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| José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía (EFE). |
España | @Agustín Rivera. Málaga
Al Supremo. La juez Mercedes Alaya prevé llevar al Alto Tribunal a la Junta de Andalucía tras la anunciada negativa del Ejecutivo Griñán de entregar las actas de 480 consejos de Gobierno. Alaya ha citado este mediodía (a las 13.30 horas) a la representación legal de la Junta de Andalucía. El equipo jurídico de la Junta no entiende las razones por las que la juez requiere las actas de Gobierno, materia prima fundamental en su investigación sobre los EREs falsos.
La magistrada tiene decidido enviar al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, este conflicto judicial entre el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde Alaya es titular, y la Junta de Andalucía, empeñada en torpedear la acción de la juez, convertida en azote de las prácticas autorizadas en los Ejecutivos Chaves y Griñán.
Al mismo tiempo que el Gobierno andaluz tiene que hacer frente a la iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción en este caso, ya ha sufrido dos rotundos autos de la juez. El último, de 21 folios y fechado el 30 de marzo, resalta que la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez estaba al tanto de los informes de la Intervención General que rechazaba el método de entrega de las ayudas. El Confidencial ya adelantó el 22 de marzo que Álvarez firmó ayudas utilizadas en presuntos EREs falsos.
Mercedes Alaya quiere saber si en el Consejo de Gobierno se aprobó algún cambio en el presupuesto para ampliar las ayudas a empresas en crisis, el método de trabajo entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la actual IDEA y si Chaves y Griñán conocían los informes de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas andaluza.
Este diario ya publicó que el Gobierno andaluz presidido por Manuel Chaves incumplió las recomendaciones internas de control de subvenciones. La Junta de Andalucía pagó 199 millones de euros en ayudas a empresas, aunque sólo se presupuestaron 38 millones, según el informe de Intervención General de la Junta enviado en 2005 a la Consejería de Empleo.
La juez admitió en su primer auto que se podría ampliar el número de procesados. Explicó que el actual número de imputados obedece a “la escasa documentación recibida” y no descarta nuevas calificaciones jurídico-penales. La instrucción también se extendería a otras personas que aparecieran indiciariamente responsables de los hechos.
De esta manera, la juez tumbó la supuesta transparencia de la Junta de Andalucía en la divulgación de los EREs falsos, que contó con su apartado estrella con la publicación en el Twitter y Facebook del consejero Manuel Recio de la investigación interna del Gobierno andaluz.
La magistrada tiene decidido enviar al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, este conflicto judicial entre el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde Alaya es titular, y la Junta de Andalucía, empeñada en torpedear la acción de la juez, convertida en azote de las prácticas autorizadas en los Ejecutivos Chaves y Griñán.
Al mismo tiempo que el Gobierno andaluz tiene que hacer frente a la iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción en este caso, ya ha sufrido dos rotundos autos de la juez. El último, de 21 folios y fechado el 30 de marzo, resalta que la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez estaba al tanto de los informes de la Intervención General que rechazaba el método de entrega de las ayudas. El Confidencial ya adelantó el 22 de marzo que Álvarez firmó ayudas utilizadas en presuntos EREs falsos.
Mercedes Alaya quiere saber si en el Consejo de Gobierno se aprobó algún cambio en el presupuesto para ampliar las ayudas a empresas en crisis, el método de trabajo entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la actual IDEA y si Chaves y Griñán conocían los informes de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas andaluza.
Este diario ya publicó que el Gobierno andaluz presidido por Manuel Chaves incumplió las recomendaciones internas de control de subvenciones. La Junta de Andalucía pagó 199 millones de euros en ayudas a empresas, aunque sólo se presupuestaron 38 millones, según el informe de Intervención General de la Junta enviado en 2005 a la Consejería de Empleo.
La juez admitió en su primer auto que se podría ampliar el número de procesados. Explicó que el actual número de imputados obedece a “la escasa documentación recibida” y no descarta nuevas calificaciones jurídico-penales. La instrucción también se extendería a otras personas que aparecieran indiciariamente responsables de los hechos.
De esta manera, la juez tumbó la supuesta transparencia de la Junta de Andalucía en la divulgación de los EREs falsos, que contó con su apartado estrella con la publicación en el Twitter y Facebook del consejero Manuel Recio de la investigación interna del Gobierno andaluz.
elconfidencial.com
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