* La formación dice que no se les notificó un plazo para presentar alegaciones
Europa Press | Palma
Unió Mallorquina (UM) han recurrido en reforma la fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros que impuso al partido el juez instructor del caso Picnic, Antoni Rotger, al alegar que no se les notificó un plazo para presentar alegaciones contra la caución que en su día solicitó la Fiscalía Anticorrupción, si bien el magistrado ya ha iniciado el proceso para embargar las cuentas de la formación nacionalista.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han explicado que en el recurso de reforma interpuesto ante el Juzgado de Instrucción número 8, UM arguye que el no haber contado con 15 días para oponerse le ha causado indefensión. Las mismas fuentes han precisado que el recurso no paralizará el proceso de embargo aunque si finalmente se estima, se procederá a dejar sin efecto el auto por el que el juez impuso la fianza así como las actuaciones posteriores.
Tal y como han señalado, el auto de Rotger hace referencia al cumplimiento del plazo de 15 días dictado mediante providencia para que los 'uemitas' alegasen, a pesar de que aseguran que no han recibido ninguna notificación al respecto. Después de que el magistrado impusiera la fianza la pasada semana y sin que UM haya podido hacer frente a ella, el partido designó las cuentas de las que dispone para que puedan ser embargadas y cubrir de este modo la caución, si bien únicamente disponen de unos 150.000 euros.
En concreto, la fianza de 1,6 millones resulta de la suma de los 1,2 millones de euros que, de acuerdo a las investigaciones, pudieron malversarse en el marco de los hechos investigados, a los que se suma un tercio de esta cantidad que marca la Ley.
Y es que las pesquisas, cuya operación policial se inició la a finales de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a un desvío de fondos del Ayuntamiento de Palma a la captación de militantes. Ello mediante la contratación, a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), de una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, atraer afiliados y futuros votantes para el partido.
De este modo, las indagaciones, que se encuentran bajo secreto, se centran en si pudieron cometerse entre otros delitos los de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.
Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente a la captación de afiliados para UM. Entre los imputados se encuentran la ex concejal de Medio Ambiente y ex número 2 de UM en Palma, Cristina Cerdó, para quien el juez decretó una fianza penal de 300.000 euros; la ex coordinadora de esta área, Paula Cortés, a quien decretó una caución de 100.000 euros que fue rebajada a 65.000, y el ex conseller de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas, que quedó en libertad y sin medidas cautelares.
Asimismo, el caso centra parte de sus pesquisas en averiguar si la formación nacionalista, a través de la oficina municipal de Medio Ambiente que controlaba este partido, utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de unos 300.000 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han explicado que en el recurso de reforma interpuesto ante el Juzgado de Instrucción número 8, UM arguye que el no haber contado con 15 días para oponerse le ha causado indefensión. Las mismas fuentes han precisado que el recurso no paralizará el proceso de embargo aunque si finalmente se estima, se procederá a dejar sin efecto el auto por el que el juez impuso la fianza así como las actuaciones posteriores.
Tal y como han señalado, el auto de Rotger hace referencia al cumplimiento del plazo de 15 días dictado mediante providencia para que los 'uemitas' alegasen, a pesar de que aseguran que no han recibido ninguna notificación al respecto. Después de que el magistrado impusiera la fianza la pasada semana y sin que UM haya podido hacer frente a ella, el partido designó las cuentas de las que dispone para que puedan ser embargadas y cubrir de este modo la caución, si bien únicamente disponen de unos 150.000 euros.
En concreto, la fianza de 1,6 millones resulta de la suma de los 1,2 millones de euros que, de acuerdo a las investigaciones, pudieron malversarse en el marco de los hechos investigados, a los que se suma un tercio de esta cantidad que marca la Ley.
Y es que las pesquisas, cuya operación policial se inició la a finales de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a un desvío de fondos del Ayuntamiento de Palma a la captación de militantes. Ello mediante la contratación, a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), de una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, atraer afiliados y futuros votantes para el partido.
De este modo, las indagaciones, que se encuentran bajo secreto, se centran en si pudieron cometerse entre otros delitos los de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.
Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente a la captación de afiliados para UM. Entre los imputados se encuentran la ex concejal de Medio Ambiente y ex número 2 de UM en Palma, Cristina Cerdó, para quien el juez decretó una fianza penal de 300.000 euros; la ex coordinadora de esta área, Paula Cortés, a quien decretó una caución de 100.000 euros que fue rebajada a 65.000, y el ex conseller de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas, que quedó en libertad y sin medidas cautelares.
Asimismo, el caso centra parte de sus pesquisas en averiguar si la formación nacionalista, a través de la oficina municipal de Medio Ambiente que controlaba este partido, utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de unos 300.000 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.
elmundo.es
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