Sorando retoma la práctica de pruebas en el ‘caso Renedo’
PILAR CAMPO OVIEDO
El sumario de la investigación de la supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos en la administración del Principado, en la que están imputados políticos, altos funcionarios y empresarios, sigue acumulando espacio en las estanterías del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo. El magistrado-juez Ángel Sorando retomará, a mediados de este mes, el pulso de las diligencias con la práctica de nuevas pruebas testificales y periciales, consideradas claves en la causa.
Sorando cerrará así los flecos que quedan por aclarar para determinar la distinta participación de las personas que aparecen en el sumario en los delitos imputados -desde malversación de caudales a tráfico de influencias o blanqueo de capitales- de cara a la delimitación de su posible responsabilidad. A los cinco imputados ya conocidos -el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, su ex número 2, María Jesús Otero, la funcionaria destituida Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín)- se suma una lista de una docena de personas que ya prestaron declaración y están encausadas como imputadas no detenidas.
Las citaciones para los testigos que aún no han testificado ya han salido del juzgado. Los primeros que tendrán que pasar por la sede judicial serán cuatro funcionarios que estuvieron adscritos a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, cuando era titular José Luis Iglesias Riopedre, y a quienes se les interrogará sobre el protocolo de actuación que se siguió en su departamento en materia de contrataciones. El juez intentará así despejar las dudas que suscitaron los contratos suscritos entre la administración, las empresas cuyos propietarios están imputados y algunos de los acusados. Los funcionarios B. F. S. y V. H.M. comparecerán el día 15, mientras que P. R.P. acudirá al juzgado el día 20 y A.M.F.M. tiene fijada su comparecencia para dos días más tarde.
El director general de Modernización y Telecomunicaciones, José Alberto Pérez Cueto, jefe directo de Marta Renedo, irá el día 20 de este mismo mes para realizar una prueba caligráfica y conocer así si su firma es la que aparece estampada en algunos de los documentos que obran en el sumario y que pertenecen a autorizaciones de contratos que eran presuntamente desviados a la empresa Implans Mounts, de la que era administradora única Marta Renedo, o si, como él mantiene, había sido falsificada.
La prueba testifical se completará, tras el paréntesis veraniego, coincidiendo con el inicio del curso judicial en septiembre con la declaración, en calidad de testigo, de la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del gobierno regional, Ana Rosa Migoya, que está prevista para el día 12. Otros dos funcionarios pasarán por dependencias judiciales: D.L.D. -el día 13- y C. A.G., que tendrá que testificar al día siguiente. Ambos han sido citados, como testigos, al haber sido las personas que precintaron el ordenador que Renedo utilizaba en su despacho de Administraciones Públicas y que posteriormente fue entregado a la Policía Judicial.
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