. Además del pago por parte de empresarios para conseguir resoluciones favorables, como licencias o permisos urbanísticos, se está investigando el origen de los fondos que se iban a invertir en la ciudad por sospechas de que provengan de tráfico de drogas o la prostitución.
Una de las formas de soborno investigadas consiste en la contratación de publicidad en un periódico local vinculado al exregidor. Fuentes cercanas al caso aseguran que las tarifas supuestamente abonadas por empresarios con intereses en la ciudad eran "completamente desproporcionadas".
La operación saltó a la luz a las 9.00 de ayer, cuando una decena de agentes comenzó el registro del Ayuntamiento rondeño, ahora gobernado por el PP.
La alcaldesa, Mari Paz Fernández, insistió en que no había nada que requisar en la Alcaldía porque cuando ella tomó posesión "no había ni ordenador", e informó de que, al estar en la oposición, los ediles implicados tampoco tienen despacho en el inmueble. El registro se prolongó hasta las 18.00. Los agentes, que contaron con el apoyo de la unidad especializada en delitos tecnológicos, sacaron ocho cajas de documentación.
Además del exalcalde, Antonio María Marín Lara, fueron detenidos los ediles Francisco Cañestro, secretario general del PSOE en Ronda, diputado provincial y exprimer teniente de alcalde; María José Martín de Haro, delegada de Obras y Urbanismo, y Rafael Lara, primo del exregidor y encargado del área de Contratación y Seguridad Ciudadana. El PSOE andaluz ha suspendido de militancia de modo cautelar a los cuatro.
Los dos directivos de Eroski fueron detenidos en Madrid y Valencia, y se practicó otro registro en la sede de este grupo empresarial en Elorrio (Bizkaia). Los agentes de la sección de blanqueo de capitales de la Costa del Sol registraron, además, varios domicilios en Ronda y Marbella, y la sede del PSOE de Ronda.
El Ayuntamiento de Ronda tenía previsto llevar a pleno el próximo jueves la aprobación del uso comercial de los terrenos en los que se va a construir el centro comercial Eroski, que cuenta con un informe favorable de la Junta de Andalucía. Fuentes municipales consideraron "muy probable" que el pleno se desconvoque por la posible ausencia de los investigados.
Durante su gobierno, Marín Lara aprobó la cuarta modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para autorizar la construcción de la gran superficie en los terrenos del antiguo recinto ferial y del campo de fútbol del municipio.
Tal y como ocurrió con Marbella y el caso Malaya, en el caso de Ronda también se ha publicado una investigación universitaria que alertaba de enorme capacidad de influencia de los promotores del complejo.
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