jueves, 5 de mayo de 2011

"CASO CAN DOMENGE"; LA FISCALÍA INVESTIGA UN SOBORNO DE CUATRO MILLONES A LA CÚPULA DE UNIÓN MALLORQUINA

ANDREU MANRESA - Palma

El presunto soborno llegó a Mallorca por mar, y se lo entregó un capitán de yate a un político. La Fiscalía Anticorrupción cree que la antigua cúpula de Unió Mallorquina (UM) percibió así, de forma clandestina, una dádiva de cuatro millones de euros por adjudicar en 2006 el solar público de Can Domenge de Palma a mitad del precio, por 30 millones cuando existía una oferta de 61 millones. El negocio inmobiliario -frustrado- consistía en la construcción de 600 viviendas.

Ayer fue interrogado sobre este supuesto cohecho el empresario Román Sanahuja. Su firma, Sacresa, se hizo con la parcela pese a que José Luis Núñez ofertó el doble. El expresidente del Barça se querelló después contra los políticos de UM, cuya dirección está implicada en otros cinco escándalos de corrupción.

Hace unos meses, Sanahuja llegó a un pacto con los fiscales y reveló a otro juez -dentro del sumario matriz del caso can Domenge- parte de la trama corrupta, aportando detalles del supuesto tráfico de influencias y acceso a documentación privilegiada sobre la venta de los terrenos por parte del Consell de Mallorca -en la legislatura de 2003 a 2007, bajo el mando del Partido Popular y UM-.

El juez investiga los supuestos delitos de fraude a la Administración, revelación de secretos y prevaricación. Están imputados los exdirigentes de UM Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Miquel A. Flaquer y Tomeu Vicens. La fiscalía pide para ellos seis años de cárcel, pero si se documentara el soborno se agravaría la acusación.

Un hallazgo sorprendente ha coincidido con esta nueva investigación. El presunto cobrador Tomeu Vicens, exsecretario de UM y exresponsable de Urbanismo de Mallorca, al que se le habían embargado todos sus bienes y cuentas bancarias, tenía 11.000 euros en billetes de 500 ocultos en unas zapatillas deportivas. Ese botín secreto fue descubierto cuando su mujer trató de llevarle el calzado a la cárcel donde cumple condena desde hace diez meses la pena a tres años de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación. Su esposa adujo que el fajo de billetes procedía de una herencia.


elpaís.com

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