Un contrato revela que el arquitecto excede los encargos y gana con los sobrecostes
ADOLF BELTRAN - Valencia
La fiscalía investiga si se ha cometido algún delito en los contratos de la Generalitat valenciana, que preside Francisco Camps (PP), con el arquitecto Santiago Calatrava. Una denuncia presentada por Esquerra Unida del País Valencià -que comparó el asunto con el caso Palma Arena, por el que están imputados el expresidente balear Jaume Matas, también del PP, y el propio arquitecto-, reveló que Calatrava había cobrado 2,7 millones por el proyecto de un Centro de Convenciones en Castellón pese a que está paralizado y "excedía" todas las previsiones en coste y superficie; que cobró 2,5 millones por el proyecto de tres torres junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, también paralizado, y que recibió unos 600.000 euros por la reforma de la dársena de Torrevieja, que se ejecutó siguiendo otro proyecto.
El arquitecto cobró 5,8 millones por tres proyectos que están paralizados
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) derivó cada uno de los casos a la respectiva fiscalía provincial. Si las diligencias implican a cargos aforados, el caso volverá a la Fiscalía del TSJCV. La primera en abrir una investigación ha sido la Fiscalía de Valencia, que ha designado fiscal instructor sobre unos "hechos que pudieran ser constitutivos de delito".
Así lo indica la fiscal jefe, Teresa Gisbert, en un escrito que recuerda que la denuncia se refiere a "los posibles delitos de prevaricación, malversación y defraudación tributaria contra intervinientes en la contratación y edificación de la parcela M3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia".
Se trata del proyecto de construcción de tres torres diseñadas por Calatrava que no se han edificado pero por las cuales la Generalitat valenciana pagó al arquitecto 2,5 millones de euros. La Fiscalía de Castellón también ha abierto una investigación por posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso del Centro de Convenciones, el más documentado de los tres.
En ese último caso, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol consiguió acceder al expediente y fotografiar el que hasta ahora es el primer contrato de Calatrava con la Generalitat que se ha hecho público, dado que el Gobierno de Camps siempre alega la existencia de cláusulas de confidencialidad para evitarlo.
El contrato prevé que Calatrava cobre un 12,5% del coste total de la obra y que los honorarios aumenten en la medida en que se producen sobrecostes en la obra. Los sobrecostes han sido uno de los aspectos reiteradamente denunciados por la oposición en las Cortes valencianas. Solo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el proyecto emblemático de Calatrava en Valencia, superan los 600 millones de euros, según datos de la Sindicatura de Comptes.
"Las cantidades de las que estamos hablando", señaló la coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz, "son astronómicas, y lo más grave es que las obras finalmente no están hechas ni está garantizado que puedan hacerse. Queremos la máxima transparencia sobre cada uno de los proyectos encargados por Camps a Calatrava".
La Generalitat valenciana explicó que no tiene notificación alguna de la fiscalía y defendió la legalidad de los contratos de Calatrava con la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, a la que corresponden los tres denunciados, y con la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Según el Gobierno de Camps, la paralización del proyecto de Castellón está causada por problemas urbanísticos y la de las torres en Valencia por la crisis inmobiliaria. La Generalitat quiere sacar a subasta la parcela y el proyecto de las denominadas Torres de Calatrava.
El arquitecto cobró 5,8 millones por tres proyectos que están paralizados
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) derivó cada uno de los casos a la respectiva fiscalía provincial. Si las diligencias implican a cargos aforados, el caso volverá a la Fiscalía del TSJCV. La primera en abrir una investigación ha sido la Fiscalía de Valencia, que ha designado fiscal instructor sobre unos "hechos que pudieran ser constitutivos de delito".
Así lo indica la fiscal jefe, Teresa Gisbert, en un escrito que recuerda que la denuncia se refiere a "los posibles delitos de prevaricación, malversación y defraudación tributaria contra intervinientes en la contratación y edificación de la parcela M3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia".
Se trata del proyecto de construcción de tres torres diseñadas por Calatrava que no se han edificado pero por las cuales la Generalitat valenciana pagó al arquitecto 2,5 millones de euros. La Fiscalía de Castellón también ha abierto una investigación por posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso del Centro de Convenciones, el más documentado de los tres.
En ese último caso, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol consiguió acceder al expediente y fotografiar el que hasta ahora es el primer contrato de Calatrava con la Generalitat que se ha hecho público, dado que el Gobierno de Camps siempre alega la existencia de cláusulas de confidencialidad para evitarlo.
El contrato prevé que Calatrava cobre un 12,5% del coste total de la obra y que los honorarios aumenten en la medida en que se producen sobrecostes en la obra. Los sobrecostes han sido uno de los aspectos reiteradamente denunciados por la oposición en las Cortes valencianas. Solo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el proyecto emblemático de Calatrava en Valencia, superan los 600 millones de euros, según datos de la Sindicatura de Comptes.
"Las cantidades de las que estamos hablando", señaló la coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz, "son astronómicas, y lo más grave es que las obras finalmente no están hechas ni está garantizado que puedan hacerse. Queremos la máxima transparencia sobre cada uno de los proyectos encargados por Camps a Calatrava".
La Generalitat valenciana explicó que no tiene notificación alguna de la fiscalía y defendió la legalidad de los contratos de Calatrava con la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, a la que corresponden los tres denunciados, y con la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Según el Gobierno de Camps, la paralización del proyecto de Castellón está causada por problemas urbanísticos y la de las torres en Valencia por la crisis inmobiliaria. La Generalitat quiere sacar a subasta la parcela y el proyecto de las denominadas Torres de Calatrava.
elpaís.com
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