Administraciones Públicas no ha resuelto la petición para ampliar el personal del Juzgado o permitir a la plantilla hacer horas extra
RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.
Menos carga de trabajo y más personal de apoyo. Estas son las dos peticiones que el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla formalizó nada más recibir el 'caso Renedo', a mediados de abril. Los 62.500 folios de sumario que 'heredaba' de su predecesora, la instructora Ana López Pandiella, prometían desbordar al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, del que es titular, y que está compuesto por una decena de funcionarios y un secretario judicial.
La primera de las solicitudes dependía de sus compañeros de oficio y ya ha sido resuelta. Sorando Pinilla reclamó eximir durante seis meses a su Juzgado del reparto de querellas. En la junta de jueces celebrada hace dos semanas, sus compañeros de Instrucción replicaron que tres meses sería lo más prudencial. Finalmente la Sala de Gobierno concedió el plazo inicial de seis meses. Desde el pasado día 18, no entran en Instrucción 2 las querellas, actos procesales que en realidad no suponen ni el 2% de los asuntos ingresados pero que luego, eso sí, acarrean una importante dosis de papeleo.
Distinto es el procedimiento para reclamar más personal. Aquí es el secretario judicial quien tiene que cursar la solicitud ante el secretario coordinador. El escrito proponía dotar a Instrucción 2 de un par de funcionarios más o permitir que dos de los que ya componen la plantilla tengan permiso para hacer horas extra por las tardes.
El secretario coordinador realizó un informe recogiendo la propuesta y lo remitió al secretario de Gobierno, quien ya trasladó la cuestión a la Administración que tiene competencia sobre el personal de Justicia, esto es, al Principado.
El primero en valorar el asunto es la Dirección General de Justicia, perteneciente a la Consejería de Justicia, cuya titular en funciones es María José Ramos. Tal y como están distribuidas las responsabilidades en la Administración regional, el papel de esta dirección general se limita a analizar la solicitud y realizar el informe sobre la misma para que decida, finalmente, la consejería que tiene atribuidas las competencias en materia de personal: Administraciones Públicas.
El departamento que dirige Ana Rosa Migoya no ha resuelto aún esta cuestión, lo que está obligando a Sorando Pinilla a arreglárselas con el personal habitual. De momento tiene a dos funcionarias atendiendo el papeleo que mueve el 'caso Renedo', sin que puedan dedicarse a ello en exclusividad.
Cabe precisar que la investigación sobre una presunta trama de corrupción en el Principado dio un salto cualitativo, en lo que a administración de justicia se refiere, en el momento en el que Sorando Pinilla atendió la petición de las defensas y levantó parte del secreto de sumario. Fue una medida con un efecto secundario más que previsible: todas las partes personadas aprovecharían el conocimiento de la investigación para plantear un aluvión de recursos, peticiones de nuevas diligencias e incluso solicitudes para nuevas imputaciones. Aunque la investigación que dirigió Ana López Pandiella enfrentaba grandes dosis de documentación, la magistrada-juez gijonesa sí que pudo lidiar el asunto sin ampliar la nómina de funcionarios adscrita al Juzgado de Instrucción 4.
En cambio ahora, con cinco imputados, dos acusaciones particulares, otras dos populares ya personadas y otra más en trámites de hacerlo, el movimiento de papeles está aumentando exponencialmente.
La falta de refuerzos amenaza con ralentizar el proceso, una contrariedad que también podría darse si Administraciones Públicas no resuelve adecuadamente la petición. En manos de la consejería está enviar dos trabajadores, reclutados de la bolsa de empleo, o permitir que el personal que ya trabaja en Instrucción 2 y conoce los procedimientos pueda ampliar su horario laboral. Los sindicatos de Justicia vienen desde hace años avisando de este tipo recambios. A su juicio, los suplentes que salen de las bolsas de empleo no tienen la formación necesaria para trabajar de forma eficaz en una administración tan delicada como la de Justicia.
La Policía de Gijón
Mientras se resuelven las cuestiones del Juzgado, la investigación mantiene su ritmo gracias en parte a una decisión de la que es responsable Baldomero Araujo, el jefe superior de Policía de Asturias. Cuando el sumario pasó a Oviedo, cabía hacer lo propio con los agentes adscritos al caso. Sin embargo, dada la complejidad de las pesquisas y el entramado investigado, el asunto se sigue manteniendo bajo los dominios del inspector jefe Arturo P. M., de la Brigada de Policía Judicial de Gijón, que ahora reporta sus avances a Sorando como antes lo hizo con López Pandiella.
elcomercio.es
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